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Volver a México de vacaciones para ser asesinado

José Melesio, César Salazar y Leo Reyes, residentes en EE UU, retornaron durante unos días a su país de origen: fueron desaparecidos y ejecutados. No hay detenidos por los crímenes. Sus familias piden justicia

Beatriz Guillén
César Salazar, José Melesio y Leonardo Reyes
César Salazar, José Melesio y María Guadalupe Cayente, madre de Leonardo Reyes, sosteniendo la fotografía de su hijo.CORTESÍA / RR SS

José Melesio iba a casarse con Daniela Márquez el próximo septiembre. Viajó desde Cincinnati, donde vivía desde los 12 años, a México para encontrarse con ella. El 25 de diciembre los dos, junto a la hermana y la prima de Daniela, desaparecieron en la carretera que une Zacatecas y Jalisco. Encontraron sus cuerpos en una fosa tres semanas más tarde. En junio de 2021, César Salazar, que residía en Los Ángeles, se reunió con su familia en Guanajuato. Lo vieron por última vez con su primo Jorge Enrique Rodríguez en la carretera de Juventino-Celaya. Encontraron sus cuerpos en una fosa un mes más tarde. En diciembre de 2018, Leo Reyes regresó a San Miguel de Allende para celebrar a la Virgen de Guadalupe. Salió con el coche a buscar señal para llamar a su novia en Dallas, donde trabajaba. Un grupo de policías estatales lo acribilló. Tenían 36, 38 y 23 años. De nacionalidad estadounidense volvían a México por vacaciones. Los tres fueron asesinados. En ningún caso hay detenidos, mucho menos condenados. Sus familias, con las que ha hablado EL PAÍS, piden justicia.

El caso de José Melesio ha revuelto las entrañas de la comunidad de mexicanos en EE UU. Alrededor de 12,3 millones de personas nacidas en México viven al otro lado de la frontera, la mayoría cruzó huyendo de la violencia o de la pobreza, muchos ya nunca regresaron. La familia de Melesio se estableció en Cincinnati en 2010. José, cuenta su padre Enrique, fue al principio un niño tímido, pero después se convirtió en el primer graduado de la casa. Estudió arquitectura en la Universidad de Miami y desde hacía dos años trabajaba en una firma de Ohio, que ahora se encuentra escandalizada tras lo ocurrido con el joven. “Han decidido hacer una beca con el nombre de mi hijo”, dice Enrique Melesio al otro lado del teléfono, desde León (Guanajuato), mientras preparan las maletas para regresar a EE UU, ya sin su hijo.

La familia había planeado pasar año nuevo en Cancún. José debía reunirse con ellos el 28 de diciembre, después de pasar unos días en Colotlán, Jalisco, donde residía su prometida. Todo se desmoronó cuando recibieron la llamada. José, Daniela, Viviana y Paola estuvieron el día de Navidad en Jerez de García Salinas, un pueblito “mágico” de Zacatecas, el nombre que reciben en México las pequeñas localidades que destacan por su historia o arquitectura, a unos 70 kilómetros de la casa de las chicas. Entrada la noche decidieron regresar. A las 23.11 horas a la altura de Víboras, en la carretera federal 23, Daniela Márquez envió una última localización a sus padres. Eso fue lo último que se supo de ellos. A mitad de enero encontraron su camioneta con disparos de bala y los restos calcinados de los cuatro. La hipótesis principal apunta a que los jóvenes se encontraron con un retén del crimen organizado y fueron ellos los que se los llevaron. En esa misma zona se libra una batalla campal entre grupos criminales que ha dejado ya decenas de localidades abandonadas y 17 desaparecidos solo en diciembre.

José Melesio Gutiérrez
El estadounidense José Melesio Gutiérrez y su prometida, la mexicana Daniela Márquez. Cortesía

En la noche del 12 al 13 de junio de 2021, César Salazar, representante comercial de Los Ángeles, y su primo Jorge Rodríguez, profesor de bachillerato, salieron de Guanajuato y tomaron la carretera hacia Celaya. Jorge le estaba enseñando el Estado a César, que había vivido prácticamente toda su vida en EE UU. En un momento del camino de regreso a casa, se les pinchó una rueda. Llegaron a la 1.30 de la madrugada a la gasolinera de Santiago de Cuenda. Ahí acudieron el padre de Jorge y su sobrino Henry a auxiliarlos. En el estacionamiento, se acercó un adolescente de unos 17 años, tomó una foto a César y Jorge, preguntó de dónde eran y mandó un audio: “Son ellos, dicen que son de Yustis, ¿los reconocen?”. Al otro lado, alguien contestó: “No, no los reconocemos, ahí detenlos”. Los hombres se apuraron, a las 2.10 terminaron el cambio de llanta y emprendieron el camino. Al coche de César y Jorge los interceptó una camioneta, se oyeron disparos. Desaparecieron.

