Hablar bien de este Gobierno

Lo que a algunos puede parecer un disparate y a otros una imprudencia es el objetivo de este comentario: hablar bien del Gobierno Sánchez-Iglesias en este momento preciso. Parecerá un disparate a quienes desde el primer día decidieron que no convenía a sus intereses y que por consiguiente aprovecharían cualquier motivo para atacarlo y desautorizarlo. Y puede parecer una imprudencia a quienes lo aceptaron con poco o ningún entusiasmo y por descarte de otras opciones.

Por nuestra parte, nos contamos entre quienes apoyaron en su día la moción de censura al Gobierno de Rajoy y sostuvieron —tras las elecciones de noviembre de 2019— que era el momento de dar paso a un Ejecutivo de orientación progresista. Lo hicimos con el convencimiento de que ninguna otra fórmula permitiría dejar atrás la estela de corrupción, el desastre social poscrisis de 2008 y el embrollo jurídico-policial en que había desembocado el conflicto territorial.

Sabíamos que la apuesta era arriesgada. Los temas pendientes eran de primera magnitud. El mecanismo era insólito: el primer Gobierno de coalición en un sistema político que los había anatematizado. Sus protagonistas, dos dirigentes coaligados, bien conocidos por su modo personal de dirigir a sus respectivos partidos. La oposición política y mediática, con su tendencia comprobada a la descalificación agresiva y sistemática de sus adversarios.

Pese al riesgo de la apuesta, este Gobierno era la única salida practicable que estimábamos disponible. Cinco meses después, nos lo sigue pareciendo. ¿Por su obra de Gobierno? Es difícil valorarla con perspectiva porque se ha visto condicionada por el impacto de un factor exterior como la covid-19, de magnitud y características sin precedentes. Con todo, ha respetado el compromiso de aumentar el salario mínimo interprofesional y ha articulado una respuesta social a la emergencia con medidas de intensidad y orientación desconocidas en nuestro país. El Estado se ha convertido en garantía de ingresos de último recurso para muchos trabajadores y empresas con los ERTE y los créditos avalados a empresas, protegiendo como parados a colectivos sin derecho a prestación de desempleo, empleadas del hogar y autónomos que hasta ahora siempre habían quedado en la cuneta. Todo ello mediante la concertación social tripartita que habrá de continuar como uno de los ejes de acciones futuras.

Es cierto que algunas propuestas del acuerdo de gobierno PSOE-UP han visto ralentizada su elaboración: recuperación de un derecho laboral digno de este nombre, acción contra el cambio climático, restauración de derechos civiles y políticos perdidos por la ley mordaza, mesa de diálogo territorial, nueva ley de educación, garantía del derecho a la vivienda, etcétera. Ultimar la tramitación de estas medidas se ha hecho casi imposible cuando la pandemia ha puesto de manifiesto la complejidad de la política: todas las dimensiones de la vida social y todos sus ámbitos territoriales se entrecruzan para dar lugar a situaciones de difícil previsión y, por tanto, de manejo complicado para cualquier Gobierno. Concentrado, pues, en afrontar la pandemia, el Ejecutivo se ha empleado a fondo en la tarea de contener y aminorar sus daños sanitarios, sociales y económicos. Pese a errores que ha cometido, creemos que su desempeño ha sido de calidad aceptable y, en todo caso, semejante y no inferior a la de otros países europeos que contaban con infraestructuras sanitarias más sólidas, menos desgastadas por las políticas de austeridad privatizadora de la última etapa conservadora, con sistemas políticos menos endebles y con Gobiernos con más años de ejercicio. La acción entregada del personal sanitario y la concertación trabajosa con las comunidades autónomas han permitido sortear estos hándicaps. En medio de un clima de confrontación atizado con saña por la oposición menos escrupulosa, ha dado pruebas de elegancia y contención sin abandonar la voluntad de construcción imprescindible en toda crisis.

