El fin en México del paradigma “abrazos, no balazos”: un recorrido visual

Insuficientes para sacar conclusiones definitivas, los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum al frente del Gobierno de México permiten hacer una lectura preliminar de los resultados en materia de seguridad. Pocos asuntos hay más urgentes para el Ejecutivo, consciente de la importancia de amparar un cambio radical. Ya no son solo los asesinatos, desbocados en el país, es el régimen delictivo imperante en vastos territorios, donde la extorsión se ha convertido en una forma de convivencia obligatoria, y el crimen en un actor social de gran influencia en política y economía.

El relato de la autoridad apenas ha cambiado. Aunque Sheinbaum ha evitado lemas grandilocuentes como los que empleó su antecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador, caso de “abrazos, no balazos”, la presidenta señala cada vez que puede que uno de los vértices más importantes de su estrategia es la atención a las causas de la violencia, copia y pega de la administración anterior. La novedad narrativa se sostiene en dos palabras, inteligencia e investigación, claves, a su entender, para replicar los buenos resultados que obtuvo como jefa de Gobierno de la capital, ente 2019 y 2023.

En los primeros meses, las diferencias entre una administración y otra son notables, al menos en lo que refiere a la cantidad de operativos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad, y los resultados obtenidos. La presencia de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los cambios constitucionales para elevarle a coordinador de la estrategia de seguridad y el volumen e importancia que ha ganado en estos meses la dependencia a su cargo y otras periféricas, caso del Centro Nacional de Inteligencia, dominan el campo de juego.

Otra cosa son los asesinatos y la cantidad de personas desaparecidas que se han registrado en los primeros meses de Shienbaum, números superiores respecto al mismo periodo del Gobierno de López Obrador. “El contexto de violencia que ha heredado Sheinbaum es más grave que el que recibió el expresidente”, argumenta Armando Vargas, investigador de la organización México Evalúa, que hace unos días divulgó un informe sobre los primeros 100 días de la nueva presidenta en la materia.

La organización destaca que la principal preocupación de la mandataria es la “violencia político-criminal”, que define como “agresiones letales y no letales en contra de funcionarios públicos y políticos, por parte del crimen organizado”. Preguntado al respecto, Vargas señala: “Más allá de ataques a funcionarios, este tipo de violencia es sintomática de lo que nosotros llamamos régimen criminal, o sea territorios donde el crimen establece reglas a nivel político, económico y social, la mayor expresión de la anulación del poder del estado a nivel territorial, e imposición del poder criminal. Es el síntoma de fracaso de la política de López Obrador”.

“En diciembre, presentamos un balance de los años de López Obrador, en que concluimos que, pese a los claroscuros y las tendencias a la baja, el sexenio había sido un fracaso”, sigue el experto. “Por un lado, registró más violencia (asesinatos, secuestros, extorsión, expansión de la violencia político-criminal), y por otro, menguaron las capacidades institucionales, se vivió un estancamiento de las fiscalías, del sistema carcelario y de las policías locales”, añade.

La duda ahora es qué resultado obtendrá el Gobierno, a medio y largo plazo, de su vertiginosa actividad en estos primeros meses. ¿Tanta detención y decomiso apuntan a un cambio verdadero en el territorio? Porque la embestida recuerda irremediablemente a otras anteriores que, a la larga, dejaron las cosas igual o peor. El caso del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) contra Los Zetas, principalmente en el noreste, pero también en el Golfo de México y en el corredor central, hacia Michoacán, es el ejemplo perfecto. Los Zetas quedaron disminuidos, pero los territorios donde funcionaban –la frontera de Tamaulipas, partes de Nuevo León, Veracruz y Michoacán– viven precisamente ese régimen criminal que denuncia México Evalúa.

Y, por otro lado, ¿cómo se traducirán las capturas realizadas en términos de procesos judiciales y sentencias? No es ningún secreto a estas alturas que la capacidad de las fiscalías para hacer justicia resulta marginal. Los niveles de impunidad, en delitos del fuero común y federal, supera en general el 90%. “En la práctica, a la nueva estrategia le falta una visión integral de la violencia”, dice Vargas. “Se están concentrando mucho en la violencia homicida, asociada sobre todo al conflicto en Sinaloa. Falta esa visión integral que vea otras violencias, la extorsión, pro ejemplo. Además, esa hiperconcentración del Estado en Sinaloa, descuida a otras entidades”, añade. “El problema es que, frente a la coyuntura que plantea la llegada de Donald Trump, los reacomodos derivados del conflicto en Sinaloa, y la elección judicial de junio, en un contexto de régimen criminal, la estrategia pueda hacer agua a largo plazo”, zanja.