Gobierno sin autoridad

La situación de la pandemia en Cataluña se agrava cada día que pasa mientras arrecian las críticas al Gobierno catalán por la forma de gestionar la crisis. Los nuevos contagios se doblan cada vez con más frecuencia, indicador claro de que la situación está fuera de control. La ciudad de Barcelona ha superado los 50 casos semanales por 100.000 habitantes, que se considera el umbral a partir del cual ya es muy difícil controlar la expansión del virus sin un confinamiento severo. Esta situación es fruto de dos factores imputables al Gobierno de la Generalitat: la precipitación con la que puso fin a las restricciones del confinamiento y la falta de previsión en el despliegue de los dispositivos de vigilancia epidemiológica, un requisito indispensable para evitar rebrotes.

Tras acusar al Gobierno del Estado de ser demasiado laxo en las restricciones, la Generalitat fue especialmente sensible a las presiones que le llegaban de los sectores turísticos y comerciales y levantó las restricciones en cuanto terminó el estado de alarma. Miembros del Gobierno hicieron un llamamiento de llenar las calles y recuperar la actividad económica y comercial, una gestión de la comunicación temeraria si se tiene en cuenta que en las zonas donde han aparecido los rebrotes, Barcelona y Lleida, se había tenido que prolongar la fase dos por no cumplir los indicadores. La fase tres apenas duró 24 horas.

El Gobierno de Quim Torra ha mostrado más preocupación por diferenciarse “de Madrid” que por la eficacia de sus medidas. Quiso eludir la división provincial y acabó imponiendo una división administrativa basada en áreas sanitarias con los mismos problemas de gestión; denominó “reanudación” a la “nueva normalidad” y, después de celebrar el fin de la “usurpación de competencias”, alentó un exceso de confianza en la ciudadanía, a la que ahora acusa de no seguir las recomendaciones. Finalmente, intenta aplicar una especie de fase 2 de la desescalada que tanto criticó, pero sin conseguir que se cumpla. La recomendación de no acudir a la segunda residencia fue ampliamente ignorada por la población: el sábado la salida de Barcelona apenas fue un 10% inferior a un fin de semana normal. El problema es que quien ha de lidiar con esta grave situación es un gobierno que ha perdido la autoridad y que genera desconfianza. Los alcaldes de los 13 municipios del área de Barcelona le acusan de imprevisión y de falta de claridad, exactamente lo mismo de lo que se quejaron en su día el alcalde de Lleida, de ERC, y de otros municipios del Segrià. La Generalitat tardó dos semanas en reaccionar al rebrote de Lleida, y en el caso de Barcelona, también ha llegado tarde. La ciudadanía de Cataluña merece un gobierno con menos autocomplacencia y más capacidad de gestión.