La fiscal de Guerrero se aferra al cargo y profundiza la crisis tras el asesinato del normalista

Guerrero convulsiona y se adentra en el camino de la crisis política. En las últimas 24 horas, la gobernadora, Evelyn Salgado, aceptó la renuncia del secretario de Seguridad y el secretario de Gobierno estatales, Rolando Solano Rivera y Ludwig Marcial Reynoso, respectivamente; los primeros altos cargos que han caído en la purga de responsabilidades por el asesinato a manos de la policía del Estado de Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años. El agente acusado de matar al normalista de Ayotzinapa escapó de las autoridades tras ser arrestado y permanece en busca y captura. Salgado pidió también la cabeza de la fiscal general de la entidad, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, una militar en activo criticada por las asociaciones de derechos humanos.

A última hora del jueves, Valdovinos se negó a dejar el puesto y anticipó una batalla entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Salgado ha contraatacado este viernes con la notificación al Congreso regional para destituirla. La Cámara debe pronunciarse en un plazo de 10 días hábiles. De fondo está la desaparición sin resolver de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace casi 10 años.

“La suscrita Fiscal General del Estado es respetuosa de lo dicho por la mandataria estatal [Salgado]; sin embargo, no debe pasar desapercibido que para mi remoción del cargo se deberán agotar los procedimientos constitucionales y legales que para tal efecto se han establecido”, reza el comunicado del Ministerio Público, salpicado de faltas de ortografía y firmado por Valdovinos Salmerón. “Asimismo, informo que haré valer mi derecho de audiencia ante el Congreso del Estado para transparentar las acciones que esta Fiscalía General realizó por los lamentables hechos que derivaron en la muerte de Yanqui N.”, añadió.

Salgado ha notificado al Congreso estatal la remoción inmediata de Valdovinos Salmerón. Si dos tercios de la Cámara objetan, la fiscal conservará el cargo. Si los diputados no toman partido, el despido se concretará en de diez días hábiles. La dirigente se ha excusado en el artículo 142 de la Constitución del Estado, que plantea que, bajo determinadas condiciones, la gobernadora tiene facultades para remover a la titular del Ministerio Público. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obradror, ha ofrecido su apoyo a Salgado durante su conferencia diaria de prensa, la Mañanera: “No está sola”.

Los normalistas se han manifestado a las puertas del Congreso para exigir la destitución de Valdovinos Salmerón y la captura del policía fugado. “No basta con la renuncia de funcionarios, exigimos castigo a los asesinos”, ha proclamado uno de sus portavoces en un mitin. Los estudiantes han convocado a otra manifestación, más grande, este sábado en Chilpancingo, a la que acudirán normalistas de otras partes del país.

Mientras que Anacleta López Vega, la antigua subsecretaria de Gobierno, asume la Secretaría de Ludwig Marcial Reynoso, Valdovinos Salmerón se aferra a su cargo. Un mes antes, el 14 de febrero, la fiscal solicitó una licencia para dejar el puesto durante seis meses sin derecho a sueldo por motivos “personales y familiares”. Tres semanas después desistió y se reincorporó tras el asesinato de Gómez Peralta.

En las últimas 24 horas, la Fiscalía General de la República (FGR), que ha asumido la investigación por el homicidio, informó de la detención de dos policías presuntamente implicados en el crimen, pero el principal sospechoso de disparar contra el normalista continúa prófugo. Dos de los agentes de la FGR encargados de trabajar en el caso Ayotzinapa desaparecieron el domingo 10 de febrero, pero fueron encontrados con vida dos días después.

La guerra abierta entre la fiscal y la gobernadora evidencia el poder de los militares que ostentan cargos públicos de alta responsabilidad, una tendencia al alza durante la Administración de López Obrador, a cuyo partido, Morena, pertenece también Salgado. Valdovinos Salmerón, teniente coronel del Ejército, fue nombrada a petición del propio López Obrador, a pesar de las acusaciones de organizaciones como el Centro de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. Sobre ella pesa también la petición de un juicio político en el Congreso estatal por parte de extrabajadores del Ministerio Público, que denunciaron el despido injustificado de más de 700 empleados, algunos con más de 25 años de carrera, que fueron sustituidos por militares.

Dominó político

Los hechos se han sucedido con rapidez en los últimos días. El asesinato de Gómez Peralta, el 7 de marzo, desencadenó un dominó político y social que todavía no ha visto caer sus últimas fichas. Primero, la policía aseguró que el joven estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa viajaba con otros compañeros en un coche robado y abrió fuego contra los agentes, que se limitaron a defenderse. López Obrador desmintió el relato policial, habló de abuso de autoridad y reveló que Gómez Peralta no disparó un solo tiro. “Quisieron fabricar hechos que no correspondían a la realidad”, ha reiterado este viernes. El Centro de Derechos Humanos Minerva Bello exige que el caso sea investigado como una ejecución extrajudicial.

El lunes 11 de marzo, la gobernadora del Estado se reunió con un comité de los normalistas y la madre de Gómez Peralta, donde prometió justicia. El día siguiente, el policía acusado de asesinar al normalista escapó con la complicidad de las autoridades, de acuerdo con López Obrador, que achacó la fuga a “la descomposición que estamos enfrentando y a los intereses que están de por medio”.

El Ministerio Público sostuvo que “en ningún momento tuvo en calidad de detenidos a dichos servidores públicos [los policías]”. Ese mismo día, los compañeros de Gómez Peralta atacaron con petardos y cócteles molotov la sede del organismo, en Chilpancingo, e incendiaron más de una decena de coches en el aparcamiento. El Ejército, la Guardia Nacional y la policía intervinieron, y los disturbios se transformaron en un enfrentamiento callejero entre los jóvenes y las fuerzas armadas. Cuatro trabajadores de la Fiscalía resultaron heridos y el edificio tuvo que ser desalojado.

Los normalistas llevan dos semanas en las calles. Primero, para exigir una reunión con López Obrador y desatascar la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes en 2014. Protestaron con petardos frente al Senado en Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores o el mitin de apertura de campaña de Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena. El 6 de marzo, los estudiantes derribaron la puerta del Palacio Nacional mientras López Obrador realizaba su rueda de prensa diaria. Un día después, la policía de Guerrero asesinó a Gómez Peralta, que estuvo presente en los disturbios de Palacio. El homicidio alimentó la rabia normalista y recrudeció las protestas, que han tomado los últimos días las calles también en Chilpancingo.

Mientras tanto, Guerrero se descompone en una crisis de violencia: disputas de grupos criminales en las que incluso la Iglesia Católica ha mediado, desapariciones, extorsiones, asesinatos a candidatos y las secuelas del huracán Otis. Y el terremoto del caso Ayotzinapa, que se acerca a una postura irreconciliable con el Gobierno, mientras las familias de las víctimas exigen un diálogo directo con el presidente. Tras bambalinas, el Ejército, que se niega a entregar archivos de inteligencia militar que —según los familiares de los 43, el grupo independiente de expertos (GIEI) que investigó por años el crimen, y el exsubsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas— poseen información clave para avanzar en las pesquisas.

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