México abre una nueva era para su sistema de justicia con un Poder Judicial electo por voto popular

La prensa dentro y fuera de México ha escrito durante un año y medio sobre cuáles serían las implicaciones de la profunda reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena. La enmienda constitucional cambió la manera como se designa a los jueces en el país latinoamericano: ahora, por el voto directo de la ciudadanía. Miles de abogados hicieron campaña para ganar un cargo en la judicatura. La joya de la corona fue la Suprema Corte de Justicia, en cuyos asientos han quedado nueve juristas impulsados por el oficialismo. México es ahora el único país del mundo que elige por sufragio popular a todos sus jueces. Las principales figuras de Morena, empezando por la presidenta, Claudia Sheinbaum, sostienen que el Poder Judicial se ha democratizado y que a partir de este momento estará verdaderamente al servicio de los intereses populares. Este lunes, 881 juzgadores federales elegidos en las urnas han tomado posesión de su cargo, que deberán desempeñar entre la tensión de “servir al pueblo” —según las consignas del oficialismo— sin desafiar demasiado a las instituciones del Gobierno al que se deben.

La independencia de la Suprema Corte respecto del poder político ha sido objeto de debate en la academia y en los círculos políticos. Morena desplegó un enorme operativo electoral para dirigir el voto a favor de Hugo Aguilar, nuevo presidente del alto tribunal, y el resto de los togados que llegan a integrar el órgano judicial. Ajena a las críticas, la presidenta Sheinbaum ha acudido la noche de este lunes a la sede del Supremo a la sesión en la que se instaló el nuevo pleno, en lo que los críticos han vislumbrado la injerencia que, a su parecer, tendrá el Ejecutivo en la judicatura. El último mandatario que había reformado el Poder Judicial, el priista Ernesto Zedillo, hace tres décadas, decidió no presentarse al arranque de aquella Corte, en un intento por marcar hacia el público la separación entre los poderes de la Unión. La reforma zedillista buscaba dar una sacudida a un tribunal que durante años estuvo muy sometido a la voluntad del presidencialismo priista. Desde Morena aseguran que aquella reforma no cambió en nada la sujeción de los togados al poder político y económico y su separación de las causas ciudadanas.

El oficialismo presume del comienzo de una nueva era del Poder Judicial, con una Corte encabezada por un abogado indígena ―Aguilar― y que sostendrá sesiones “itinerantes”, es decir, fuera de la capital. Para enfatizar el nuevo pacto con el pueblo —el término está en el centro del credo morenista—, los ministros electos participaron en una ceremonia indigenista de purificación y entrega de bastón de mando en el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza pública del país, epicentro de todas las luchas políticas de López Obrador. Por la noche, se abrieron las puertas principales del recinto del Supremo, cerradas a causa de la pandemia desde 2020, y mantenidas así para resguardar a los togados que recién dejaron el cargo de las constantes protestas que tenían lugar a las afueras del alto tribunal. En el marco del portal se colocó un arreglo floral que leía: “Hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo”.

La presidenta Sheinbaum entró por esas puertas, siguiendo los pasos de los togados. En el pleno se encontró con la plana mayor morenista: legisladores, secretarios de Estado, aliados políticos (por ejemplo, el empresario José María Rioboó, esposo de la ministra Yasmín Esquivel, y cercano a Morena y a López Obrador). En el pódium, Sheinbaum se sentó al lado de Aguilar, flanqueados ambos por los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Sergio Gutiérrez y Laura Itzel Castillo, respectivamente. Se trató de una ceremonia republicana, pues los tres poderes estaban representados, según comentó el ministro Aguilar. El detalle es que todos están vinculados a Morena.

Aguilar ha señalado que la asistencia de la presidenta al primer acto formal de la nueva Corte marca el restablecimiento de la relación entre el Ejecutivo y la judicatura. “Su acompañamiento representa el firme compromiso democrático y el respeto recíproco que debe regir entre los poderes de la Unión en el beneficio de México”, dijo el togado en su discurso inaugural. Aguilar ha asegurado que con el Ejecutivo y el Legislativo habrá una relación de “diálogo respetuoso, colaboración institucional y absoluta independencia”. El ministro marcó también las directrices de su gestión en términos de austeridad presupuestal. Anunció que solicitará el ajuste de los sueldos al interior de la Corte para que ningún funcionario cobre más que la presidenta, como establece la Constitución, y adelantó que ese mandato también aplicará para los exministros, que cobran una elevada pensión vitalicia.

La reforma judicial en tiempos de López Obrador implicó una ruptura total entre ambos poderes, un choque inédito que vulneró el equilibro de la República. El expresidente veía en el Poder Judicial una trinchera en la que se agazaparon los intereses del conservadurismo, que obstaculizaron el avance de su proyecto político —los jueces frenaban sus leyes y obras de infraestructura—. También consideraba a los juzgadores una casta dorada adherida a los lujos y privilegios. El exmandatario promovió la reforma judicial como una promesa de campaña y, en los comicios federales de 2024, su partido ganó una mayoría avasalladora en el Congreso para pasar la enmienda constitucional sin mayor trámite.

Todo el proceso de elección estuvo atravesado por las dudas sobre la vinculación de Morena con los próximos jueces. La premura por efectuar los comicios introdujo enorme presión en las instituciones electorales y llevó al Congreso a cometer errores en el andamiaje legal que sustentó la votación. A los tribunales llegarán decenas de abogados sin experiencia en el trabajo jurisdiccional, sin contar el hecho de que los requisitos para convertirse en jueces, magistrados y ministros fueron demasiado laxos. El cribado de postulaciones se dejó en manos de comités de evaluación capturados por el oficialismo. Ya durante la elección, Morena desplegó una gigantesca operación para orientar el apoyo popular a favor de determinados candidatos. De hecho, los nueve integrantes de la Corte fueron incluidos en las guías de votación —llamadas acordeones— que repartió el oficialismo a la población.

Luego de que López Obrador dejó el cargo, hace casi un año, toca a Sheinbaum la implementación del profundo cambio en el sistema judicial sin una hoja de ruta. Inevitablemente, también le tocará asumir los costes políticos de ejecutar un modelo de justicia sin parangón en el mundo.