México planta cara al narco

La muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, en una operación de las fuerzas de seguridad no es un episodio más en la larga y dolorosa guerra contra el narcotráfico en México. Es un parteaguas. Con la caída de quien fue durante años el criminal más buscado del país, México envía un mensaje inequívoco: el Estado ha decidido ejercer su fuerza sin ambigüedades. La era de los eufemismos ha terminado. El país entierra, con hechos y no con discursos, la política de “abrazos, no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante demasiado tiempo, la estrategia de seguridad se movió en una zona gris entre la contención y la renuncia. Se sabía dónde estaba El Mencho. Se conocían sus movimientos, su red, sus refugios. Pero nadie cruzó la última línea. El coste político, el riesgo de violencia y el temor a una escalada parecían suficientes para posponer la decisión. Esa postergación tuvo un precio: territorios sometidos, comunidades extorsionadas, instituciones desafiadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por otra vía. Y lo ha hecho desde el inicio de su mandato, marcando una diferencia clara respecto a su antecesor. La estrategia encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha privilegiado la inteligencia, la coordinación operativa y, llegado el momento, el uso decidido de la fuerza pública. El fin del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación es el símbolo más visible de ese giro.

El operativo no fue limpio ni indoloro. Al menos 25 uniformados murieron en enfrentamientos posteriores tras la reacción violenta del crimen organizado. En la respuesta del narcotráfico hubo bloqueos, incendios de vehículos, carreteras cerradas, ciudades paralizadas durante horas. El crimen organizado intentó medir la resistencia del Estado, demostrar que aún puede sembrar el caos. Esa es la factura inmediata de cualquier decisión que desafíe a estructuras criminales profundamente arraigadas.

Precisamente por eso la decisión importa. Un Estado que rehúye el enfrentamiento pierde autoridad moral y material. Un Estado que actúa, aun pagando un costo alto, reafirma su monopolio legítimo de la fuerza. La muerte de El Mencho no borra décadas de violencia ni desmantela de un plumazo una red criminal que ha penetrado economías locales y estructuras sociales. Sin embargo, establece una línea: hay límites que no pueden seguir siendo tolerados.

Es innegable que la presión de Estados Unidos ha influido. Washington llevaba años reclamando resultados frente a uno de los principales traficantes de fentanilo hacia su territorio. La cooperación en inteligencia fue decisiva para ubicar la guarida final del capo. Esa colaboración es bienvenida y necesaria, pero conviene subrayar algo esencial: la decisión fue soberana. El sospechoso es mexicano. Los militares caídos son mexicanos. La operación la ejecutaron fuerzas mexicanas en suelo mexicano.

Ese matiz no es retórico. Durante años, y más con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la relación bilateral en materia de seguridad estuvo marcada por la desconfianza y por el debate sobre la injerencia. El éxito de esta operación demuestra que es posible cooperar sin ceder soberanía. México no actuó como brazo ejecutor de otro país; actuó como un Estado que asume su responsabilidad frente a su propia crisis de violencia.

La épica, si cabe la palabra, no reside en la caída del narco más buscado del planeta, sino en el gesto institucional que la hace posible. No se trata de celebrar la captura como si fuera el final de la historia. La experiencia mexicana enseña que cada líder caído puede ser sustituido, que la fragmentación de los cárteles a veces multiplica la violencia. El verdadero desafío comienza ahora: consolidar el control territorial, proteger a la población civil, impedir que el vacío de poder se traduzca en nuevas guerras locales.

Sheinbaum ha asumido el riesgo. El Estado ha decidido dejar de retroceder. Eso no garantiza la paz, pero sí redefine el terreno de juego. México no puede resignarse a convivir con poderes paralelos que desafían su autoridad. La caída de El Mencho es, ante todo, una declaración de principios: frente al desafío del narco, el Estado no abdica.

El costo ha sido alto y puede seguir siéndolo. Pero la alternativa, la inacción, la espera indefinida, el cálculo político por encima de la seguridad pública, resultaba aún más lesiva. Hoy México envía una señal hacia dentro y hacia fuera: la violencia no se desactiva con consignas. Se enfrenta con decisiones firmes y la convicción de que la ley debe prevalecer. Ese es el verdadero golpe encima de la mesa.