Las familias, acompañadas por la Plataforma para la paz y la justicia de Guanajuato, buscaron ayuda en la ONU. El Comité contra la Desaparición Forzada emitió una acción urgente para que el Gobierno mexicano estableciera una estrategia para encontrarlos el 27 de julio. Tres días más tarde, la Fiscalía de Guanajuato anunció que había identificado los restos de los dos hombres en el servicio forense. “Lo que pudimos verificar después es que estaban utilizando ponchallantas en esa carretera, que está en una zona controlada por el Cartel Santa Rosa de Lima”, explica a EL PAÍS Raymundo Sandoval, defensor de los derechos humanos que acompañó el caso. “No fue que ellos estuvieran en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, había una intencionalidad, una estrategia. Es lo que llamamos el dispositivo desaparecedor, que une la estructura de los grupos criminales con la omisión o complicidad de las autoridades”, explica.

A Leo Reyes un grupo táctico que dependía de las Fuerzas de Seguridad Públicas del Estado (FSPE), le disparó en un camino de terracería. Hacía solo un par de días que el joven estaba en San Miguel de Allende, de donde su familia había salido hacía unos siete años para instalarse de forma legal en EE UU. Habían viajado de vuelta porque Leo era un gran seguidor de la Virgen de Guadalupe. Llegó a Guanajuato con sus padres, les acompañó a hacerse un examen de la vista, ayudó a las mujeres del pueblo a sacar unas piedras del río, el mismo día 12 fueron a comprar los arreglos a la Virgen, quemaron la pólvora, se fue a jugar un torneo de fútbol, volvió a su casa bien contento porque había ganado un balón, cenó, se cambió de ropa porque estaba frío y se fue a lo alto, a buscar señal a hablarle a la novia, enumera su madre Guadalupe Cayenta, que termina: “Pero ya no regresó”.

Un hermano de la mujer avisó que habían visto a unas patrullas y que el joven no volvía. Salió toda la familia a buscarlo y se oyeron los disparos. Guadalupe y su nuera se acercaron arrastrándose sobre las hierbas hasta donde estaban los agentes y el vehículo de Leo. “Estábamos tiradas y estuvimos escuchando lo que decían. ‘Puto reyes, ya había valido verga’, dijo la voz de una mujer, ‘vamos a retirarnos, aquí no pasa nada’, dijo un hombre. Ya iban a empezar a acordonar y nosotras tiradas, no pudimos grabar porque estábamos muy cerquita”, recuerda entrecortada ahora la mujer desde San Antonio. Se fueron como habían llegado, con los codos sobre el tepetate. Lo buscaron en el pueblo, en los hospitales y en la subprocuraduría. El 13 de diciembre de 2018, Leo Reyes estaba muerto.

La familia logró en septiembre que se reabriera el caso, cerrado de carpetazo por la Fiscalía. La versión de las autoridades no encajaba para la jueza: aseguraron que Reyes disparó primero, pero solo había casquillos de los agentes; que iba acompañado de otra persona y que se sintieron amenazados, pero él estaba solo; que murió en la “balacera”, pero los peritos han demostrado que el joven falleció desangrado de un disparo en la espalda. Ningún policía llamó a la ambulancia para auxiliarlo: dejaron que se muriera.

La historia sigue atravesando la voz de su madre. “Nos dejaron muertos en vida. No hay respuestas”, dice Guadalupe, “él estaba en un camino de terracería que va para nuestro rancho, aquí somos todos conocidos, es una sola entrada y una sola salida, ¿qué andaban haciendo tantos de ellos aquí?”. Después de estos años, Raymundo Sandoval, que ha estado con la familia, apunta a que los agentes “perdieron el control, utilizaron las armas de fuego sin respetar la escala del uso de la fuerza y cuando se dieron cuenta del abuso, trataron de encubrirlo”. La mitad de los seis agentes que estaban esa noche ya no trabajan en Guanajuato. Ninguno ha sido incapacitado, tampoco procesado. “Ellos se equivocaron porque pensaron que no los había mirado nadie, pero nosotros ahí estábamos”, dice Cayenta, que reconoce que sabe que está en riesgo.

“En ninguno de estos tres casos ha habido sanción y eso revela un patrón”, afirma el activista, que apunta a que las muertes de Leo, César y José se visibilizaron, pero que no se sabe cuántos más casos de desapariciones hay en la carretera de Guanajuato, en la de Zacatecas, cuántas ejecuciones extraoficiales. “Sus casos demuestran la dificultad para transitar libremente en Guanajuato, que vive una crisis generalizada de inseguridad, que ha crecido en los últimos cinco años. Las desapariciones son la punta del iceberg de las expresiones de violencia”, apunta, “mientras tenemos proyectos de vida truncados por la violencia”.

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Beatriz Guillén
Reportera de EL PAÍS en México. Cubre temas sociales, con especial atención en derechos humanos, justicia, migración y violencia contra las mujeres. Graduada en Periodismo por la Universidad de Valencia y Máster de Periodismo en EL PAÍS.

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