Cinco claves para entender el Paquete Económico 2026

El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entregó recientemente a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026 (PE 2026) para su discusión y eventual aprobación. A diferencia del aprobado el año anterior, el actual contiene las prioridades para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se percibe una profundización en varias dimensiones y cambios importantes.

Principales variables macroeconómicas y factores para su buen desempeño

Según el escenario esperado por la SHCP para el año 2026, se prevé que la economía del país tenga un mayor dinamismo con base en una demanda interna robusta a través de mayores niveles de inversión pública y privada, y, en particular, del consumo privado. Como motor del crecimiento económico, este se verá fortalecido por la generación de empleos, el aumento de los salarios reales y la expansión de la protección social. Por el lado del sector externo, se esperan efectos positivos derivados del desempeño optimista pero moderado de la actividad industrial de Estados Unidos (EE UU) en los sectores integrados con México (electrónicos, maquinaria y aeroespacial). Aquella se verá favorecida por el adelanto de las importaciones, menores costos logísticos y la reducción de las tasas de interés, así como una menor incertidumbre.

Considerando lo anterior, para el año entrante, en el Paquete se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá entre el 1,8% y el 2,8%, dentro de cuyo rango se emplea la estimación puntual del 2,3% para fines de cálculo de los ingresos públicos. El sector privado encuestado por Banxico en agosto del año en curso anticipa un repunte del 1,3% para 2026, por lo que la cifra del PE 2026 puede considerarse realista y oportuna. Además, el desempeño de otras relevantes variables sería el siguiente: se prevé un escenario de menor inflación (del 3%) y, por tanto, una menor tasa de interés del 6% a finales de 2026; en materia cambiaria, se proyecta un tipo de cambio promedio de 19,3 pesos por dólar, más competitivo que el estimado para finales de 2025 (de 19,6 pesos por dólar), que considera la postura de la política monetaria, y mayores ingresos por turismo y remesas; el precio del petróleo se estima en 54,9 dólares por barril, con una producción promedio de un millón 794.000 barriles diarios, lo que permitiría que los ingresos petroleros se situaran en 3,1 puntos porcentuales del PIB. Finalmente, la cuenta corriente tendría un mayor déficit de alrededor del 0,6% del PIB.

Más allá de lo que indican estas relevantes cifras, podemos destacar los factores —contemplados en el PE 2026— que incidirían en la mayor dinámica económica que se espera para 2026: la consolidación de obras de infraestructura con enfoque productivo, que estimulen el crecimiento económico regional y fortalezcan los encadenamientos locales; las mejoras en las condiciones financieras impulsadas por una política monetaria que reduzca las tasas de interés; y el afianzamiento del Plan México como catalizador del desarrollo

Mayores ingresos de los hogares y de la población en situación de vulnerabilidad

La política de gasto para 2026 propuesta por el Paquete Económico de la presidenta Sheinbaum mantiene el enfoque en un modelo de desarrollo con bienestar, con prioridad en la ampliación de derechos sociales y el impulso a la inversión productiva. De ahí que se privilegien los programas sociales, la infraestructura estratégica y los servicios esenciales. El propósito declarado por el Ejecutivo federal es reducir las desigualdades y promover la justicia social a través del gasto público. Se trata de una búsqueda para consolidar el gasto público como un instrumento clave para materializar los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y fortalecer las bases de una economía justa e incluyente.

En la clasificación funcional del gasto programable —que se distribuye conforme a tres finalidades socioeconómicas—, se mantiene la prioridad de asignar más recursos a la finalidad de Desarrollo Social, que contaría con el 69,3% del gasto programable. En monto, ascendería a 4,9 billones de pesos, que es mayor en 189.835 millones de pesos de 2026, y 4% real más que en 2025. La gran mayoría de los recursos adicionales se dirige a Protección Social, Salud y Educación. Tal distribución refleja la prioridad del proyecto hacia la continuidad y profundización de la política social.

Esto último se percibe también, desde otro punto de vista, en el presupuesto de 674.510 millones de pesos que se prevé orientar para el ramo Bienestar, cuyo monto, en conjunto, es superior en 12,4% a lo aprobado en 2025 y que se distribuye en 12 programas presupuestarios, que en su mayoría (en un 89,9%) se destinarían a los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y —como programa insignia actual, dada la relevancia en el gasto del ramo— Pensión Mujeres Bienestar.

El comportamiento del mercado laboral es otra de las variables que se vincula al cumplimiento de la mejora de los ingresos de los hogares y de la población. De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2026, se espera que se vigorice la generación de empleo formal, ante un repunte en la inversión nacional, derivado de una disminución de la incertidumbre a nivel global y una mejor posición en el comercio exterior.

Infraestructura estratégica

El gasto propuesto en infraestructura estratégica se orienta en dos sentidos principales. Por un lado, la ferroviaria, que contempla la construcción de trenes de pasajeros entre Pachuca-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles-Zona Metropolitana del Valle de México, Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro; el inicio del Tren Maya de carga y el Ferrocarril Interoceánico, entre otros; la infraestructura carretera, obras hidráulicas y ampliación y rehabilitación de puertos y aeropuertos. Al respecto, quisiera subrayar que la estrategia de reactivar el sector ferroviario constituye un cambio en la política de infraestructura nacional, tras décadas de predominio del transporte carretero. Por otra parte, plantea la construcción de viviendas. Como meta para 2030, será la construcción de un millón de casas con programa de vivienda popular, de las cuales, la mitad serán edificadas por el INFONAVIT y las restantes por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), y se destinarían a personas no derechohabientes.

