Macarena Rodríguez, la única española presa en México: 15 años por un delito que nunca se cometió

El Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla se encuentra en el paisaje gris de la periferia de Ciudad de México. Desde afuera del penal, rodeado de un muro alto con valla de espino, se ven las ventanas donde las mujeres privadas de su libertad tienden la ropa. En el interior se encuentra Macarena del Rosario Rodríguez Farré, de 50 años, originaria de Lérida, España. Orgullosamente gitana y lesbiana, Rodríguez está por cumplir 15 años recluida. Fue sentenciada a 22 años de cárcel acusada de un delito de secuestro express por una disputa de 1000 pesos, unos 50 dólares. Según Rodríguez, testigos y la propia víctima, tal secuestro nunca sucedió.

Ya estando presa, Rodríguez ha desarrollado una enfermedad crónica degenerativa, poliquistosis renal, la cual acorta significativamente la esperanza de vida. Pese a las iniciativas recientes impulsadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para amnistiar a presos por delitos menores, Rodríguez se ve condenada a morir en la cárcel. En una carta desde su celda, ella misma explica así su situación: “Los mismos servidores públicos me han llegado a decir: no creas que por ser extranjera y tener embajada te tenemos miedo. Aquí no tienes voz ni voto y haces lo que nosotros queramos”.

Una amplia gama de abogados y expertos en derechos humanos se han sumado a su causa, constatando numerosas irregularidades en el caso. Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos al entonces presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. Tras esfuerzos por diferentes vías, se le acaba de aprobar una petición de traslado a España gracias a un convenio bilateral, lo que permitiría que termine su sentencia en su país. Sus abogados buscarán, una vez en España, la posibilidad de una amnistía.

La detención

Rodríguez llegó a México en 1998. Vendía chamarras de cuero en un local en la colonia Juárez, donde vivía cómodamente con su esposo e hijos. En el año 2005, su esposo la abandonó después de una estafa que les hizo perder su negocio y su vivienda en Lérida. Rodríguez se encontró en México sin apoyo familiar y económico, teniendo que hacerse cargo de tres hijos menores.

Sin oportunidades laborales, empezó a ganarse la vida a través del trabajo sexual. Una noche en agosto del 2008, en un hotel en la colonia Guerrero donde vivía y ejercía la prostitución, una compañera tuvo un conflicto con un cliente. El hombre no traía dinero para pagar a la sexoservidora. Pidió a Rodríguez que hablara a la madre del cliente y se hiciera pasar por policía para pedir que le trajera 1.000 pesos (unos 50 dólares).

Cuando la señora llegó y descubrió el motivo verdadero de la llamada y del dinero, se negó a pagarlo. Comenzaron a discutir. Queriendo resolver la disputa, Rodríguez habló a una patrulla que pasaba por la zona. Pidieron que el cliente, la madre, la trabajadora sexual y Rodríguez les acompañarán a la delegación para resolver el asunto.

Llegando a la delegación, según Rodríguez, ella notó que el señor y su madre hablaban en privado con los policías. A Rodríguez le informaron que ahí no les podían atender, y se trasladaron a la sede de la Fiscalía General de Justicia. Un policía judicial le dijo que la iba a llevar con el médico. En la carta que escribió sobre su detención y reclusión, ella relata: “Me dijeron que agarrara como un cartel en donde decía secuestro express y empezaron a hacerme fotos. Así fue que supe que estaba presa”.

El juicio

Nunca le leyeron sus derechos. No se le informó de qué estaba siendo acusada, ni notificaron al consulado español. Fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla. Se le imputó un cargo de secuestro exprés, alegando que ella y un muchacho que trabajaba en el hotel cuidando vehículos habían secuestrado al hombre y extorsionado a su madre un pago de 1.000 pesos.

En el juicio, los mismos testigos aseguraron que no había sucedido ningún secuestro. Según el expediente del caso, al que ha tenido acceso este diario, la madre de la víctima aseguró que ella nunca hizo una denuncia de secuestro exprés: “Así lo pusieron en la delegación.” El representante legal del hotel también afirmó que “no es cierto que haya habido un secuestro”. El juez fundamentó su argumento en la presunción de culpabilidad, argumentando que la acusada no presentó ningún elemento que probara su inocencia. Sentenció a Rodríguez a 22 años y seis meses en prisión.

