El Brexit va a peor

La ronda negociadora Unión Europea-Reino Unido sobre su relación futura una vez se consumen todos los efectos del Brexit —la retirada británica del club comunitario— en principio a fin de año, acabó el jueves en el peor clima posible. Nada augura su mejora sustancial antes de final de junio, plazo máximo del que dispone Londres para solicitar un aplazamiento de la fecha-guillotina del 31 de diciembre. Crece así la probabilidad del escenario más dañino: un futuro sin ningún acuerdo, salvo el ya vigente de retirada, que cubre solo algunos aspectos, como los derechos de los residentes británicos en el continente, y de los europeos en la isla.

Pero también en este asunto clave, ya negociado, han aparecido densos nubarrones. Es un síntoma de que el resto pinta mal. En efecto, antes de empezar la ronda de esta semana, un grupo de parlamentarios europeos denunció la discriminación que el sistema sanitario británico practica sobre los ciudadanos continentales, que encuentran “obstáculos significativos” adicionales para ser tratados en la presente crisis del coronavirus. Ocurre que Londres reformó el año pasado la normativa de su sanidad, negando su acceso automático a los residentes que venían ostentándolo: ahora ya no es así, si su estancia ha sido interrumpida en algún momento en los últimos cinco años.

Michael Gove, el ministro jefe de gabinete de Boris Johnson, respondió el jueves con una carta pública en la que acusaba a los europeos de no facilitar la consolidación de los derechos de los residentes británicos en la UE. Pero su apoyatura es imprecisa e inconcreta, y con algunos ribetes ridículos: atribuye a Francia y España no ser “nada proactivas” en concienciarlos de su situación y derechos; a la República Checa de no ofrecer “traducción inglesa” de los formularios, y a Malta y Chipre de no facilitar reuniones presenciales con los aspirantes, sino telemáticas (como lo son, por cierto, las rondas negociadoras). También anteayer la Comisión Europea abrió un proceso de infracción al Reino Unido por restringir el derecho a la libre circulación de los europeos.

Todo eso no sucedería, al menos no con este grado de encono, si las negociaciones prosperasen. Los avances son minúsculos (en cooperación nuclear y transporte aéreo), mientras que aumentan las dificultades, y la distancia, en los asuntos clave. Londres atornilla sobre la baza de sus ricos caladeros que apenas usa, a diferencia de los europeos, y se encastilla en la pretensión de dar a la pesca un trato radicalmente distinto del de otros sectores, basado en pactos de corta duración, anuales. Aunque la sostenibilidad de las especies sea un objetivo común obvio, no puede someterse a un sector tan vulnerable a una inseguridad jurídica tan exorbitante.

Bruselas mantiene a cal y canto su lógica exigencia de que el acceso total de las mercancías británicas a su mercado interior incorpore en ellas el cumplimiento de los estándares comunes actuales en derechos laborales, medioambiente y fiscalidad. El propio Gove ha anunciado ya a los Lores que renunciaría al acceso total, admitiendo la imposición mutua de aranceles, para poder soslayar esas exigencias que garantizarían una competencia leal británica. Lo que equivale, entre otros perjuicios, a reservarse el derecho a convertirse en un macro-Singapur ventajista, un cercano paraíso fiscal amenazante.