Nos aguarda ahora una etapa de mayor complejidad, si cabe. Pendiente el país de restañar las graves secuelas sociales del injusto “arreglo” de la Gran Recesión, se sumará ahora la necesidad de reparar los gravísimos daños provocados por la pandemia. La reacción inmediata del Gobierno de coalición nos ha parecido positiva al adoptar medidas urgentes para salvaguardar la subsistencia de asalariados, autónomos y empresas. Habrá que hacer más todavía para asegurar mínimos de actividad y preparar el relanzamiento económico. En el mismo sentido, celebramos la aprobación del ingreso mínimo vital, como primer paso hacia instrumentos más ambiciosos de justicia social. También nos parece elogiable que el Gobierno, en lugar de la pasividad de otros tiempos, haya promovido en el seno de la UE iniciativas financieras de gran alcance: sin una implicación a fondo de la UE no hay salida para España. Ni tampoco para toda Europa, aunque les cueste admitirlo a los “frugales”.

Admitimos que el Gobierno ha cometido errores: no podía ser de otro modo cuando toca decidir en un entorno de suma incertidumbre. Pero dejaremos a otros la tarea de cebarse en ellos, a veces con displicente exquisitez desde sus púlpitos mediáticos, más frecuentemente en el tono cuartelero y tabernario que domina en amplios sectores de la oposición política y de sus corifeos.

El Gobierno actual debe aprender a gestionar mejor inevitables diferencias internas que padece cualquier Ejecutivo de coalición. Pero lo que importa ahora es reforzar a este Gobierno para que aproveche bien la exigencia de ajustes reclamados por la pospandemia. No para retroceder en su programa de reformas, sino para recuperar el tiempo perdido después de la Gran Recesión y acometer transformaciones que necesita desde hace años nuestro modelo socioeconómico: revisión de su mal llamado “mercado laboral”, estímulo firme al cambio energético y a la sostenibilidad medioambiental, eliminación de privilegios y exenciones fiscales a las grandes empresas, fomento decidido a la investigación, replanteo del modelo educativo, etcétera. Sin olvidar el apartado de reformas necesarias en el agotado modelo territorial y en algunos sectores de la alta burocracia estatal todavía bajo la hipoteca de un franquismo más o menos asintomático.

En este contexto, ¿estiman quienes critican de buena fe las insuficiencias de este Gobierno que existe otra alternativa dispuesta a perseverar en el camino de estas reformas ineludibles? ¿Creen posible configurar otra mayoría de Gobierno capaz de resistir la presión de quienes desean aplazar sine die aquellas reformas con la intención de consolidar la defensa de sus intereses particulares? ¿Cabe pensar otra cosa de los probables efectos de la inclusión de los moderados del centroderecha en cualquier combinación de Gobierno? ¿Qué impulso verdaderamente transformador nacería de la presidencia de un o de una tecnócrata “neutral” que representaría en realidad al complejo burocrático-empresarial al estilo Monti?

No dudamos, pues, de que la mayoría de la investidura debe continuar y reforzarse. Empezando por los sectores del PSOE a los que pueden flaquear los ánimos y siguiendo por sus socios de investidura que entendieron en su día —y pese a sus reservas— que no podían entregarse a la tesis suicida del “cuanto peor, mejor”. Nos gustaría que todos ellos se ratificaran en su compromiso, no únicamente como reacción a las querencias golpistas y a los intentos de lawfare judicial a la brasileña, sino como muestra de su convicción de que hay un valioso trabajo pendiente por acometer y que solamente un Gobierno progresista es capaz de hacerlo.

Josep M. Vallès, Victoria Camps, Marina Subirats y Raimon Obiols forman parte del Grupo Pròleg. También firman este artículo: Jordi Amat, Marc Andreu, Margarita Arboix, Oriol Bartomeus, Laia Bonet, Joan Botella, Joan Coscubiela, Jordi Font, Mercedes García-Aran, Gemma Lienas, Pilar Malla, Oriol Nel·lo, Lluís Rabell y Joan Subirats.