López Obrador, sobre el asesinato de la policía a un normalista de Ayotzinapa: “Me dolió muchísimo. Hubo abuso de autoridad”

La noche del 7 de marzo, la policía estatal abrió fuego contra el coche en el que viajaban por Chilpancingo cuatro normalistas, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, compañeros de los 43 jóvenes secuestrados el 26 de septiembre de 2014 y desaparecidos desde entonces. Era el último capítulo de una larga historia de persecución y estigmatización contra los alumnos del centro, campesinos del Guerrero más pobre, conocidos por su compromiso con las luchas sociales y el movimiento obrero. Aquel día los agentes asesinaron a Yanqui Kothan Gómez Peralta, un chaval de solo 23 años, detuvieron a otro y dejaron libres a los dos restantes. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, ha condenado este lunes el homicidio en su conferencia diaria de prensa, la mañanera: “Hubo un abuso de autoridad”.

López Obrador se ha desmarcado así de la primera versión difundida por la policía, que planteó que los cuatro estudiantes viajaban en una camioneta robada cuando los agentes —que fueron detenidos más tarde— les dieron el alto, los jóvenes se negaron, abrieron fuego contra las autoridades y los uniformados se vieron obligados a responder a las balas. La noche del asesinato, el presidente lamentó los hechos y compartió “lo que ha dicho la policía”. Este lunes, el mandatario ha reconocido que, entre otras lagunas del relato policial, el joven asesinado nunca accionó un arma. “Hubo un abuso de autoridad, todavía no quiero adelantar, pero no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver. Todos los peritajes ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General de la República [FGR]. No vamos a permitir ninguna injerencia ni tentación de querer proteger a los responsables”.

El presidente ha ofrecido su pésame a los allegados de la víctima: “No se va a fabricar nada para proteger a los responsables. Me dolió muchísimo, me duele mucho y vamos a actuar”. Las dos últimas semanas han visto un recrudecimiento de la relación entre López Obrador, los normalistas y las madres y padres de los 43 de Ayotzinapa. Con la investigación por la desaparición de los jóvenes estancada y sin señales de avances en el horizonte, los parientes y compañeros de las víctimas han apostado por redoblar su presencia en las calles para presionar al Gobierno. El homicidio de Gómez Peralta fue la culminación de una espiral cada vez más tensa entre las fuerzas de seguridad y los estudiantes.

Un día antes del asesinato, los normalistas derribaron con ayuda de una camioneta una de las puertas del Palacio Nacional en Ciudad de México para exigir al dirigente que se reuniera con ellos. Antes ya habían irrumpido en mítines de Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador en Morena como la candidata del oficialismo a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio; lanzado petardos contra el Senado de la capital y la Secretaría de Relaciones Exteriores o estrellado un vehículo contra la entrada del Centro Federal de Arraigos para exigir al Ejecutivo que atendiera su reivindicación: encontrar a los 43 desaparecidos casi 10 años después.

Los normalistas y los familiares de los 43 exigen al Gobierno que entregue una serie de documentos de inteligencia militar donde, según ellos, se encuentra información clave para poder desenmarañar el caso. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) niega la existencia de los archivos con el respaldo de López Obrador. Sin embargo, el grupo independiente de expertos (GIEI) que investigó durante años el crimen afirma que dichos informes existen y están siendo ocultados por el Ejército. El GIEI acabó abandonando México en julio, frustrado ante la resistencia de la Sedena a proporcionar información, sin la que las pesquisas no pueden salir de un punto muerto. Los parientes acusan al presidente de ponerse del lado de los militares y abandonar a las víctimas, a pesar de que resolver la desaparición fue una de sus grandes promesas de campaña.

Sin diálogo

Las manifestaciones de los normalistas durante las últimas semanas estaban focalizadas en ese desencuentro, una forma de aumentar el músculo en las protestas para aflojar la mano de los militares que por el momento no ha conseguido sus objetivos. Cuando los estudiantes echaron abajo la puerta del Palacio Nacional, López Obrador les ofreció hablar con el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, pero los jóvenes se negaron a una reunión con nadie que no fuera el presidente. Preguntado este lunes por un posible encuentro, el mandatario ha dicho que se producirá “más adelante”, ya que quiere “un diálogo directo con ellos”, pero no confía en los abogados que los defienden.

La estrategia de apuntar a los abogados de las víctimas como la raíz del problema no es nueva. López Obrador la ha esgrimido en repetidos momentos durante los últimos años, criminalizando a los defensores por, en sus palabras, formar parte de una supuesta conspiración en su contra. Los letrados son profesionales ampliamente reconocidos nacional e internacionalmente, con años de experiencia en la defensa de los derechos humanos. Dos de ellos, integrantes del Centro Prodh, Santiago Aguirre y María Luis Aguilar, fueron espiados con el programa Pegasus por el Ejército, según demostró una investigación de Citizen Lab, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC y Artículo 19 el pasado abril.

“No les tengo confianza a los abogados y a los de las organizaciones supuestamente de derechos humanos porque ellos han distorsionado las cosas y tengo pruebas en lo que estoy sosteniendo”, ha asegurado el presidente sin mostrar prueba ninguna. “Quiero hablar con ellos [los familiares], que me permitan tener este diálogo con ellos sin ningún compromiso de nada, nada más quiero que me escuchen porque sostengo que ellos no tienen toda la información y yo quiero informarles, no significa que van a aceptar mi versión (...) Deseo de todo corazón que encontremos a los jóvenes y estoy dedicado a eso: yo estoy conduciendo la investigación, haciendo todo”, ha añadido López Obrador.

Tras el homicidio de Gómez Peralta, los normalistas denunciaron que los policías estatales manipularon la escena del crimen al mover la camioneta de su posición original y colocaron armas y drogas. Desde el primer momento, responsabilizaron a las autoridades: “Hacemos responsable al mismo Gobierno de la fabricación de delitos y siembra de armas, lo mismo trataron de hacer en 2011, con el mismo discurso de que nuestros compañeros agredieron a los policías y que estos solo respondieron”. En 2011, otros dos estudiantes, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, fueron asesinados por la policía en Chilpancingo durante un bloqueo de la autopista del Sol, una de sus habituales formas de protesta. Otros 41 jóvenes fueron detenidos y al menos otros tres resultaron heridos. Tres años después, 43 estudiantes fueron desaparecidos por una alianza entre el grupo criminal Guerreros Unidos y más policías. Casi 10 años después, aumentan las víctimas y nadie resuelve el mayor crimen de Estado de la historia reciente de México.

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