El homicidio del activista Javier Barajas ilustra la impunidad total del crimen en Guanajuato

Con la campaña electoral a punto de echar el cierre, el asesinato del activista Javier Barajas en Guanajuato certifica la inoperancia de las autoridades en el Estado, tanto a nivel federal como local. Atacado el sábado por la noche, Barajas era abogado y funcionario de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas. Sicarios le tirotearon en su pueblo, Salvatierra, cerca de Celaya. Era el mismo municipio donde su hermana había desaparecido en 2019, el mismo lugar donde aparecieron sus restos un año más tarde.

No se sabe mucho del ataque más allá del tópico: uno o varios sicarios le dispararon y luego huyeron. Ocurrió entre las 22.30 y las 23.00 del sábado, en la calle Abasolo del municipio, cerca del centro. Una integrante de uno de los colectivos de familiares de personas desaparecidas del Estado explica que Barajas “había ido a comprar algo de cenar”. Los vecinos escucharon los disparos. Alguno salió y vio un hombre tirado en el suelo. Era Barajas. Llamaron a una ambulancia, pero no sirvió de nada.

La integrante del colectivo, que prefiere ocultar su identidad por seguridad, explica que la familia Barajas había sido muy activa en labores de búsqueda en Guanajuato, un Estado que cuenta más de 2.500 personas desaparecidas. “Ellos empezaron buscando a su hermana y fue tal su buen desempeño, que Javier dejó su trabajo y se integró en la comisión estatal de búsqueda. Eso fue un poco después de que identificaran a su hermana”, explica. “Es que el papá y él siempre andaban buscando. Allí en Salvatierra siempre asistieron a las jornadas de búsqueda, que fueron muy intensas de mitad de octubre de 2020 a finales de noviembre. Y luego cuando había búsquedas en otras partes del Estado también iban”, añade.

La hermana del abogado, Guadalupe Barajas, había desaparecido el 29 de febrero de 2020. Maestra, como sus padres, la última vez que la vieron fue en el centro de Salvatierra. Desaparecida desde entonces, los restos de la mujer aparecieron en unas fosas clandestinas del mismo municipio, descubiertas a finales del año pasado. Los restos de, al menos, 79 personas han aparecido en esas fosas, localizadas a 10 cuadras del centro. Hasta el momento las autoridades han identificado al menos a 40.

El hallazgo de los restos de Guadalupe Barajas y el asesinato de su hermano cierran así el particular círculo de horror de la familia, un reflejo del sufrimiento de una región especialmente castigada por la violencia. En 2020, el Estado registró más de 4.000 asesinatos, 1.000 más que durante el año anterior, la región que más casos contó de todo el país.

Los motivos que se esconden tras la violencia en Guanajuato son cuantiosos y variados. Primero, por el contexto, la campaña electoral. Hace apenas una semana, sicarios atentaron contra Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, cerca de Salvatierra. Era el cuarto ataque mortal contra un candidato en el Estado en lo que va de campaña.

Cuando no hay campaña, la culpa se la reparten el tráfico de drogas, el narcomenudeo, el robo de combustible o la pelea por el control de la extorsión o las actividades anteriores. Durante años, prensa y expertos han señalado la pugna entre dos organizaciones criminales como punto de partida de la violencia. Se trata del Cartel Jalisco y el Cartel Santa Rosa de Lima. Hace unos meses, el Gobierno detuvo al líder del segundo, evento que apenas ha influido en los índices delictivos registrados en la entidad.

Bernardo León, que asesoró al Gobierno de León en materia de seguridad hace un par de años, opina que el problema no es la supuesta fortaleza de los grupos criminales, sino el modelo de procuración de justicia de la entidad. “No hay ninguna organización criminal en el Estado que tenga más vehículos, armas, personas, inteligencia, tecnología que el Gobierno”, señala. “El problema es que el modelo de seguridad es malísimo. Se cometen una enorme cantidad de delitos al año y se obtienen muy pocas sentencias condenatorias. La cifra negra de delito es altísima. Muchos delitos quedan impunes. Entonces, los criminales están digamos que a sus anchas. Nadie les hace nada y siguen cometiendo delitos y cada vez se comente delitos más graves”.

León, que formó parte del Gabinete de seguridad del presidente Vicente Fox, argumenta que “todo esto del huachicol, los desaparecidos, el narco, tiene la misma raíz: la incapacidad del Estado para combatir el delito”. El experto añade que “el universo criminal de Guanajuato debe ser de 10.000 personas, sobre un Estado de cinco millones de habitantes. Ahí el fiscal piensa muy a la antigua. Piensan que llenándose de tecnología resuelve el problema. Pero no, el problema es que no usan a las policías municipales y estatal para tomar denuncias e investigar”.

Al fondo de la tragedia de los hermanos Barajas yace así el mismo mal, la impunidad. Es cierto que el asesinato de Javier Barajas acaba de ocurrir, pero el bajísimo nivel de resolución de casos que maneja la Fiscalía, mal que afecta al país entero, deja poco espacio a la esperanza de que se haga justicia, en un caso y en otro. La integrante del colectivo zanja: “Ahora en las investigaciones, los fiscales están con la secrecía de siempre. Dicen que es muy pronto”.

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