El programa ‘Quédate en México’ regresa en medio de máximos históricos de detenciones y solicitudes de asilo en el país

El polémico programa Quédate en México ha vuelto a ver la luz. Después de varios meses de especulación, los Gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador han acordado esta semana la reactivación del plan, conocido por el acrónimo oficial MPP (Protocolos de Protección al Migrante) y que obliga a miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en el lado mexicano de la frontera mientras se resuelve su trámite. El anuncio se ha producido después de que el país latinoamericano batiera los récords vigentes en detenciones de migrantes y peticiones de asilo en su territorio en el último año.

La medida fue un ejemplo claro de la política de mano dura contra la migración del expresidente Donald Trump y en menos de dos años de aplicación su legado ha estado marcado por decenas de miles de personas varadas en condiciones deplorables, acusaciones de violaciones masivas de derechos humanos y nuevos puntos de tensión bilateral con una crisis migratoria que se ha hecho permanente como gran telón de fondo. La promesa de las autoridades es que la nueva versión del programa tendrá nuevas garantías para evitar caer en los abusos y los errores del pasado, pero las dudas persisten. “Es imposible volver humano un programa inhumano”, afirma Aaron Reichlin-Melnick, especialista del American Immigration Council.

“Como hemos visto, no hay tal protección en los Protocolos de Protección al Migrante”, lamenta Reichlin-Melnick. Sus críticas van en línea de una extensa lista de cuestionamientos de parte de organismos internacionales y organizaciones civiles. “Reiniciar el programa, en cualquier forma, viola tanto los derechos de la gente que busca protección como las promesas del presidente Biden de construir un sistema de asilo justo y humano”, declaró Noah Gottschalk, líder de política global en Oxfam América. “México, solo, no puede cargar con las responsabilidades de asilo de ambos países”, dijo María Josefina Menéndez, directora de Save the Children México, horas después del anuncio. “Hemos criticado repetida y públicamente la política de MPP por considerarla inhumana y contraria al derecho internacional, ya que pone en peligro a las personas en contextos de movilidad”, denuncia, por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Además de los riesgos que enfrentan, el programa supone un laberinto burocrático para los solicitantes de asilo, que a menudo no tienen acceso a asesoría legal para llevar sus trámites con éxito. Solo uno de cada diez solicitantes tenía un abogado, estiman organizaciones promigrantes. “Los abogados están en un país y los solicitantes en otro, es absurdo”, resume Reichlin-Mellnik. La propia Administración de Biden anunció la terminación del programa este año, en un proceso gradual que empezó en febrero, un mes después de que llegara al poder. El Gobierno demócrata reconoció que el MPP había logrado probablemente disminuir los flujos migratorios, pero a costos humanos “sustanciales e injustificables”.

Desde el anuncio formal de inicio durante la Administración de Trump en enero de 2019 hasta finales de marzo del año pasado, poco después del estallido de la pandemia, unas 70.000 personas fueron obligadas a esperar en México. De ellas, solo un 1% recibió algún tipo de alivio migratorio, de acuerdo con la Universidad de Siracusa. Pese al anuncio de Biden, una sentencia de la justicia estadounidense impidió la terminación abrupta y ordenó en agosto pasado que se retomara.

La sentencia es la causa directa de que la Administración de Biden hiciera el anuncio de reanudación esta semana. Sin embargo, especialistas como Reichlin-Melnick acusan que la orden judicial ha permitido a la Casa Blanca cumplir un doble propósito. Por un lado, pueden decir que la decisión no fue suya, sino que estuvieron obligados legalmente a hacerlo. Por el otro, la reinstauración de un programa de mano dura le ayuda a enfrentar el tema migratorio, uno de los flancos débiles y más cuestionados de esta presidencia. “Se ha hecho evidente que hubo facciones dentro de la Casa Blanca que querían que regresara el MPP y se ha escrito extensamente sobre cómo muchos altos funcionarios gubernamentales creen que el programa es un disuasor y que lo querían traer de vuelta para que bajaran las cifras de personas que llegaban a la frontera”, asegura.