La fabricación de delitos es una práctica endémica dentro del sistema de justicia en México. Según datos oficiales del 2021, el 42% de personas privadas de su libertad aseguraron haber sido golpeadas o maltratadas por autoridades para aceptar hechos falsos sobre el delito imputado. Más de la mitad de las personas encarceladas no se declararon culpables, y más de la mitad que se declararon culpables lo hizo a pesar de no reconocer los hechos imputados.

Zaldívar reconoció en 2021 que las prisiones en el país “están repletas de gente pobre e inocente a los que se les fabricaron delitos.” Rodríguez es una de ellas. Según la ONG Intersecta, el secuestro es el delito fabricado más común en México

Además, en los mismos años de sus detención, el periódico El Universal reportó en mayo del 2008, la Secretaría de Seguridad Pública manejaba una esquema de incentivos económicos que premiaba a los policías por realizar detenciones. Rodríguez asegura haber sido blanco de tal esquema. “Aquí en Santa Martha, supe que a los policías les estaban dando un bono de 5.000 pesos y unos vales de despensa por cada secuestrador que traían a la cárcel. Eso costó el dejarme sin libertad, cortarme la vida de un tijeratazo”.

Enfermedad y amnistía

Dentro del penal de Santa Martha Acatitla, como en el sistema penitenciario en general, todo tiene un costo, desde el garrafón de agua potable al papel higiénico y jabón. Cada presa se encarga de costear sus necesidades básicas de higiene, insumos que dentro de la cárcel cuesten varias veces más que en el exterior. Las presas y sus familiares denuncian que la atención médica es escasa. Una unidad médica brinda atención básica, pero incluso cuando el médico receta algún tratamiento, se viven carencias constantes de medicamentos en la farmacia del penal.

En estas condiciones, en noviembre del año 2013, a Rodríguez le detectaron lesiones en los riñones. Tres años después, fue confirmado el diagnóstico de poliquistosis renal, un padecimiento crónico que ha terminado con la vida de algunos de sus familiares, entre ellos su madre.

La enfermedad implica el crecimiento de quistes en los riñones, que poco a poco obstruyen el funcionamiento de otros órganos. Desde su diagnóstico, Rodríguez ha tenido acceso esporádico al medicamento que requiere su condición. No se sabe en qué fase de la enfermedad se encuentra, sin embargo, ha desarrollado varios padecimientos a raíz de la misma, entre ellos hipertensión, la cual de acuerdo a la Sociedad Española de Nefrología indica un estado avanzado de poliquistosis renal.

Amnistías fallidas

En agosto del 2019, a Rodríguez se le notificó que su caso estaba bajo revisión. Le entregaron un documento que afirmaba que se encontraba dentro del llamado Plan de Atención a Mujeres Privadas de su Libertad en la Ciudad de México, una iniciativa promovida por la entonces nueva jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum destinado a casos de mujeres presas con enfermedades crónicas degenerativas.

“Me hicieron todos los estudios pertinentes y todas las áreas de la institución me apoyaron y dieron respuesta favorable”, relata. “La directora [del penal de Santa Marta] me enseñó el oficio y vi que mi nombre era el primero de la lista”.

Rodríguez ya llevaba 12 años presa. Pensaba que por fin iba a ver algún tipo de justicia. La entonces subdirectora de programas sociales, le informó que al salir llegaría al Casa Hogar Paola Buenrostro, un albergue para mujeres y población LGBTQ+ en la Ciudad de México. “Me dijeron que todo marchaba muy bien, que lo más seguro es que no pasara la Navidad del año 2019 aquí sino en la calle. Yo estaba muy ilusionada, no me la podía creer. Me aseguró que casi estaba yo libre”.

Ilusionada, se preparaba para volver a la vida que le había sido arrebatada. Pero de repente dejó de saber de los oficiales. Llegó la Navidad. Ella llamaba y llamaba. La respuesta es que ya no estaba la servidora que había prometido su libertad. Le dijeron que el nuevo encargado estaba revisando el papeleo de nuevo. No la volvieron a contactar. Pocos meses después, llegó a México la pandemia de la covid-19. Rodríguez seguía dentro de la cárcel. Casi dos años después, Rodríguez se enteraría que su solicitud nunca fue siquiera presentada ante el juez.

