La fiscal general de Guerrero deja el cargo durante seis meses en plena crisis de violencia

Sandra Luz Valdovinos Salmerón, la fiscal general del Estado de Guerrero, ha solicitado este miércoles una licencia para dejar el cargo durante seis meses sin derecho a sueldo. La funcionaria, una de las principales responsables en la lucha contra la inseguridad, abandona temporalmente su puesto para “atender asuntos de carácter personal y familiar”, de acuerdo con un comunicado de prensa del Ministerio Público. Mientras, una crisis de violencia recorre la entidad: niños soldados obligados a tomar las armas contra el crimen organizado, masacres, secuestros, conflictos en la sierra entre grupos armados que batallan por el control o una guerra abierta por el transporte público a lo largo de todo el territorio. De fondo, la reconstrucción de Acapulco, la joya de la corona de la región, arrasada por un huracán en octubre y asolada ahora, también, por las mafias.

Valdovinos Salmerón, que asumió el cargo el 28 de diciembre de 2021, no ha aportado mayor información sobre su renuncia, que ha solicitado mediante la entrega de un documento a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Guerrero, Leticia Mosso Hernández. Durante los seis meses de ausencia, Zipacná Jesús Torres Ojeda, el actual vicefiscal de investigación, ocupará el puesto de fiscal en su lugar.

La funcionaria es una figura rodeada de cierta polémica. A principios de diciembre, un grupo de trabajadores que habían sido despedidos de la Fiscalía, entregaron un oficio en el Congreso local en el que solicitaban que Valdovinos Salmerón fuera juzgada por corrupción. La acusaban de echar a la calle injustificadamente a unos 800 empleados del Ministerio Público de todo el Estado. Sus puestos, según recoge Animal Político, fueron cubiertos por personal militar.

La propia Valdovinos Salmerón es teniente coronel del Ejército, lo que despertó recelos y críticas ante el despido de trabajadores civiles para sustituirlos por personal militar. Cuando fue elegida, el Centro de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón hizo una denuncia pública, acusando la militarización de las instituciones públicas: “Hacemos un llamado enérgico para que tanto la gobernadora como el Congreso del Estado reconsideren este nombramiento a pesar de que sea una recomendación del presidente de la República [Andrés Manuel López Obrador]. Nosotros no podemos otorgarle el beneficio de la duda ni hacer votos para a una institución que ha sido responsable de crímenes de lesa humanidad”.

Desde entonces, la gestión de la fiscal no ha estado exenta de polémicas. Su actuación ha permanecido en la mira de las asociaciones civiles y de defensa de los derechos humanos, que la han llegado a acusar de tener un “acuerdo de impunidad” con el Cartel de Sinaloa. Ahora, su renuncia temporal llega en una situación crítica para Guerrero, de por sí uno de los Estados más violentos del país, con grandes extensiones controladas de facto por grupos criminales como La Familia Michoacana.

El martes, un día antes de la renuncia, la propia Iglesia católica exigió a “las tres órdenes de Gobierno [local, estatal, federal]” una actuación para acabar con la crisis de violencia, a través de un comunicado publicado por la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa: “Son preocupantes las situaciones de violencia e inseguridad que como sociedad enfrentamos diariamente en Chilpancingo, esta crisis es lacerante pero también inaceptable”. Chilpancingo, así como Acapulco, Taxco e Iguala, viven en medio de una batalla entre grupos criminales por el control de las redes de transporte público, lo que ha provocado escenas de colapso en las ciudades y estallidos de violencia que se han saldado con decenas de asesinatos y secuestros.

El crimen organizado campa a sus anchas en el Estado. El martes, fue asesinado a tiros Noé Sandoval Adame, miembro de un colectivo de búsqueda de desaparecidos en Chilpancingo, mientras intentaba dar con el paradero de su hijo, Kevin Sandoval Mesa, de 16 años, desaparecido en noviembre. En Iguala, en los dos últimos días dos transportistas han sido asesinados a balazos, a plena luz del día y en lugares concurridos, frente a decenas de testigos. El lunes, otro chófer fue asesinado en Chilpancingo, también a balazos. El 6 de febrero, unos días antes, otros cuatro conductores murieron acribillados.

A finales de enero, dos policías de la Fiscalía de Guerrero fueron asesinados en Taxco, mientras investigaban la ola de violencia. Una familia de cuatro miembros desapareció el 19 de ese mismo mes en la comunidad de Ayahualtempa, que días después se organizó en una policía comunitaria que armó incluso a niños de entre 12 y 17 años. Los cuatro cadáveres fueron encontrados el martes, abandonados en una carretera, envueltos en bolsas de basura.

A principios de año, un comando armado irrumpió en una pelea de gallos en Petatlán y masacró a 13 personas. Un poco más atrás, en octubre, otra matanza se cobró la vida de 13 policías en Coyuca de Benítez. En septiembre, el teniente coronel del Ejército Víctor Manuel Salas, fiscal regional de Tierra Caliente, fue también asesinado a balazos. La lista suma y sigue sin que las autoridades hayan podido contener una espiral de violencia que desangra el Estado.

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