El desempeño de la inversión durante el primer semestre de 2025 evidencia la relevancia de ampliar el gasto en infraestructura en este momento. En la primera mitad del año, la formación bruta de capital fijo disminuyó un 6,9% real anual, debido a que en los primeros seis meses del año en curso la inversión en maquinaria y equipo bajó un 8,4%, y la dirigida a la construcción cayó un 5,4%. Sin duda, en este contexto, la expansión del gasto en infraestructura estratégica acarreará efectos positivos.

Ley de Ingresos

El Paquete Económico incluye, asimismo, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF). Al detallar los montos de ingresos previstos para 2026, estos representan una recaudación equivalente al 22,5% del PIB, lo que refleja un ligero incremento respecto al 21,9% calculado para el cierre de 2025. Las estimaciones de ingresos consideran la continuidad de las estrategias de fiscalización y administración tributaria, orientadas a consolidar un sistema eficiente y equitativo, que desincentive la evasión y la elusión fiscales, respetando los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

La ILIF 2026 prevé, pues, ingresos totales por 10,2 billones de pesos, lo que representa un incremento real de 5,9% en comparación con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2025. Este aumento responde al fortalecimiento de los ingresos tributarios no petroleros y a los aspectos macroeconómicos esperados para 2026.

Al observar la composición de los ingresos, sobresale la captación tributaria, que alcanzará 5,8 billones de pesos, lo que implicaría un aumento de 540.728 millones de pesos respecto a lo estimado en la LIF 2025. Este avance se explica principalmente por el aumento proyectado en el Impuesto sobre la Renta (ISR), con 210.574 millones adicionales, y en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con 308.699 millones más. También es relevante mencionar la estrategia de incremento al IEPS, que es un impuesto indirecto, cuyo objetivo —más que recaudar recursos— es desincentivar el consumo de productos que pueden ser perjudiciales para la salud o el medio ambiente (tabacos labrados, bebidas saborizadas o videojuegos violentos).

Asimismo, el Paquete Económico reitera que la austeridad del gasto se mantendrá como principio rector para garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos, evitando dispendios, gastos suntuarios y combatiendo la corrupción, sin comprometer la calidad de los servicios públicos.

Combate a la evasión y elusión fiscales

Los principios de austeridad, eficacia y combate a la corrupción que han caracterizado a las finanzas públicas en los años recientes encuentran en el Paquete Económico una aplicación y avance notables. En efecto, se consideran, entre otros aspectos, una serie de cambios y propuestas orientados a fortalecer la recaudación, mediante el combate a la evasión y elusión fiscales.

La iniciativa plantea el combate a cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Se busca desarticular los esquemas sofisticados de evasión que la autoridad ha logrado detectar, los cuales se caracterizan por la creación y uso de redes de personas morales, con el fin de vender y utilizar facturas que amparan operaciones simuladas.

Ajustes arancelarios y fomento a la industria nacional

El Paquete Económico contempla modificaciones a las Tarifas de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), entre las que se considera el apoyo a la economía familiar, a la industria nacional textil y de la confección y la regulación de importación de vehículos usados.

En materia de modernización y eficiencia, se plantean también diversos cambios, como la mejora de la infraestructura y tecnología, las cuales además contemplan ingresos provenientes del programa de mejoramiento de los medios de informática y de control de las autoridades aduaneras. Asimismo, la implementación del uso de herramientas tecnológicas en las diligencias aduaneras busca modernizar, simplificar y hacer más eficiente la interacción ciudadanía-autoridad.

Modernización y eficiencia aduanera

A lo largo del año, se ha observado un crecimiento importante del Impuesto General de Importación (IGI), que se espera que rebase la cantidad de 151.800 millones de pesos programada en la LIF 2025, a partir de lo cual se estima recaudar 254.800 millones en la ILIF 2026, debido a la modificación de 544 fracciones arancelarias aplicables a países sin tratado comercial con México, así como por la mayor vigilancia aduanera y los efectos de la variación cambiaria.

De manera general, los cambios comentados apuntan a adecuar la estructura tributaria del comercio exterior, por medio de aumentos en las tasas y otras cuotas compensatorias que se aplicarán a través de ciertos decretos que comentaremos en seguida.

Plan México y el conjunto de decretos ‘antidumping’

Como apunté al comienzo de este artículo, una lectura más amplia del Paquete Económico ofrece dos claves adicionales para comprenderlo, me refiero al Plan México y al conjunto de decretos que derivan directamente de los pilares y la estrategia que animan el PE 2026.

El Plan México, como una estrategia de industrialización, busca incrementar la participación de empresas mexicanas en la cadena de exportaciones, lo que apuntaría a generar empleos formales y bien remunerados en toda la nación. Como señaló en su presentación del Paquete el titular de la SHCP, Edgar Amador, el objetivo del Plan México es fundamentalmente fortalecer la industria nacional y, más precisamente, reindustrializar los sectores que han perdido competitividad ante países asiáticos. De ahí que la revisión del Impuesto General de Importación (IGI) será, efectivamente, uno de los ejes del Plan México. Así, los aranceles —la modificación de la tasa de 1.463 fracciones arancelarias contempladas en el Paquete Económico 2026— deben entenderse dentro de una estrategia más amplia de reindustrialización, con implicaciones para los 19 sectores industriales implicados, desde autopartes, autos ligeros importados e industria siderúrgica y del vestido, hasta electrodomésticos y motocicletas. Asimismo, derivado de esta visión, en los últimos meses se han publicado en el Diario Oficial de la Federación una serie de decretos que contemplan las cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de diversos bienes de importación (como el calzado) fundamentados en la existencia de prácticas de dumping provenientes de mercados asiáticos.

El conjunto de estas cinco claves permite comprender las relevantes implicaciones económicas y sociales derivadas del plan económico, cuya discusión está hoy en ciernes en el Congreso de la Unión.