Estallido en Líbano

Los violentos choques registrados entre manifestantes y el Ejército libanés en Trípoli son la cristalización de una desesperada situación económica agravada por las medidas que han sido adoptadas para luchar contra el coronavirus. Líbano, un país instalado en un complicadísimo y precario equilibrio social e institucional, asiste a un estallido social en una de sus principales ciudades para el que no parece servir ninguna solución expeditiva.

Con menos de 30 muertos y algo más de 700 contagiados por la covid-19, lo que se presenta como una exitosa gestión contra la pandemia ha tenido el efecto secundario de asestar un golpe letal a la economía tanto general —ya antes de la pandemia Líbano tenía una deuda pública del 150%, una de las más altas del mundo— como doméstica, con una inflación disparada, despidos masivos y una proporción importante de la población con problemas inmediatos para garantizar un mínimo nivel de subsistencia. Esta mezcla explosiva ha estallado en Trípoli con al menos un fallecido, centenares de heridos y comercios y bancos saqueados. La advertencia de la Liga Árabe de que Líbano “se está deslizando hacia lo desconocido” no debería ser considerada como una declaración retórica sino como un aviso de lo rápido que se puede degradar la situación en esa nación milenaria.

Líbano ha atravesado desde hace décadas situaciones extremas que van desde la guerra civil hasta invasiones extranjeras, pasando por magnicidios. Todo esto en el marco de un complejo sistema de equilibrios —con reflejo en el reparto institucional— culturales, religiosos y políticos en el que, en la actualidad, destaca la importante presencia del partido-milicia Hezbolá, de religión chií y respaldado por Irán, cuya rama militar figura en las listas de organizaciones terroristas de varios países europeos. Pero además, Líbano ha soportado en solitario sucesivas oleadas de refugiados procedentes del conflicto sirio. Una situación de tensión casi permanente que hace fácil un estallido social.

El primer ministro libanés, Hasan Diab, ha señalado que los choques y saqueos están orquestados, aunque sin especificar por quién. Pero aún entendiendo la urgencia de restablecer el orden, el Gobierno no debería utilizar al Ejército contra la población civil si pretende que las aguas vuelvan a su cauce. Y una vez conseguido esto, es preciso que el Ejecutivo —y con él una desprestigiada clase política— aborde con urgencia la situación de una ciudadanía asfixiada por la situación económica y encolerizada por lo que considera una corrupción rampante. Por su parte la comunidad internacional acertaría al ayudar a Líbano —país estratégico para la seguridad en Oriente Próximo— a mejorar su situación y alejar el fantasma de la inestabilidad.