La ‘mañanera’ en Tijuana se convierte en un reclamo de justicia para los periodistas asesinados

En Tijuana, epicentro de los asesinatos a periodistas de las últimas semanas y una de las plazas más complicadas para ejercer el reporterismo en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expuesto el proceso judicial que se sigue sobre algunos de los crímenes contra informadores, incluidos los de Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, ocurridos en la ciudad fronteriza los días 17 el 23 de enero respectivamente. En la mayoría de los casos comunicados se ha identificado o detenido a los sicarios que dispararon, pero falta averiguar quiénes instigaron el asesinato, de modo que el peligro desaparezca por completo.

En la conferencia matutina se ha escuchado la voz llorosa de una reportera pidiendo justicia y transparencia para sus compañeros enterrados. Lo mismo ocurrió en la mañanera del martes, donde algunos profesionales de la información se negaron a hacer preguntas al presidente como forma de protesta. Y similares plantes se han dado en las últimas horas en el Senado. Muy afectados, los periodistas de Tijuana han hecho de esta conferencia presidencial un alegato contra los crímenes que sufren, sin apenas detenerse en otros asuntos de actualidad. “Trabajamos bajo la sombra de ser asesinados y nuestros crímenes no se aclaran, hemos enterrado a dos colegas en una semana, no dejaremos de exigir justicia”, han dicho.

Respecto a Lourdes Maldonado, el crimen más mediático y que ha supuesto el aldabonazo para movilizaciones por todo el país y la consiguiente respuesta del Gobierno, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, ha señalado que hay tres detenidos vinculados a proceso penal y una investigación abierta contra Erik “N”, Guillermo “N” y Kevin “N”. La investigación sigue para dar con los inductores del crimen para lo que ya tienen en la mira, han dicho, a un sujeto que será clave.

El caso de Maldonado se mantiene en audiencia privada para proteger a uno de los testigos, según explicó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. Y pidió comprensión a la prensa, que reclamaba transparencia. “No vamos a ocultar nada”, ha asegurado López Obrador. Preguntado si las investigaciones incluyen al exgobernador Jaime Bonilla, con quien la difunta mantuvo un largo pleito por razones laborales, el presidente ha respondido que “no hay nada que apunte a una vinculación” del crimen con ese asunto. “Pero se está haciendo la investigación, no está concluido el proceso”. “Yo no recomendaría, aunque somos libres, utilizar estos lamentables hechos con propósitos politiqueros”, ha añadido el mandatario. “Nuestro compromiso es que no haya impunidad para nadie”.

El caso de Margarito Martínez Esquivel se ha relacionado con el crimen organizado y Mejía Berdeja ha sostenido que hay investigaciones de inteligencia avanzadas difíciles de asentar todavía en un proceso judicial. “Vamos a esclarecerlo”, se ha comprometido el presidente. “Queremos que estos asuntos redunden en sentencias condenatorias y proteger a las familias y los testigos”, ha añadido Mejía Berdeja. “Estos grupos [criminales] no están cruzados de brazos y si aportamos información sensible afectamos al proceso. Tiene despachos de abogados que se meten a fondo en estos detalles, tratan de tumbar la detención, como ha ocurrido en el caso de Heber López, en Salina Cruz. El caso de Margarito apunta a un grupo criminal, pero tenemos la obligación de no dar nombres. Ya están por salir cateos y sabrán ustedes de quiénes se trata, pero no queremos alertarlos o dar elementos a sus abogados. Esto es una carrera de obstáculos. Los procesos deben ser exitosos”, ha concluido Mejía Berdeja.

La prensa ha puesto de manifiesto que el mecanismo de protección al que se acogen los periodistas amenazados es utilizado también por “voceros de narcos que aspiran a protección policial”. López Obrador ha anunciado que ese programa ya se está revisando y que habrá información en breve sobre ello.

José Luis Gamboa fue apuñalado el 10 de enero en Veracruz, inaugurando un año negro para los informadores. Ya van cinco muertos en apenas dos meses, casi tantos como los registrados en todo el año pasado. Y las agresiones se suceden. Gamboa no tenía protección estatal. El caso está “muy avanzado, pronto estarán vinculados a proceso los asesinos”, ha dicho Mejía Berdeja. Los dos sicarios que acabaron con la vida de Fredy López Arévalo en San Cristóbal de las Casas, en octubre del año pasado, fueron asesinados, un procedimiento habitual para que los inspiradores del crimen resguarden su impunidad. Pero el caso sigue abierto en la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión, han informado.

El Gobierno se ha remontado hasta 2017, cuando se dieron dos de los crímenes más sonados en México, los de los periodistas Javier Valdez y Miroslava Breach, en Culiacán y Chihuahua, donde ya hay algunas sentencias condenatorias. Tres funcionarios públicos estaban implicados en el crimen contra Juan Nelcio Espinoza en Piedras Negras. Otros reporteros están separados de su tierra para ser protegidos, como Nezayalcóyotl Cordero y su familia. Los dos pistoleros que participaron en el crimen de Heber López, ultimado en Oaxaca el 10 de febrero, recibieron ayuda de los suyos para ser rescatados cuando estaban arrestados y hubo que trasladarlos a otro penal. Entre todos dibujan el terrible panorama en el que se desempeñan los informadores en México, como si se tratara de un país en guerra, según las organizaciones que investigan esta materia.

Con voz temblorosa, una de las reporteras ha mencionado los nombres de los cinco compañeros asesinados este año y todos los colegas que participaban en la rueda de prensa han secundado su grito de presente, en lo que ha constituido uno de los momentos más emotivos de la conferencia.

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