Nuevas infecciones de Pegasus a abogados del ‘caso Ayotzinapa’ ponen en la mira al Ejército mexicano

Una dependencia del Estado mexicano infectó los teléfonos de dos de los abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en el segundo semestre del año pasado, según una investigación de Citizen Lab, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC y Artículo 19. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha señalado al Ejército de estar detrás de los ataques. Hace unos meses, esta alianza de organizaciones ya denunció que el Ejército había infectado el teléfono de un defensor de derechos humanos de Tamaulipas, Raymundo Ramos, durante la actual administración.

Esta nueva investigación alimenta las sospechas sobre el alcance y la naturaleza de las actividades de inteligencia de las Fuerzas Armadas. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido desde su llegada al poder en que su Gobierno no espía, sino que recolecta inteligencia. Eso mismo ha dicho este martes, preguntado por el último caso, dos abogados, Santiago Aguirre y María Luis Aguilar, con una trayectoria intachable de defensa de los derechos humanos. “Es inteligencia, no espionaje. Tenemos que cuidar nuestra información”, ha dicho el mandatario. “Ya tomé la decisión. Vamos a cuidar la información de Defensa y Marina (...) Algunos [de los espiados] están vinculados con actividades ilícitas”, ha añadido.

Los nuevos casos de infección se conocen en un momento en que la justicia trata de limitar la actividad de inteligencia del Ejército. El lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó a favor de invalidar un artículo del Código de Justicia Militar, que permitía a la Fiscalía castrense solicitar en tiempo real la ubicación de teléfonos celulares. Esto, porque el artículo abría la puerta a que los investigadores militares apuntaran a objetivos civiles. Ambas situaciones ocurren además en un contexto de debilitamiento del Instituto Nacional de Acceso a la Información, dependencia con capacidad legal para pedirle al Estado información de interés público, caso de las actividades de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

La R3D ha detallado en un comunicado que el Ejército infectó hasta en cinco ocasiones los celulares de los abogados, entre junio y septiembre de 2022. Los defensores se enteraron ya en diciembre, cuando Apple les mandó correos electrónicos, informándoles de lo ocurrido. “La empresa les notificó que sus dispositivos habrían sufrido una intromisión ilegal por ‘atacantes patrocinados por el Estado”, explica el texto.

Las cinco infecciones ocurrieron en momentos de gran presencia mediática de los abogados y de la organización con la que trabajan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Las primeras fueron el 22 y el 23 de junio. El día 22 infectaron el celular de Aguirre, director del Centro Pro, justo cuando se celebró un evento en el Campo Militar Número 1, en Ciudad de México, con víctimas de la Guerra Sucia, el operativo de represión llevado a cabo por el Estado mexicano mediado el siglo pasado, contra todo lo que oliera a disidencia. El Centro Pro ha acompañado a las víctimas de la Guerra Sucia estos años.

Al día siguiente infectaron el celular de Aguilar, coordinadora del área de internacional de la organización. Justo ese día, el Centro Pro se reunió con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos. “Ahí se abordaron los casos de Ayotzinapa, el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, y la familia Barajas de Guanajuato”, ha explicado la R3D. No hubo más intentos hasta el mes siguiente. El 13 de julio infectaron de nuevo el teléfono de Aguirre, cuando México vivía con consternación las novedades del caso de los sacerdotes asesinados en la sierra de Chihuahua.

Los últimos dos ataques ocurrieron el 24 y el 29 de septiembre, ambos en un contexto de crisis alrededor del caso Aytozinapa. En agosto, el entonces fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, había pedido la detención de más de 80 personas, entre ellos una veintena de militares, vinculados directamente al caso, o señalados de colaborar con el grupo criminal que perpetró el ataque contra los normalistas, Guerreros Unidos. Semanas más tarde, el fiscal general, Alejandro Gertz, ordenó que se cancelaroan 21 de las órdenes de detencion, 16 de ellas contra militares. Como defensores de las familias de los 43, Aguirre y Aguilar siempre señalaron la necesidad de que se reactivasen las órdenes.

El último ataque de Pegasus, el 29 de septiembre, ocurrió el día en que el grupo de expertos que la CIDH comisionó a México para investigar el caso Ayotzinapa, el GIEI, presentó su informe de lo ocurrido las semanas previas, con la polémica por las órdenes de detención canceladas de por medio. El GIEI dedicó buena parte de su tiempo a dudar de las conclusiones a las que había llegado otro de los equipos de investigadores, la Comisión Presidencial para la Verdad en el Caso Ayotzinapa, COVAJ, que señalaba que un jefe militar habría ordenado el asesinato de un grupo de los 43, días después del ataque. En la presentación de los informes del GIEI siempre están los abogados del Centro Pro.

Las nuevas infecciones no son las únicas que han sufrido los abogados del Centro Pro. Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el Estado también apuntó a sus teléfonos celulares. Ya entonces, los defensores estaban involucrados en el caso Ayotzinapa, pero también en otros en que militares habían sido acusados de ejecuciones extrajudiciales, como el caso Tlatlaya. En un comunicado, la organización ha dicho: “La confirmación sobre la reiteración del espionaje contra el Centro Prodh en este sexenio, causa indignación y preocupación. Se trata de dos ataques en dos sexenios diferentes contra la misma organización, por defender derechos humanos, lo que entendemos es un caso único a nivel mundial”.

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