Más presión a las finanzas públicas y un efecto limitado: los claroscuros del plan de López Obrador contra la inflación

Con un pacto con las empresas para mantener los precios de los productos que integran la canasta básica, mayor producción de granos y exención de cobros en la importación de fertilizantes, el Gobierno de México pretende atajar una inflación que ya rebasa el 7,7% a tasa anual, la más alta de los últimos 21 años. El plan que presentó el Ejecutivo este miércoles, con el espaldarazo de las principales cámaras empresariales y jugadores de la iniciativa privada, pretende frenar hasta en un tercio la escalada de precios y promete, incluso, que los efectos comenzarán a observarse en el bolsillo de los mexicanos en los próximos 15 días. Sin embargo, los especialistas prefieren no echar campanas al vuelo. Los expertos consultados por EL PAÍS advierten de que la estrategia planteada por la Administración federal tendrá alcances limitados, dependerá de la voluntad de las empresas e implicará una mayor presión a las finanzas públicas al cierre del año.

Entre los puntos favorables de la iniciativa, reconoce Sofía Ramírez Aguilar, directora del colectivo de economistas México, ¿cómo vamos?, está el acercamiento del Gobierno con la iniciativa privada tras los roces que tuvo el Ejecutivo con la discusión de la reforma eléctrica, además de la intención de frenar en el corto plazo una escalada de precios que para algunas familias ya es insostenible en el país. Sin embargo, la portavoz de este organismo también advierte de que el aterrizaje emergente de dicho plan implicará el recorte presupuestal de otras áreas del presupuesto público, muy probablemente, del área de inversión física que el Gobierno tenía previsto para el resto del año.

El Gobierno mexicano ha replicado el programa de subsidios que viene aplicando en las gasolinas desde hace un par de meses. En el sector alimentario, abarca un total de 16 medidas con vigencia durante los próximos seis meses y que incluyen un aumento en la producción de granos hasta por 4,8 millones de toneladas, congelamiento de peaje en carreteras y líneas férreas, así como la exención en el cobro del arancel del sulfato de amonio como fertilizante, entre otras.

La directora del centro de investigación sin fines de lucro puntualiza que el pacto de precios fue cerrado con los grandes empresarios de México, pero se dejó de lado a la enorme constelación de medianas y pequeñas empresas, quienes no podrán seguirle el paso a la estrategia si no consiguen los insumos o artículos más baratos. “No veo cómo vayan a disminuir los precios de una manera tan tajante y en tan poco tiempo, con un programa de tan corto alcance”, concluye.

Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), señala que recibe el plan gubernamental con “moderado escepticismo”. Lejos de los pronósticos inmediatos de la Administración federal, el director adscrito al CEEY aclara que las medidas empezarán a surtir efecto en el siguiente ciclo de producción agrícola que comienza en junio, por ende, sus efectos se verán hacia finales de 2022. “Una gran ausencia dentro del plan es el no haber elevado las transferencias monetarias a la población más pobre, si hubiera habido una compensación de emergencia para que las personas pobres pudieran comprar productos más caros, yo creo que el plan hubiera tenido más efectividad”, afirma.

El especialista hace hincapié en que uno de los principales problemas de la estrategia radica en que el compromiso de mantener los precios de los 24 productos de la canasta básica solo fue adscrito un centenar de empresas, cuando en el país hay millones de medianas y pequeñas compañías que difícilmente van a poder seguir aguantando la escalada de precios. “Los acuerdos de precios son de carácter voluntario y con un alcance muy limitado, se refieren a un grupo de empresas que tienen un impacto relativamente pequeño en los precios nacionales. Al final el efecto terminará diluyéndose”, específica.

Marco Oviedo, analista económico independiente, explica que el plan del Ejecutivo son una batería de medidas “parciales” e incluso algunas no muy congruentes. El caso más claro es el de los precios de garantía que no tienen sentido imponer en un ambiente inflacionario. Por otro lado, el efecto de control de precios por parte del Gobierno ayuda, no es algo nuevo. “Algunas medidas podrían ayudar en el margen, como la reducción de aranceles o el apoyo en algunos insumos para el productor. El efecto del programa será muy limitado. Al final, es la política monetaria la que debe componer la tendencia de la inflación” comenta. El experto señala que será difícil observar resultados rápidos: “Probablemente, hacia el tercer trimestre podemos ver algún avance”, zanja Oviedo.

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