La Justicia frena la construcción del mayor puerto de México para proteger los arrecifes

¿Cómo es posible construir un puerto comercial en un Área Natural Protegida? En el caso de Veracruz, sencillamente se elimina una parte de la zona de protección para que se pueda hacer allí. Un decreto de las autoridades alegando que los corales están muertos y la obra tiene luz verde. Después, las mismas autoridades que dijeron que el arrecife estaba muerto anunciarán un gran plan de traslado de 40.000 familias coralinas para que sobrevivan en otra parte. ‘Que no estaba muerto, que no’, cantaría alguno. La reducción del polígono del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano ocurrió en 2012. Un año después, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) daba los primeros permisos para echar a andar el ambicioso proyecto: la ampliación del puerto de Veracruz para convertirlo en el más grande de México y uno de los principales de Latinoamérica.

Las obras iniciaron en 2016 y ya han destruido buena parte del arrecife Punta Gorda. Encima de los corales levantaron un rompeolas de cuatro kilómetros de largo, un muro hecho con bloques de hormigón de hasta 20 toneladas. El proyecto tenía previsto levantar un segundo rompeolas sobre el arrecife La Gallega, pero, al menos por el momento, esa construcción se va a quedar en los planos. La Suprema Corte de Justicia decidió esta semana por unanimidad cancelar los permisos que otorgó la Semarnat a la obra porque “vulnera el derecho a un medio ambiente sano”, protegido por el artículo cuarto de la Constitución mexicana y por otros tantos tratados internacionales firmados por el país, como el Acuerdo de Escazú.

Una importante victoria para los ambientalistas tras una larga lucha que ha sido, como tantas otras veces, la de David contra Goliat. Dos mujeres de Veracruz interpusieron en diciembre de 2016 un amparo –apoyadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)– contra una obra titánica que contaba con la venia presidencial desde tiempos de Felipe Calderón y un presupuesto total de 70.000 millones de pesos (unos 3.400 millones de dólares). El primer revés se lo llevaron cuando el juez de distrito dijo que las demandantes no tenían un “interés legítimo” en el caso. Recurrieron a un tribunal superior y, tras años de litigios, la Suprema Corte atrajo el caso en enero y ahora les ha dado la razón.

“Esto es importantísimo porque reafirma que cualquier persona puede luchar por los ecosistemas de los cuales depende”, dice Xavier Martínez, director operativo de CEMDA. La demanda hace hincapié en los beneficios ambientales del Sistema Arrecifal Veracruzano, el más grande del Golfo de México y en el que se encuentran más de 35 especies de coral, como las de cuerno de alce y cuerno de ciervo, en peligro crítico de extinción. Es hábitat de erizos, estrellas de mar, varias especies de tortugas y más de doscientos tipos de peces de los que depende la alimentación local, como el huachinango o el robalo. Ese conjunto de arrecifes, cayos e islas fue designado como un Área Natural Protegida en 1992, humedal de importancia internacional por la convención Ramsar en 2004 y Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2006.

Pero hasta ahora, entre la protección del ecosistema y la expansión del puerto había ganado esta última. “La puerta de México al mundo”, desde la que salían las mercancías a Europa en la época virreinal o la que diera la bienvenida a los exiliados españoles, quería más. Si en 2017 el puerto de Veracruz recibió 28 millones de toneladas de carga, la ambición era ampliarlo hasta 95 millones en 2030. También quería ser capaz de recibir buques más grandes, los llamados Panamax, de 325 metros de longitud y que necesitan una profundidad de 20 metros para acceder al puerto. Para ello había que excavar el fondo marino, a pesar de encontrarse allí arrecifes sumergidos como el de La Loma.

“Movilizaron todo el aparato sistémico del Gobierno para que este proyecto ocurriera, incluso hasta reducir el Área Natural Protegida”, lamenta Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), que ha acompañado el proceso. Ahora la Suprema Corte critica duramente la autorización otorgada por las autoridades ambientales, diciendo que las obras “fueron analizadas de manera fragmentada (…), lo que implicó que no se evaluara de forma correcta la viabilidad de toda la ampliación”. Hasta el momento, la Semarnat no ha respondido a las solicitudes de entrevista de EL PAÍS.

Moguel explica que, en México, la propia empresa interesada en realizar una obra es la que paga a una consultora para que evalúe sus posibles impactos ambientales. Después ese documento se presenta ante la autoridad ambiental para su autorización. Sobra decir que, en buena parte de los casos, las llamadas Manifestaciones de Impacto Ambiental están orientadas a conseguir que se apruebe el proyecto, por lo que no es raro que, por ejemplo, omitan mencionar algunas de las especies o ecosistemas que podrían verse afectados. En el caso del puerto de Veracruz, los documentos pasan por alto la existencia del arrecife La Loma.

Otro de los “trucos” recurrentes es dividir el proyecto en decenas de pequeñas partes, para que se evalúen los impactos por separado y no en su totalidad. Para la ampliación del puerto se presentaron una veintena de manifestaciones diferentes: la construcción del rompeolas, las calles de acceso, la excavación del fondo del mar… Por ello, la Suprema Corte le exige a la Semarnat que vuelva a evaluar el proyecto, ahora “de forma integral” y “con la mejor información existente”. Según Xavier Martínez, esto sienta un precedente para que, en el futuro, los jueces exijan siempre que los proyectos sean analizados en su conjunto y no de forma fragmentada.

Pero a Leonardo Ortiz el fallo del Tribunal le deja un sabor “agridulce”. El biólogo marino de la Universidad de Veracruz, que lleva luchando contra la ampliación del puerto desde sus inicios, piensa que esta sentencia tenía que haber llegado hace cinco años. “Ahora es muy difícil revertir los impactos” porque el gigantesco rompeolas que ya ha sido construido “está cambiando todo el patrón de corrientes del Parque Nacional”. En cualquier caso, reconoce que el Sistema Arrecifal Veracruzano ha demostrado ser “sumamente resiliente” después de décadas de impactos por las actividades del puerto, la contaminación del agua o la sobrepesca.

Desde el punto de vista legal, el optimismo gana estos días. Xavier Martínez cree que la sentencia tendrá un impacto a nivel nacional en otros litigios contra megaproyectos, como el del Tren Maya. Mientras tanto, Sandra Moguel califica de “histórico” el fallo porque sienta un precedente obligatorio en materia ambiental. “Es muy positivo ver cómo los tribunales se han abierto hacia la protección del medio ambiente, algo que antes no pasaba tan seguido. Es un avance del derecho ambiental”.

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