Parte de la decisión también recayó en el Gobierno mexicano, que accedió a la petición del Gobierno de Biden. La base de la mayoría de los señalamientos sobre Quédate en México es si en efecto hay condiciones para que los solicitantes se queden en México y si el país latinoamericano puede asumir esa carga bajo la exigencia de Washington de que tiene que hacer más para frenar los flujos migratorios. El grueso de los críticos cree que no, por la falta de infraestructura, la inseguridad, los diferentes tipos de violencia que enfrentan los migrantes y la presencia de grupos criminales en la frontera. “México se ha convertido en un cuello de botella y se ha visto completamente rebasado”, asegura Eduardo Rosales, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM.

Rosales asegura que, de cualquier forma, México prácticamente no tenía margen para negarse a reanudar el programa. “Hay una relación de subordinación y de dependencia que impide que México pueda negarse a ‘colaborar’ con Estados Unidos”, argumenta el internacionalista. El MPP, de hecho, apareció meses después de que Trump pusiera contra las cuerdas a sus vecinos y condicionara la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a que las autoridades mexicanas “hicieran algo” para frenar la migración. Ese episodio terminó de golpe los guiños humanitarios que López Obrador hizo a los migrantes en el inicio de su mandato hasta convertir al país en un “muro virtual” constantemente rebasado por los flujos migratorios, en palabras del académico.

“Es muy preocupante que México, aun con más de medio siglo de olas migratorias, no tenga una política migratoria de Estado, de largo plazo”, zanja Rosales. “Este Gobierno no tiene una política migratoria clara”, insiste. “México mantiene la misma política humanitaria y solidaria con nacionales de otros países que ha delineado desde el año 2018, impulsando una migración ordenada, segura y regular”, aseguró en cambio Roberto Velasco, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería mexicana.

La lectura del internacionalista es que, a cambio de convertirse una vez más y de facto en un tercer país seguro —el cuarto de espera hacia Estados Unidos—, el Gobierno mexicano pide recursos para hacer frente a la crisis: dinero para construir albergues, dar asistencia sanitaria a los solicitantes de asilo y migrantes, y para exportar programas sociales a Centroamérica que ataquen las causas de raíz de la migración. “Los migrantes son utilizados como moneda de cambio por México y como moneda de cambio y medida de presión por Estados Unidos”, afirma el académico.

En medio de un contexto internacional en el que la movilidad de personas ha llegado a niveles nunca antes vistos, la migración no es solo cada vez mayor, sino también más intensa y diversa. México ha roto ya el récord de arrestos anuales de migrantes sin papeles, al superar los 228.000 arrestos hasta octubre. Las solicitudes de asilo en el país también han alcanzado un máximo histórico de más de 100.000 peticiones en lo que va de año. El cálculo es que la reactivación del MPP y sus propias deficiencias incrementen esas cifras, con poca gente aceptada en el sistema estadounidense y más personas que toman la opción de “quedarse en México”, pero de forma permanente. La idea de las autoridades estadounidenses que los trámites se puedan resolver en seis meses, aunque los especialistas consultados coinciden en que el cálculo es poco realista.

La permanencia del programa está sujeta a lo que se decida en los tribunales estadounidenses, con la promesa de que será una medida temporal, aunque sin la certeza de cuánto durará. “La solución a la migración no está en la frontera de Estados Unidos”, decía en entrevista Amy Pope, directora adjunta de la OIM y asesora de Biden en materia migratoria hasta marzo de este año. “México no puede responder solo, EE UU no puede responder solo”, agregaba, “los Gobiernos de la región tienen que encontrar soluciones colectivas”. La inercia de las respuestas a la crisis, sin embargo, parece ir en dirección contraria.

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