La peor medicina de catástrofe

Ante la previsión de que los hospitales pudieran quedar colapsados por la covid-19, la Consejería de Sanidad de Madrid decidió entre mediados de marzo y mediados de abril aplicar criterios de exclusión para los enfermos procedentes de las residencias de ancianos. Aplicó una especie de medicina de catástrofe, pero lo hizo de la peor manera posible: arbitraria, injusta y sin soporte ético alguno.

La principal preocupación de las autoridades sanitarias españolas era que no hubiera suficientes camas de UCI para todos los enfermos que las precisaran. Es una situación típica de la llamada medicina de catástrofe, que se produce cuando, por una emergencia, los recursos disponibles no son suficientes para cubrir las necesidades. En esos casos se impone la necesidad de establecer criterios de prioridad, aunque no cualquier criterio, y también cambia la orientación de la medicina. En una situación ordinaria, el imperativo ético es hacer todo lo posible por cada paciente tras evaluar los posibles beneficios y riesgos, respetando siempre la voluntad del enfermo. En la llamada medicina de catástrofe, en cambio, la actuación de los médicos debe estar orientada a maximizar los beneficios de los recursos disponibles para el mayor número posible de personas.

Conforme la línea de ingresos hospitalarios escalaba en las gráficas de la pandemia, diversos organismos de bioética abordaron la tarea de dotar a los profesionales de criterios éticos por si en algún momento tenían que afrontar la difícil situación del llamado dilema de la última cama, que en el caso de esta pandemia consistía en decidir a quién asignar una cama de UCI en caso de que no hubiera suficientes para todos. Los comités de Bioética de España y Cataluña, el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, el Consejo General de Colegios de Médicos y diversas sociedades científicas elaboraron esos días guías y protocolos de actuación ante una posible situación de limitación de recursos.

Como bien saben las ONG que trabajan en misiones humanitarias, existe una extensa bibliografía sobre los conceptos éticos a considerar en este tipo de situaciones. Muchas de las guías elaboradas hasta ahora se inspiran en la Guidance for establishing crisis standards of care for use in disaster situations, un documento elaborado en 2009 con motivo de la gripe A. El prestigioso The Hastings Center de Nueva York recuerda en su documento sobre la covid-19 que el reto es pasar de una ética centrada en el paciente, a una ética de salud pública orientada al bien común, lo que exige combinar principios terapéuticos con principios de justicia.

Nada de eso tuvo en cuenta la Consejería de Sanidad de Madrid cuando emitió la orden de no trasladar al hospital a determinados enfermos de las residencias de mayores. Lo grave del caso es que el triaje no se hizo en base a criterios clínicos sino a instrucciones de exclusión emitidas por instancias administrativas, como por ejemplo, el grado de dependencia. De entrada no es ético establecer una restricción que no tiene carácter general, sino que afecta solo a un grupo determinado de personas, en este caso los que viven en una residencia. Eso es pura discriminación. Tampoco es ético establecer una limitación general sin ponderar el estado de cada paciente, pues una persona puede ir en silla de ruedas y tener más posibilidades de superar el coronavirus que otra sin esa dependencia. Pero lo que eleva a niveles insufribles el modo injusto en que aplicó la medida es que dentro del grupo de los excluidos se hiciera una excepción de tipo clasista: la orden de no ingresar no regía para los residentes que tuvieran un seguro privado, cualquiera que fuera su estado. Dado que murieron en las residencias más de 19.000 pacientes, muchos más de lo que sería esperable, ¿cuántas de esas muertes hubieran podido evitarse si no se hubiera aplicado la exclusión?