La ley del trabajo cambia en México, los sindicalistas no

La foto sindical mexicana es un dinosaurio que se mueve con lentitud. Este primero de mayo, los líderes de las grandes centrales se reunieron en un acto institucional convocado por la presidencia del Gobierno y alguno de ellos lleva más de 15 años en el mismo cargo o unos heredan de otros el puesto, como si se tratara de una Monarquía, sin que pueda hablarse aún de elecciones libres y voto secreto, por más que la reforma laboral haya incorporado ese principio en este sexenio. El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, el priista Carlos Aceves, por ejemplo, tiene 82 años y una larga vida institucional, ahora como senador. Esa doble condición de político en activo y líder sindical es común a más de uno. El primero de mayo, las organizaciones de defensa del trabajador no salen a las calles en masa, como cabría esperar, sino que se reúnen con el poder. Lo resumía con esta frase Ricardo Aldana, secretario general del sindicato petrolero Pemex: “No hay ningún problema con el Ejecutivo federal, estamos perfectos”.

Los expertos en política laboral y sindical suelen decir que la democracia aún no ha llegado a los sindicatos mexicanos, envilecidos durante décadas por la corrupción y la mala fama entre la ciudadanía, quizá acostumbrada a ver a los grandes caciques coleccionar obras de arte o moverse en avión privado, sin que la justicia alcance a castigar un enriquecimiento que si está mal visto en el mundo político, en el sindical resulta esperpéntico. Las últimas reformas, sin embargo, han conseguido que en algunos sectores, como el automotriz, haya un rayo de luz, una vez que los procesos electorales se han democratizado sobre el papel. Pero el avance es tímido.

La reforma de la Ley de Trabajo de 2019 impuso a los sindicatos la legitimación de sus Contratos Colectivos, que esta semana han concluido el plazo transitorio: solo unos 17.000 han pasado el filtro y más de 120.000 no han conseguido esa legitimación que expide la Secretaría de Trabajo, por lo que se dan por extinguidos, aunque las condiciones se mantendrán para los trabajadores. Quiere esto decir que los empleados ni sabían de esos convenios, sino que todavía impera la figura del llamado “contrato de protección”, o sea, que los líderes sindicales garantizan al patrón que no habrá revueltas en la empresa y el patrón los protege de la incursión de otros sindicatos avalados por los trabajadores en un proceso democrático.

No hay cultura sindical. “Ese es el problema, la reforma funciona en sus plazos y su diseño es correcto para crear un contexto favorable a la democratización, pero son los trabajadores los que deben activar todo esto. México tiene una cultura atrasada en democracia, la ciudadanía no ejerce ni exige sus derechos”, resume Graciela Bensusán, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en Xochimilco, una de las grandes expertas en política laboral.

“La reforma”, dice Bensusán, “vino de arriba y de afuera”, es decir, contó con el concurso de académicos, políticos y algún sindicalista y bajo las condiciones impuestas por el Tratado de Libre Comercio (TMEC) entre México, Estados Unidos y Canadá, pero aún no ha calado entre la población. “Llevará su tiempo, no es fácil derribar 100 años de autoritarismo, verticalidad e ignorancia de los trabajadores, que aún no son conscientes de para qué sirve un sindicato ni qué se puede obtener de él. Hasta ahora solo les han sacado las cuotas que pagan o se han lucrado con los derechos de los trabajadores”, critica. La académica, con más de 20 libros publicados sobre sindicalismo y decenas de artículos, ve un ejemplo claro de esta carencia en sus propios estudiantes: “Ni se les pasa por la cabeza que quieran pertenecer a un sindicato, debido a la bajísima credibilidad que tienen”. Sin embargo, afirma, “así sean pésimos, a los trabajadores les va mejor con sindicatos que sin ellos, pero no lo perciben”. A su parecer, el legado del viejo modelo sobrevivirá todavía un tiempo “porque tiene recursos y poder, tienen el apoyo de los empleadores”.

En este sexenio se ha elevado el salario mínimo, lo que jalará al alza el resto de sueldos, se ha logrado cierta estabilidad laboral, se han concedido más días de vacaciones y se reparten utilidades. Ahora, es el momento de que los trabajadores perciban sus derechos y los hagan valer, coinciden los consultados. Las cifras de legitimación de contratos colectivos desesperanza a Alfonso Bouzas Ortiz, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral: “En México no hay sindicatos, ni cultura gremial ni asociativa. Se nos hizo creer la existencia de una cultura de estas características y no es cierto. Sabíamos que había simulación, pero la realidad es tan pobre…”.

Bouzas, investigador de Estudios del Trabajo de la UNAM, quiere comprender la realidad por la “cruel ley de oferta y demanda” existente, donde los obreros ansían tanto un trabajo que acaban conformándose con lo que les ofrecen, “con tal de tener un salario y unas perspectivas de vida”. Por eso vuelve la mirada a la gente joven, para que hagan valer sus demandas y “construyan el sindicalismo que quieren y esperan”. “Pero las décadas de cultura de la simulación no se van a superar en años y solamente ocurrirá en un escenario tansnacional, donde el TMEC venga a escribir nuevas historias”. Tampoco confía mucho en lo que ahora llaman sindicatos independientes, pocos y débiles, en los que Bouzas ve “gran parecido” con las grandes centrales corporativas.

Los independientes salieron a las calles este primero de mayo mientras algunos líderes sindicales comían con el presidente. Otros habían participado en el acto institucional. Ahí estaban nombres como Pedro Haces, de Catem, Alfonso Cepeda, del SNTE, Carlos Hugo Morales, del Stunam, Víctor Fuentes del Villar o Víctor Flores, polémico líder del sindicato ferrocarrilero, que estuvo en la cárcel. “Y si no los invitan, se sienten ofendidos, incluso los independientes”, asegura Bensusán, quien opina que estas reuniones con el poder mantienen la inercia de décadas en las que suponían que al lado de los políticos crecerían. “Una comida así es no entender la reforma, que se hizo para consagrar la autonomía sindical. No me parece bien esa comida”, afirma. La enmarca en el viejo régimen donde lo político y lo laboral caminaban juntos y revueltos. “Esa comida solo manda una señal de continuidad. El único papel del Gobierno”, dice la académica, “es garantizar que la ley laboral se cumple y avalar el voto secreto, personal y libre”.

Bouzas también defiende esa autonomía sindical, pero opima que en la Administración de López Obrador “se está haciendo lo correcto”. El hecho de que todos ellos estén invitados a la comida o el acto institucional significa que el Estado “no estigmatiza a nadie. No le toca a la Secretaría de Trabajo ni a Presidencia acusar penalmente o establecer responsabilidades laborales” a los sindicatos. “Se está diciendo a los trabajadores que son ellos los que deciden quiénes les dirigen. Son ellos quienes tienen que cuestionar a algunos de esos delincuentes que forman la empresa y forman el sindicato. Los corporativos no solo pertenecen a la historia, son un juego de niños frente a algunos nuevos”, afirma pesimista.

El presidente del Gobierno ha incidido en volcar cierta responsabilidad de lo que está ocurriendo en los trabajadores. En un discurso reciente, afirmó: “Son nuevos tiempos, los trabajadores son libres y tienen que ejercer su libertad, la libertad no se implora, se conquista. Puede haber condiciones nuevas, que las hay, para que el voto sea secreto, para que no lo compren ni haya amenazas, pero si el trabajador no se atreve, si no tiene la arrogancia de sentirse libre, pues va a seguir apoyando a los líderes antidemocráticos, charros. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos, hay una especie de masoquismo, tenemos que rebelarnos”.

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