Fideicomisos: reformar para empeorar

El Congreso mexicano se dispone a desaparecer más de 40 fideicomisos que administran recursos para la cinematografía, el deporte, la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, la ciencia y la tecnología, la atención de desastres naturales, entre otros. El propósito es obtener de esa desaparición poco más de 36.000 millones de pesos para que el Gobierno federal los destine, dice el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a “eficientizar al máximo los recursos públicos con que cuenta el Estado mexicano, a través de su correcta aplicación para el cumplimiento de sus objetivos o mediante reasignaciones para su debido aprovechamiento”.

Las razones aparentes para desaparecerlos son: terminar con la “opacidad y la discrecionalidad” y mitigar los efectos causados por la pandemia. Habría pues en la posible decisión legislativa: i) un mal que remediar y atribuible a una culpa de quienes administran los fondos; y ii) una causa que amerita recursos extraordinarios.

Pareciera, en principio, que hay buenas razones. Sin embargo, son razones aparentes. Una lectura detallada del Dictamen muestra que el problema no es dar transparencia, ni eliminar la discrecionalidad, ni destinar los recursos para atender las prioridades de salud.

Para entender mejor la afirmación anterior se requiere explicar que todos los fideicomisos sin excepción cuentan con Comités Técnicos; todos están sujetos a la vigilancia y fiscalización de los órganos internos de control; todos están sujetos a las leyes de transparencia e información gubernamental y, en ningún caso, puede invocarse el secreto fiduciario para ocultar alguna información. Además, los organismos públicos responsables están obligados a informar de ellos periódicamente y están sujetos a auditorías.

Si el problema fuera la opacidad y la discrecionalidad, la solución sería dar mayor transparencia y eliminar la discrecionalidad. Pero no es así. Luego de leer el Dictamen de la Cámara parece ser que con solo mencionar que hay opacidad y discrecionalidad estas se dan. El Dictamen refiere extensamente, como en los ejercicios de parlamento abierto se explicó con detalle, el funcionamiento, los objetivos, la operación y los controles que actualmente tienen los fideicomisos; por otra parte, no hay justificación ni evidencia de que haya tal opacidad, discrecionalidad, o bien, malos manejos.

Ni se acreditan las causas, ni se soluciona el pretendido problema, pero, aún más, de aprobarse la reforma implicaría crear una situación, esa sí, de opacidad y de discrecionalidad.

Tomemos un ejemplo. Se propone extinguir el Fideicomiso de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, la Secretaria de Gobernación está al frente del Comité Técnico integrado por un representante de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este Comité está sujeto a las reglas de operación. Además, tiene un órgano de vigilancia designado por la Secretaría de la Función Pública.

La propuesta de reforma al desaparecer el fideicomiso deja, en su lugar, una situación en la que los recursos que tiene el fondo deberán ser concentrados en la Tesorería de la Federación. En términos sencillos, el Fondo se quedará sin recursos, pues al pasar a la Tesorería formarán parte de una bolsa sin fines específicos y podrán emplearse de manera discrecional y opaca. Si la Secretaría de Gobernación no cuenta con fondos en su presupuesto, ese fideicomiso no podrá hacer frente a las necesidades de protección y en ejercicios posteriores dependerá de su propio presupuesto.

Opacidad y discrecionalidad es la situación que crea la reforma. Y, por supuesto, la precariedad de recursos destinados al fin original de esos fondos. Según la información del propio Dictamen, actualmente se ha dado protección a 1.206 periodistas y defensores de derechos humanos.

La precariedad como resultado se da en otros casos, como lo es en ciencia y tecnología, campo que incluye a 26 Centros Públicos de Investigación. A pesar de ser instituciones de excelencia y de su alta participación en la generación de conocimiento y de estar sujetos a restricciones presupuestales, se les ordena concentrar en la Tesorería los recursos públicos que se encuentran en dichos fondos, no obstante tener derechos patrimoniales sobre los mismos. La situación resultante es la afectación grave a sus capacidades para hacer frente a sus responsabilidades.

Una clave en la reforma propuesta se refiere a las facultades con las que se le dota al presidente de la República y que explica el verdadero propósito: por conducto de la Secretaría de Hacienda, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los “excedentes”.

En términos sencillos, lo que se busca es obtener fondos, a los que eufemísticamente podrá designarse los “excedentes”, para destinarlos discrecionalmente, entre otros, a aquellos gastos no programables que se hayan incrementado o a los adeudos no cubiertos de ejercicios anteriores. Realmente se trata de recursos quitados de áreas del sector público donde cubrían necesidades, o incluso, confiscados y que precarizarán de manera sensible el cumplimiento de obligaciones del Estado y las capacidades institucionales.

José Roldán Xopa es profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).