Juanita Alonzo, la joven indígena que hasta López Obrador pide sacar de la cárcel

Cuando el 10 de noviembre de 2014 Juanita Alonzo abrió la puerta de una vivienda en Reynosa empezó a contar los días de tormento. Alonzo tenía 27 años cuando fue acusada de secuestro y detenida por la policía de Tamaulipas, al norte de México. Acababa de llegar de Guatemala, estaba esperando para cruzar a Estados Unidos, y solo hablaba chuj, una lengua de la familia del maya. No entendía lo que esos agentes le decían ni los papeles que querían que firmara. Después de ser torturada accedió a poner su nombre en una declaración acusatoria de la que no comprendía una palabra. La metieron en Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa y ahí sigue desde entonces. Su caso, que ya ha sido reclamado por la ONU, ha llegado este viernes hasta Andrés Manuel López Obrador: el presidente pide a la Fiscalía de Tamaulipas su liberación inmediata.

Juanita Alonzo nació y creció en un pueblo del norte de Guatemala, San Mateo Ixtatán, muy cerca de la frontera con México. No tuvo oportunidad de estudiar, su lugar estaba ayudando en la casa. El día que su padre Antonio Alonzo abandonó a su madre, ella supo que iba a tener que trabajar para que sus hermanos sí pudieran seguir en la escuela. Decidió migrar para encontrarse en Atlanta, Georgia, con su tío Pedro Alonzo. “Ella pagó a un coyote para que la trajera aquí a vivir conmigo”, cuenta el hombre a EL PAÍS por videoconferencia. Tardaron dos semanas en recorrer los 1.800 kilómetros de Guatemala a Reynosa, y a unos 10 kilómetros de la frontera, a Juanita le entró un dolor muy fuerte en la cabeza, estaba agotada y enferma. Decidieron dejarla en una casa de seguridad a que se recuperara. “Ahí estaba también una salvadoreña que le pidió su celular”, cuenta Pedro Alonzo, “ella no hablaba español entonces no entendía para qué”.

La otra mujer realizó una llamada al 911 y advirtió a las autoridades de que estaba secuestrada. Los alrededores de la vivienda se llenaron de policía. “Juanita abrió y ya la agarraron a patadas”, describe su tío. Fue trasladada a la comandancia y “torturada completamente”. Comenzó su tiempo en prisión preventiva, una figura muy polémica en México que permite mantener a las personas en la cárcel sin una sentencia. La Constitución solo acepta dos años, pero la realidad es mucho más larga.

Pasaron cuatro años y Alonzo seguía en la cárcel, seguía sin traductor y seguía firmando documentos. “Desde que me agarraron yo firmé todos los papeles. Pero yo pensaba que estaba firmando esos papeles para que me dejaran salir, yo no sabía que me iban a llevar al penal. Nombre, cuando iba aprendiendo me enteré, la verdad me sentí bien feo”, contó la joven a Milenio desde la prisión la semana pasada.

En 2018 su tío Pedro consiguió ir a visitarla por primera vez. Llevaba más de un año luchando para obtener el permiso de entrada a México y buscando apoyos para visibilizar el caso. Ahí entró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Júarez y otros colectivos de Guatemala como Promotores de la Liberación Migrante para documentar todas las violaciones a derechos humanos que Alonzo había sufrido. La suma da: detención arbitraria, tortura, falta de asistencia consular, falta de intérprete, falta de sentencia. “Han mantenido a Juanita en prisión por tantos años, sin que existen pruebas en el expediente en su contra, más que la declaración autoinculpatoria que ella firmó, y la declaración de la otra mujer, que también fue torturada para que acusara a Juanita”, explica Sofía de Robina, del Centro Prodh que ha acompañado su caso.

Siguieron otros tres años y Juanita aprendió algo de español, el lenguaje de la cárcel, adaptó palabras claves, pero a veces se confunde todavía con el masculino y el femenino, también es difícil el plural. “Dice palabras como órale y güey, que aquí en San Mateo nadie dice, claro”, cuenta su tío. Aprendió a tejer para vender algunas artesanías y perdió la esperanza. “Ella físicamente se ve bien, pero emocionalmente está destrozada. Muy traumada. Sufre cada día”, cuenta Pedro Alonzo. De tantos meses y tantas decepciones, Alonzo dejó de creer que saldría.

El Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU analizó su caso y en septiembre de 2021 emitió un díctamen: México tenía que liberarla en un máximo de seis meses. Han pasado nueve. Ahora la situación ha dado un vuelvo con la entrada en escena del presidente. López Obrador ha dicho en su conferencia mañanera: “Están todas las pruebas de que fue torturada y de que lleva años presa. Incluso las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla. Ojalá que lo hagan hoy porque aceptaron que era una injusticia”. Detrás de él se ha pronunciado el gobernador del Estado, Francisco Cabeza de Vaca, en el mismo sentido. Ahora todo está en el tejado de la Fiscalía de Tamaulipas, que se ha comprometido a revisar el expediente.

“La Fiscalía puede desistir en la acusación, es decir, presentar conclusiones no acusatorias y Juanita saldría de forma inmediata”, explica De Robina. Si no lo hace, el caso tendría que llegar al juez que valoraría las pruebas, desecharía otras y emitiría un veredicto. Pero para la familia Alonzo cada día cuenta. “Nos urge que salga libre ya”, dice Pedro. Tanto él como Ana Matilde Gómez, tía de Juanita, tienen que superar muchos obstáculos para entrar en el país a ver su sobrina. La madre de la joven está enferma y apenas puede salir de la casa. Sus hermanos que eran niños cuando ella se marchó, “tienen muchas ganas de verla”. “Ella ha perdido su juventud, su vínculo con San Mateo”, dice el hombre, “ahora todo es un mundo diferente”.

El caso de Juanita Alonzo no es único en México. El Centro Prodh identifica un patrón habitual en la detención de migrantes y fabricación de delitos. Más cuanto más vulnerables: mujeres, indígenas, sin hablar español. Es una forma de las Fiscalías de “aparentar” que sí se lucha contra delitos graves como el secuestro o la trata de personas, explica Sofía De Robina, pero sin entrar en los verdaderos responsables del tráfico de personas: el crimen organizado coludido con las autoridades. Ante las múltiples irregularidades, las Fiscalías se revuelven antes de reconocer que se equivocaron. “Tienen una resistencia a reconocer que las investigaciones que han realizado son contrarias a los derechos humanos”, razona la abogada. Hoy, y también mañana, tienen la posibilidad de liberar a una inocente.

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