Una jueza revierte la decisión del Gobierno de cerrar las Escuelas de Tiempo Completo

Varapalo al Gobierno por eliminar el programa escolar de Tiempo Completo, que ofrecía horas extraescolares a los alumnos y comidas en el centro educativo. Una jueza ha ordenado detener cautelarmente las reglas de operación educativas dictadas por el Ejecutivo en las que se había prescindido de las dos características propias del programa, la jornada escolar ampliada y la manutención en el colegio. La jueza séptima de lo administrativo de Ciudad de México, ante un amparo de la organización Mexicanos Primero, entiende que eliminar esos dos componentes vulnera “el derecho que asiste a los menores de recibir educación, cuidado y atención mientras sus padres, tutores o personas responsables de ellos no tienen empleo, buscan un empleo” o su trabajo no les permite el “acceso a los servicios de cuidado y atención infantil”. Además, se menciona que el propósito del programa es que “los menores reciban alimentación adecuada para su desarrollo y que esta permita su aprovechamiento académico”.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) comunicó recientemente que el llamado modelo de Tiempo Completo se incorporaba al programa La Escuela es Nuestra, donde se define la organización de los centros y programas escolares. Pero al eliminar el presupuesto para el Tiempo Completo se prescindía de la manutención y la jornada ampliada, lo que, en definitiva, lo aniquilaba. Aunque moribundo por culpa de la pandemia, este programa se venía aplicando con anterioridad en 27.000 escuelas en las que se atendía alrededor de 3,6 millones de niños en entornos sociales desfavorecidos. Muchos de ellos disfrutaban en la escuela de la única comida diaria o la más saludable. El programa permitía también a los maestros contar con un apoyo económico extra por prolongar su jornada en las aulas. Y era especialmente valioso para las mujeres, muchas de ellas madres solteras, porque les facilitaba compaginar la crianza con un empleo fuera o dentro de casa.

Todos estos factores los ha tenido en cuenta la jueza al suspender de forma temporal las directrices educativas. Es el primer paso, caben recursos judiciales a partir de ahora. Desde Mexicanos Primero esperan que en unos días la suspensión sea total y más adelante, quizá en meses o un año, los tribunales entren al fondo de la cuestión. La abogada Claudia Aguilar Barroso, que es quien ha interpuesto este amparo, explica que aunque el auto se ha emitido en un juzgado de distrito de la Ciudad de México aplica en todo el país, puesto que las reglas gubernamentales son federales. “Lo curioso es que los presupuestos para 2022 reflejan un incremento para La Escuela es Nuestra, por lo que no se entendía que hubieran prescindido de este programa, y eso es algo que la jueza tiene en cuenta”, señala. El presupuesto para la Escuela es Nuestra aparece consignado en el auto judicial por 364.600 millones de pesos, casi 30.000 más que en las cuentas para 2021.

La noticia de la eliminación del programa de Escuelas de Tiempo Completo se recibió con estupor por provenir de un Gobierno que tiene el eje central de sus políticas en la atención a los más pobres. Pronto se justificó la medida por la corrupción en la que había caído este programa debido al pago delegado a los Estados, que eran quienes retribuían a los profesores, que, efectivamente cobraban con retraso y a los que se ha dejado, en algunas escuelas, varios meses sin pagar. También en los comedores, de los que en ocasiones se encargaban las familias, se produjeron algunos episodios de desvío de recursos. Pero nadie esperaba que estos asuntos se zanjaran con la supresión de un modelo educativo que había dado buenos resultados, a decir de algunos profesores y directores de centros escolares.

El pasado 23 de marzo, la Secretaría de Educación emitió una nota informativa en la que, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, decía, “los beneficios que incluían las Escuelas de Tiempo Completo se mantendrán en el programa La Escuela es Nuestra”, y afirmaba que el dinero destinado a la jornada completa y a la alimentación de los alumnos se entregaría “directamente a las madres, padres de familia y alumnos y alumnas para evitar la participación de intermediarios y/o prácticas irregulares”.

Es práctica común del Gobierno suprimir programas sociales bajo el argumento de prácticas de corrupción y expresar su voluntad de entregar los recursos económicos directamente a los beneficiarios. Así se hace con las becas, por ejemplo, en los últimos tiempos. Y así se ha prometido con otros fondos con los que se atendían múltiples carencias que han sido eliminados. En el caso de las escuelas, no se sabe aún si estas ayudas directas se van a traducir en la permanencia de los niños y niñas en las escuelas, o simplemente serán un apoyo económico para las maltrechas economías de miles de familias. El programa era valioso no solo por lo que proporciona, sino porque el alumnado pasaba más horas en un ambiente educativo, alejados de entornos peligrosos o vagando por las calles toda la tarde. O bien ayudando en las tareas familiares, como el cuidado de los hermanos menores, por ejemplo.

El asunto queda ahora en manos judiciales. Aunque los efectos de esta supresión temporal no serán inmediatos porque el programa estaba, en la práctica, casi anulado tras la pandemia. Si ha de volver tendrán que implementarse una serie de medidas para su nueva puesta en marcha.

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