Pandemia

En marzo del 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), también entró al caso de Rodríguez. En esa época, se anunció la liberación la liberación de 78 presos del sistema penitenciario de la Ciudad de México para reducir el riesgo de contagio. Rodríguez seguía en la cárcel. “Ella señalaba muchas violaciones a sus derechos humanos, entre ellas, que a pesar de sus padecimientos médicos no se le proveía de atención médica oportuna ni medicinas, enseñando recetas médicas en el que le ponían la leyenda ‘no hay”, apunta Víctor Hugo Rodas, que en aquel momento trabajaba para la CNDH. El acceso a su expediente médico era otra de sus demandas.

Poco a poco, se dio a conocer su caso en algunos medios de comunicación. Abogados de organizaciones nacionales e internacionales se fueron sumando a su defensa. Pero mientras más se organizaban para buscar su liberación, más trabas encontraban de las autoridades. Tras una reunión con el Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México donde Rodas y otras activistas insistieron en las violaciones a los derechos humanos de Macarena, el servidor de la CNDH recibió una denuncia por golpear a un policía dentro de las instalaciones del penal y acabó saliendo del caso de Rodríguez. “A partir de ese momento, continué con el caso por mi cuenta como defensor de derechos humanos”, comenta.

A partir de ahí, las autoridades penales empezaron a tratar a Rodríguez con más dureza que nunca. Fue castigada con la medida de aislamiento en diversas ocasiones, siendo obligada a permanecer por varios días en celdas que no tenían servicios de luz eléctrica o acceso al agua potable. No se le permitía el acceso de medicinas y tenía que dormir en el suelo.

Sin embargo, ella mantenía la esperanza. En mayo del 2021, se casó con una mujer que conoció dentro del penal. La boda fue asistida por el equipo de abogados y activistas que acompañaban su caso. Tuvo lugar en el patio de visitas de Santa Martha, entre paredes de hormigón, algunos pintados con murales que buscan dar color al espacio austero.

Las novias posaban para sus fotos de boda frente a un fondo de alambre de espino y la torre de control. Mientras se abrazaban, Rodríguez narraba los sentimientos encontrados que le deparaba el día. “Estoy muy nerviosa, muy emocionada. Hoy es el día mas feliz de mi vida, pero ya quiero que se me abran las puertas de este lugar, porque ya son 13 años lo que llevo aquí y ya no puedo más”, afirmó.

Entre felicitaciones y platos de ensalada, carne y tarta de nata y chocolate, Rodríguez aprovechó para comentar detalles de su caso a voz baja con los defensores y periodistas, algunos que solo conocía por llamadas telefónicas. “Mi estado de salud cada vez es peor y no me hacen los estudios pertinentes”.

Obstáculos continuos

Entre presiones constantes de la propia CNDH, sus abogados metieron un amparo para exigir la atención médica. Lo ganaron, pero las autoridades apenas cumplieron a medias. Al regresar al penal, la mandaron otra vez a una celda de aislamiento.

En mayo del 2022, llegó otra esperanza. El ministro Arturo Zaldívar visitó a Santa Martha para revisar casos de mujeres injustamente encarceladas. Se reunió con un grupo de mujeres que las autoridades penitenciarias habían señalado que eran presas por sentencias injustas. Rodríguez compartió su historia con el entonces presidente del alto tribunal del país. Entre la lista de presas a ser consideradas para amnistía estaba ella. El Instituto Federal de la Defensoría Pública formuló una solicitud de un indulto para Macarena, la cual tampoco ha obtenido respuesta.

El año pasado, Rodríguez intentó suicidarse, según pudo confirmar Rodas, que siguió visitándola por fuera de la CNDH. Ha perdido cerca de 20 kilos, y su vientre está abultado por los quistes en sus riñones. Tras los obstáculos y la persecución de las autoridades, su esposa también la dejó de visitar.

A finales del 2022, el cónsul español solicitó el traslado a España. La Fiscalía mexicana tardó siete meses en entregar los documentos esenciales para la tramitación de la petición de traslado. El jueves 6 de julio, a poco menos de un mes de cumplir 15 años de su detención, un juez por fin aprobó la solicitud. Ahora Macarena espera que se lleve a cabo la logística necesaria para trasladarla a su país de origen.

En agosto en el patio de visitas de Santa Martha, Rodríguez fumaba un cigarro, hablaba de sus raíces gitanas y la música que siempre estaba presente en su casa, tratando de subirse los ánimos mientras lamentaba su situación. “Tenemos que poder volar”, dijo, “y aquí es como una jaula”.

Este trabajo ha sido financiado por la beca de National Geographic COVID-19 Emergency Fund for Journalists

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