La nueva vida de las Iglesias y conventos virreinales después del terremoto de 2017

Centenares de edificaciones virreinales han resurgido con nueva vida tras el terremoto que sacudió México en 2017. Las autoridades de la Secretaría de Cultura esperan dar por terminado en marzo el programa de restauración del patrimonio histórico dañado por ese fuerte sismo y otro en 2018, que afectaron a más de 3.269 edificaciones, la mayoría iglesias y conventos de la época colonial. “Los dos terremotos constituyeron el desastre más grande de la historia para el patrimonio cultural de México”, resalta Arturo Balandrano, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural.

Son monumentos de gran valor histórico, algunos declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO, por lo que el Gobierno mexicano decidió emprender un intenso trabajo de restauración que no ha estado exento de polémica, con denuncias de malos manejos, opacidad e ineficiencia. Los sismos afectaron una vasta área que incluyó Ciudad de México, el altiplano de la región central y los Estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca, con un saldo de 230 muertos, según cifras oficiales. Las labores de restauración comenzaron bajo el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, pero pronto se vieron detenidas y fue la Administración de Andrés Manuel López Obrador la que decidió darle un impulso a los trabajos, que se convirtieron en uno de los pilares de la estrategia de cultura de su mandato. Solo quedan 26 edificios por entregar, dice Balandrano.

La entrega más reciente de monumentos afectados se realizó el pasado fin de semana, cuando la secretaria de Cultura Claudia Curiel visitó el Estado de Oaxaca. Se trata de la Casa de Cultura de Juchitán, que alberga obras del pintor Francisco Toledo; la Parroquia de San Vicente Ferrer, construida a finales del siglo XVI en la misma localidad, y el hermoso convento de Santo Domingo, en Santo Domingo Tehuantepec, un inmueble que en el siglo XIX se transformó en cuartel militar tras la aplicación de las Leyes de Reforma y, posteriormente, en cárcel. En 1984 fue declarado Casa de Cultura de Tehuantepec.

En las labores de restauración de estos inmuebles participaron el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Secretaría de Cultura. El presupuesto invertido hasta la fecha, según Balandrano, asciende a más de 10.500 millones de pesos y las labores han generado más de 36.000 empleos. “Es una cantidad histórica que nunca antes se había logrado aplicar al patrimonio”, afirma el funcionario en entrevista telefónica.

El proyecto de restauración no ha estado exento de polémica. El consorcio de periodistas Quinto Elemento publicó en septiembre de 2023 un amplio reportaje de investigación que denunciaba el abandono de varios inmuebles y la falta de recursos financieros para su restauración. El reportaje ponía su interés en el “caos administrativo y el incumplimiento de normas establecidas para lidiar con un proceso complejo”. Quinto Elemento advertía de que el INAH estaba “desbordado” y era incapaz de cumplir con los objetivos del programa de restauración.

Las críticas a la gestión de las autoridades se mantienen. Fuentes internas del INAH, que aceptaron conversar con este periódico a cambio de mantener su anonimato por temor a represalias, denuncian falta de información de las autoridades a expertos de la institución para poder hacer su trabajo, así como la restauración de monumentos sin contar con asesoramiento especializado y un proceso lento, opaco e ineficiente. “No era claro el procedimiento administrativo para las licitaciones. Tú revisas los contratos de las empresas que han restaurado y muy pocas realmente los han logrado por un proceso de licitación, la mayoría han sido asignaciones directas, sin concurso público”, explica una de las fuentes.

Critican también la respuesta tardía en la restauración de algunos inmuebles, que llevaron a los vecinos de comunidades afectadas por el terremoto a organizar los trabajos de restauración de templos. “El INAH se tardó mucho en empezar, sobre todo por temas administrativos y políticos. No hubo comunicación con la gente, sino un silencio institucional. En muchos de estos casos, la misma comunidad terminó ahí medio arreglando sus templos, sus santos. Hay muchísimos casos que las autoridades reportan como realizados, cuando en realidad la gente los atendió”, denuncian estas fuentes.

Vicente Flores, académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, hace hincapié en los recortes presupuestarios que afectaron al INAH, lo que se tradujo en la imposibilidad de contratar a personal especializado para hacer los trabajos de restauración, dice. “El INAH ha sido una institución más normativa, nunca fue una institución que tuviera la gente preparada para llevar a cabo concursos de obra pública que cumplan con toda la normatividad”, explica. Flores lamenta lo que llama falta de información para evaluar los resultados del programa de restauración. Flores trabajó en la restauración de edificios dañados en Oaxaca en el terremoto de 2000 y asegura que en un año logró mejorar, junto con su equipo, 1.500 iglesias y otras estructuras. “¿Qué ha pasado desde 2017? Hay una gran interrogante de cómo se ha gestionado todo esto”, cuestiona el arquitecto.

Arturo Balandrano se defiende y asegura que todo el trabajo ha sido transparente y eficiente. Admite que en un momento hubo problemas con los seguros contratados por el Estado para hacer frente a los daños causados por desastres naturales y de los que se dependía para realizar las labores de restauración. Esas pólizas fueron pagadas por el erario público durante 17 años y tras el desastre de 2017 la aseguradora contratada debería entregar 1.500 millones de pesos por pago de daños. “Hubo dos terremotos en distintos lugares y en distintos momentos y la aseguradora solo reconoció uno. Cuando exigimos los recursos los comenzamos a aplicar el primero y segundo año, pero cuando llegamos a los 3.500 millones de aplicaciones de la póliza, nos dijeron que el seguro se había acabado”, comenta. El Estado ha entrado en un juicio para exigir el dinero que no ha sido entregado. “Creemos que vamos a ganar”, asegura el funcionario.

Balandrano también defiende la decisión de las adjudicaciones directas de los proyectos. “Estamos hablando de una emergencia nacional. El programa siempre fue una urgencia por la necesidad de abrir cuanto antes los inmuebles para sus servicios. Las instituciones de cultura lo que hicimos fue hacer una selección para saber en dónde poner el dinero”, explica. El funcionario agrega que los auditores de la Auditoría Federal del Congreso han “quedado satisfechos” con los resultados de la implementación de los fondos. “Las críticas se caen por sí solas”, afirma. Las autoridades salen al paso de la controversia y aseguran que en marzo darán por terminado un largo proyecto que intenta recuperar el legado histórico de México dañado por los fuertes sismos de 2017 y 2018, Iglesias y conventos virreinales que resurgen con una nueva vida.