Casi 100 observadores internacionales de la OEA vigilarán las elecciones mexicanas más pendientes de la violencia que del fraude

Un equipo de 98 personas liderado por el excanciller chileno Heraldo Muñoz será el encargado de vigilar el desarrollo de las elecciones del 2 de junio en México por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es el mayor contingente de expertos internacionales hasta la fecha para la también mayor elección que ha tenido México, en la que se renovarán 20.708 cargos políticos, nueve gubernaturas, incluida la Ciudad de México, y la presidencia del país. 98,3 millones de mexicanos están llamados a las urnas. La presencia de observadores extranjeros es tradicional en América Latina, pero no necesariamente propia de países con sistemas democráticos poco consolidados o dictatoriales. También democracias de solvente probidad, como la chilena, cuentan con ellos. Muñoz fue canciller en Chile entre 2014 y 2018, durante la presidencia de Michelle Bachelet. “No existe una necesidad específica de que México requiera de observadores electorales internacionales, pero esta práctica ha alcanzado una aceptación generalizada en casi todo el mundo, y desempeña un importante papel de colaboración para evaluar de manera exacta e imparcial los procesos electorales”, afirma.

En efecto, la presencia de este contingente requiere de una invitación por parte del país de que se trate, que en el caso de México ha cursado el Instituto Nacional Electoral a la OEA. Normalmente, son las fuerzas opositoras las que solicitan la vigilancia externa en los procesos. En caso de que no estén de acuerdo con la limpieza de las votaciones o del recuento, así como otras incidencias, a la oposición o eventualmente al propio Gobierno les son de utilidad las recomendaciones que este equipo haya emitido para una posible impugnación de los resultados, por ejemplo. “La democracia no está peleada con este sistema de observación, los observadores se limitan a hacer informes y recomendaciones que permiten subsanar debilidades identificadas en el proceso”, explica el abogado electoral Jaime Talancón, especialista en prevención de riesgos políticos, que ha participado como observador en más de 15 procesos. En esta ocasión no lo hará, porque es mexicano, y eso es incompatible.

México tiene una característica especial que le distingue de otros países, la violencia que se adueña de diversas partes del territorio en las que a veces ni se logra poner urnas para los sufragios. En esta ocasión no será diferente. A esas zonas, previamente identificadas, no podrán tampoco acudir los observadores por el riesgo que implica, pero estas circunstancias sí quedarán plasmadas en sus informes. La democracia mexicana presenta déficits, como tantas otras, pero eso no ha impedido el traspaso de poderes de un presidente a otro durante décadas sin mayores sobresaltos, como se espera ocurra en esta ocasión. Sí ha habido, sin embargo, comicios en los que el fraude se hizo evidente y así se denunció públicamente por parte de los afectados. En 1988, por ejemplo, subió al poder Salinas de Gortari con un recuento de votos muy defectuoso en el que se cayó el sistema eléctrico. Cuauhtémoc Cárdenas, el aspirante que vio frustrada su carrera a la presidencia, lo ha definido así en alguna ocasión: el sistema “se cayó de caerse y se calló de callarse”. También hubo acusaciones del mismo tenor en 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador afirmó que Felipe Calderón le había robado las elecciones. No hay elecciones en México, dice Cárdenas, en que no planee el fantasma del no reconocimiento del resultado electoral. En estas, también. La oposición sostiene que si la diferencia de votos es muy ajustada a favor de su candidata, Xóchitl Gálvez, el gobierno no estará dispuesto a darse por vencido. Sin embargo, las encuestas, por ahora, prevén resultados más abiertos a favor de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum.

“Tener una democracia consolidada no hace innecesario realizar observación electoral internacional; las dictaduras generalmente resisten y rechazan estas misiones, como ocurrió en el Chile de Augusto Pinochet”, explica Muñoz. “México es soberano de prescindir de ellas si así lo decide o si estima que no requiere de estos instrumentos”, dice, pero “en ciertos casos”, añade, “el aporte de la observación electoral internacional se transforma en un factor decisivo para la validación de la transparencia del proceso y la integridad de los resultados electorales. Y en la mayoría de los casos, la presencia de misiones de observación contribuye a mitigar las tensiones y prevenir crisis institucionales que pueden surgir durante los períodos electorales, especialmente en situaciones donde se anticipan resultados disputados o existen alegaciones de fraude”, señala el jefe de la misión en un mensaje escrito.

Los informes de las misiones internacionales no son, en ningún caso, vinculantes, explica Talancón. “Son más parecidos a las recomendaciones de los organismos de derechos humanos, tienen impacto político, pero no vinculación”. Las personas que se dedican a estos procesos tienen sus especialidades, hay expertos en justicia, en género, en violencia o en grupos minoritarios, dice el abogado. En México hay 44 distritos federales considerados indígenas y en ocasiones presentan problemas para la constitución de las urnas o porque están atravesados de una alta violencia que suele darse en territorios remotos. De todo ello deberán dejar informado los observadores al finalizar el proceso. En ocasiones, estos grupos internacionales no solo vigilan el día electoral y el recuento, también están presentes en la campaña para ver si discurre con la suficiente calidad democrática.

“La observación puede promover la confianza pública y la participación electoral. Existe una Declaración de Principios y un Código de Conducta para la Observación Electoral, de las cuales la OEA es parte. Nuestro trabajo, basado en una metodología probada, será objetivo, riguroso, imparcial y respetuoso del derecho interno”, afirma Muñoz.

El abogado Talancón asegura que el Instituto Nacional Electoral mexicano (INE) “en términos operativos funciona muy bien, también en el ámbito local, su parte mecánica funciona bien. El problema en este país son las condiciones de violencia e inseguridad”, afirma. Esa violencia también se hace patente con el personal del INE, que ha sufrido atentados y muertes en varias ocasiones y que no tiene poder ni competencia para combatirlo. En esta campaña, más de 32 candidatos han perdido la vida en ataques armados y otros muchos ha experimentado otra suerte de violencias, como amenazas o secuestros. O han escapado con vida de una balacera. La criminalidad es sin duda el gran déficit del país para enfrentar unas elecciones donde la soberanía ciudadana alcance todos los rincones. Pero no solo. Aunque finalmente los cambios de Gobierno transcurren con normalidad, las acusaciones de falta de limpieza e injerencias ilegales que se vierten constantemente en la campaña ensombrecen los procesos electorales de México.

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