Dos atentados contra candidatos en Guanajuato elevan el nivel de violencia de la precampaña electoral

La mañana del martes, Alejandro Galicia Juárez, candidato del PRD al municipio de Apaseo el Grande, en el estado de Guanajuato, y Juan Ignacio de la Cruz Ávila, delegado del Comité Estatal del PRD, fueron acribillados a balazos mientras buscaban muros libres para pintar con publicidad electoral. Galicia murió y de la Cruz está herido de gravedad. Una semana antes, la casa de Julio González, candidato independiente por el municipio de Dolores Hidalgo, en la ciudad de León, también Guanajuato, fue atacada con cócteles molotov y acabó parcialmente destruida por las llamas. Ni González ni su familia se encontraban en casa en el momento del atentado.

Dos nuevos golpes que acentúan la crecida de violencia de cara a las elecciones que se celebrarán el 6 de junio para decidir 15 gubernaturas, miles de alcaldías y congresos estatales y federal. Hasta la fecha han sido asesinados 62 políticos y 78 funcionarios relacionados pero sin militancia, para un total de 140 víctimas, según datos recopilados por la consultora Etelleck.

Guanajuato, que arranca la campaña el 20 de abril, acumula ya dos candidatos asesinatos. En enero, el diputado local del Partido de Acción Nacional (PAN) Juan Antonio Acosta fue también acribillado a balazos mientras hacía ejercicio por las calles del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas en Guanajuato. Acosta era precandidato a la alcaldía de este municipio asediado por la guerra entre distintas facciones de la delincuencia organizada.

Guanajuato, un estado tradicionalmente tranquilo y próspero, ha visto con se disparaban los índices de violencia durante los últimos años. Las autoridades atribuyen la crecida a la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y una mafia local, Cártel Santa Rosa de Lima, dedicada principalmente al robo de combustible. Desde 2018, Guanajuato lidera la lista de homicidos en el país. En 2020 las cifras crecieron un 30%.

El 4 de marzo, el Gobierno federal presentó una estrategia para proteger a los aspirantes a alguno de los 20.000 cargos en disputa. Y se pidió a los partidos políticos que colaboren en mantener las elecciones limpias de sangre. Entre las medidas anunciadas se buscaba elevar la protección policial para los candidatos amenazados y diseñar estrategias de seguridad en zonas conflictivas. Desde aquel anuncio, han sido asesinados al menos siete candidatos. Veracruz, Guerrero, Morelos y Guanajuato registran las cifras más altas de mortalidad.

Desde el pasado 7 de septiembre en que inició el proceso electoral hasta el 20 de este mes, donde se produjo el corte estadístico, la consultora Etelleck ha registrado 239 agresiones contra políticos que han dejado 62 víctimas mortales solo entre los políticos, siete de ellas mujeres. 18 aspiraban a cambiar el signo político de sus ciudades, el resto quería revalidar. Otros funcionarios, muchos relacionados con los cuerpos policiales también han perdido la vida. El 22% de los que han sido asesinados pertenecen al PRI y el 17% a Morena, los más afectados por la ola de violencia preelectoral.

Etelleck detecta desde 2018 una tendencia preocupante y sospechosa: la violencia recae sobre todo en aquellos políticos cuyas siglas no coinciden con las de quien gobierna el Estado. El 76% de las víctimas de homicidios dolosos son opositores al poder estatal. De los 18 aspirantes asesinados, 12 eran opositores a los Gobiernos estatales. El director de Etelleck, Rubén Salazar, ha señalado en alguna ocasión a este periódico que estos crímenes no pueden despacharse atribuyéndolos en bloque a la delincuencia organizada o al narco. Opina que, en buena medida, se trata de sicarios contratados, pero lo que se dirime es el poder político, que en numerosos territorios es un salvoconducto contra la pobreza, una forma de vivir o de perpetuarse en el cacicazgo.

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