El FBI busca a cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados en Tamaulipas

Cuatro ciudadanos de Estados Unidos están desaparecidos desde el viernes, después de que un grupo de hombres armados los secuestrara en Matamoros, Tamaulipas. Ocurrido a plena luz del día y grabado en vídeo, el secuestro amenaza las relaciones entre ambos países y su delicada colaboración en materia de seguridad. La Casa Blanca se ha referido al caso en la tarde del lunes y ha calificado el secuestro de inaceptable. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que los secuestrados, que circulaban a bordo de un carro con placas de Carolina del Norte, habían cruzado la frontera para cruzar medicinas. El FBI ofrece una recompensa de 50.000 dólares por información sobre su paradero.

Todo empezó el viernes, a partir de los vídeos que empezaron a circular en redes sociales. En Matamoros, hombres armados, ataviados con equipo táctico, cargaban los cuerpos de otros hombres, aparentemente inconscientes, en la batea de una camioneta blanca, después de una balacera. Era el enésimo ejemplo del poder del crimen organizado en el país, capaz de actuar en pleno centro de una ciudad, con el sol en su cenit, como si gestionara las consecuencias de un accidente vial.

En las primeras horas, incluso en los primeros días, el asunto se tomó de manera literal, una muestra más de la guerra de baja intensidad que viven algunas regiones del país. En un comunicado, la policía de Tamaulipas dio algunos detalles. “Durante la última hora se han suscitado dos incidentes armados entre personas civiles no identificadas, lamentando pérdidas de vidas humanas y lesionados”, leía el texto. Ni la misma policía sabía cuántas víctimas había o cuántos heridos, menos dónde estaban. Luego se supo que una mujer había muerto producto de una bala perdida.

Había un detalle que extrañaba. En los vídeos se observaba que los hombres armados, además de cargar los cuerpos inconscientes de otros hombres, habían obligado a una mujer a subirse a la batea de la camioneta. Era una mujer negra, con una larga melena de rastas color claro. En algunos medios se ha especulado con la posibilidad de que fueran haitianos, vista la cantidad de ciudadanos del país caribeño que ha llegado a la frontera en los últimos años. Incluso, CNN ha informado citando fuentes oficiales que los atacantes habrían confundido a los visitantes con traficantes de droga de aquel país. Otros medios apuntan que los responsables son una facción del Cartel del Golfo enfrentada a Los Zetas, otro grupo criminal.

Nada se dijo durante el fin de semana, pero el domingo, las autoridades estadounidenses dieron la voz de alerta. En un comunicado divulgado el domingo en la noche, el FBI informaba de que cuatro ciudadanos de EE UU habían cruzado el viernes la frontera que separa Brownsville de Matamoros, en una “miniván blanca”, con matrícula de Carolina del Norte. “Poco después de cruzar, pistoleros sin identificar tirotearon su vehículo, llevándose a los cuatro”. Este lunes, el embajador de EE UU en México, Ken Salazar, divulgó igualmente un comunicado: “Oficiales de diversas agencias de procuración de justicia estadounidense están trabajando con las autoridades mexicanas en todos los niveles de Gobierno para lograr el regreso a salvo de nuestros compatriotas”.

La Casa Blanca condena el secuestro

La Casa Blanca ha condenado el secuestro, que ha calificado de “inaceptable”, informa Macarena Vidal Liy y ha subrayado que continuará su colaboración con México para localizar a los culpables y llevarlos ante la Justicia. “Nuestros pensamientos están con las familias de estas personas. Estamos listos para proporcionar toda la asistencia consular que sea necesaria, y los organismos responsables de hacer cumplir la ley en Estados Unidos están en contacto con sus homólogos mexicanos”, ha declarado Karine Jean-Pierre, la portavoz del presidente Joe Biden, en su rueda de prensa diaria. El jefe de Estado ha sido informado de la situación, indicó Jean-Pierre, que no quiso contestar a más preguntas en torno al caso alegando cuestiones de privacidad.

Por su parte, el Departamento de Estado ha recordado, por boca de su portavoz Ned Price, que recomienda a los ciudadanos estadounidenses no viajar bajo ninguna circunstancia a Tamaulipas, uno de los estados mexicanos que ese organismo incluye en su nivel 4 de peligrosidad, el más alto. “Pedimos a los estadounidenses que sigan este consejo”, ha instado Price.

Este lunes también, el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, ha comparecido ante los medios para explicar en qué anda la investigación. Barrios ha explicado que los peritos de la dependencia han realizado “pruebas de balística reconstructiva y comparativa, para los casquillos percutidos encontrados en el sitio para identificar las armas utilizadas”. Los expertos se han encargado además de “levantar indicios de huellas dactilares las cuales se ingresan a la base de datos para lograr su identificación”, de “tomar muestras biológicas para extracción de perfiles genéticos”, y de “revisar y analizar las imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona”.

Ante un caso de alto perfil como este, en que la Casa Blanca interviene y el FBI ofrece recompensas de unos 50.000 dólares por datos que ayuden a encontrar a los ausentes, aparece de nuevo en escena el marco de colaboración en materia de seguridad entre ambos países. A finales de 2020, la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena, aprobó una ley que limitaba la presencia y movimientos de agentes extranjeros en México. Esto ocurría tras la detención, meses antes, del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos.

Al Gobierno mexicano le molestaron las formas del Gobierno vecino, entonces en manos de Donald Trump. Ante las protestas por la injerencia del Ejecutivo de EE UU, el Departamento de Estado de aquel país retiró los cargos contra el general y lo mandó de vuelta a México, junto a las pruebas reunidas en su contra, para que la Fiscalía General de la República (FGR) valorara si debía proceder contra él o no. Meses más tarde, la FGR decidió no hacerlo. El resultado a medio plazo fue además la aprobación de la ley que limitaba el trabajo de agencias como el FBI o la DEA en el país.

Así, resulta difícil decir qué tipo de colaboración se ha establecido para el caso de los cuatro ciudadanos secuestrados el viernes. El fiscal Barrios, que ha informado de la colaboración de fuerzas federales en la investigación, ha dicho que “se está manteniendo comunicación en todo momento con las instancias de Estados Unidos, para el procesamiento de toda la información relativa al caso, que de igual forma permita la localización de los ciudadanos norteamericanos y de los probables responsables”. EL PAÍS ha contactado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del registro y control de agentes extranjeros en el país, para saber si oficiales del FBI u otra agencia han cruzado a Matamoros para ayudar en las pesquisas. La dependencia señala que no tiene más información de la que ha dado López Obrador esta mañana.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país