May. ¿Nación pluricultural o estado plurinacional?

Un fantasma recorre Latinoamérica. El fantasma del Estado plurinacional. Desde Bolivia hasta Chile, pasa por Ecuador y por Guatemala, da vueltas en Perú y en México; este fantasma recorre y se anida en los anhelos del movimiento indígena actual, va planteando propuestas de reformas constitucionales, las leyes de las democracias liberales de una buena parte de este continente parecen comenzar a considerar un nuevo pacto federal en el que los pueblos indígenas puedan establecer relaciones con el Estado como entidades políticas colectivas y no solo como culturas, grupos étnicos o reliquias antropológicas necesarias de ser integradas a los proyectos nacionalistas de cada Estado nación. La movilización popular que ha tenido como resultado el nombramiento de Elisa Loncón, lingüista mapuche, como presidenta de la Asamblea Constituyente que redactará una nueva Constitución para Chile ha enunciado su entusiasmo, en diversos momentos, por la creación de un Estado plurinacional. Bolivia, después de la llegada de Evo Morales y del MAS a la titularidad del poder ejecutivo, se convirtió en un ejemplo de Estado plurinacional y ha servido de faro para alumbrar los anhelos de otros movimientos en los países de la región. Pareciera que hay un consenso más o menos generalizado de los movimientos indígenas del continente sobre la idea de que el horizonte político al que podemos aspirar es a la creación de Estados plurinacionales que le reconozcan plena autonomía y libre determinación a las naciones indígenas.

Estos anhelos de romper la equivalencia que plantea que cada Estado se corresponde a una sola nación y reconocer la existencia de múltiples naciones dentro de cada Estado se explica dentro de un contexto histórico. La creación de los países del continente se realizó con la idea liberal de que la entidad política llamada “Estado” establecía un pacto con los ciudadanos directamente, en este punto utilizo el sustantivo en masculino si consideramos que las mujeres de estos países recién creados ni siquiera tenían derecho al voto. Las garantías individuales evidencian que la relación entre el Estado y las personas se establece de una manera directa y con individuos concretos. Podríamos decir que la única entidad colectiva que reconocían estos Estados era la que planteaba como nación mexicana para nuestro caso. Entre el Estado y los individuos no se reconocía ninguna otra entidad colectiva. El hecho de que una persona fuera mixe o zapoteca solo se narraba como diferencia cultural, en muchos casos indeseable, y no como una pertenencia política a una nación mixe o zapoteca. Para los lentes del Estado, los pueblos indígenas fuimos jurídica y políticamente invisibles. Esto también se hace evidente con la división de entidades federativas que forman parte del pacto federal, estas entidades federativas no toman en cuenta la existencia de los pueblos indígenas, sus límites geográficos no respetan los territorios de los pueblos indígenas. El territorio del pueblo mixteco que se halla actualmente dividido en tres entidades federativas —Oaxaca, Guerrero y Puebla— podría haberse constituido como un Estado de la república mexicana, lo mismo podemos decir para el territorio de la nación maya que quedó seccionado entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dado que la existencia de naciones indígenas para el Estado mexicano era inconcebible, los bienes naturales existentes en sus territorios pasaron a ser “propiedad de la nación”, los pueblos indígenas no podían determinar el manejo ni del aire, ni de la tierra, ni del agua, ni de los minerales y bosques de sus territorios si no pasaba por las determinaciones del Estado. Aun con los cambios jurídicos de las últimas dos décadas, los funcionarios nos siguen repitiendo que bienes naturales como el agua no nos pertenecen aunque se encuentren dentro de nuestros territorios pues para ellos el agua de nuestros territorios es propiedad de la nación. El hecho de que sea el Estado el que haya concesionado los minerales a las compañías mineras en territorios de pueblos indígenas sin consultarles siquiera evidencia precisamente que para el Estado mexicano, los pueblos indígenas no hemos sido naciones sino, a lo más, grupos culturalmente diferenciados integrados por individuos que debían integrarse al proyecto de una nación mexicana monolingüe de manera que pudieran llegar a ser iguales ante la ley.

Sobre todo después del levantamiento zapatista, el Estado mexicano se vio obligado a hacer una serie de cambios jurídicos para colocarse lente legales que pudieran ver a los pueblos indígenas como naciones políticas que podían tener autonomía y libre determinación sobre su vida y sus territorios. La firma de los Acuerdos de San Andrés planteó la posibilidad de que el Estado mexicano pudiera reconocer la existencia de naciones originarias dentro del Estado. Fueron muchos los políticos que se lanzaron en contra y argumentaron que estos acuerdos tenían como objetivo “balcanizar” México, como si el hecho de negar la realidad de la existencia de múltiples naciones preexistentes a la creación del país los desapareciera automáticamente. Como sabemos, tanto la izquierda como la derecha partidista traicionaron estos acuerdos y se planteó a cambio una reforma constitucional al artículo segundo bastante descafeinada. Más que consignar que dentro del Estado mexicano hay naciones originarias, esta reforma sostuvo que México es una sola nación, aunque pluricultural. Como ha dicho el periodista mapuche Pedro Cayuqueo, decir que el país es pluricultural es enunciar lo obvio, no tiene ninguna potencia política pues todas las sociedades son diversas culturalmente hablando. La nación mixe, por ejemplo, no es culturalmente homogénea, nuestras prácticas culturales van cambiando en las tierras medias altas y bajas de nuestro territorio. Antes que aceptar que México es un Estado plurinacional, la reforma planteó aferrarse a la idea de que México es una sola nación, solo que con diversidad cultural. Esta postura sigue tratando a los pueblos indígenas como culturas distintas, como si las sociedades del país que no son indígenas no evidenciaran diferencias de sus prácticas culturales.

En contraste, reconocer que México es un Estado con muchas naciones tiene una potencia política muy distinta, por un lado reconoce este país no es una sola nación, sino un Estado y que por lo tanto no es necesario la aculturación para incluir a los pueblos indígenas a ese ideal de nación mexicana única, por otro, el Estado mexicano podría establecer un pacto federal con las entidades políticas colectivas que son las naciones originarias. No sería yo, como ciudadana la que establecería una relación directa con el Estado, mi primera pertenencia política reconocida sería a la nación mixe que a su vez establecería una relación política con el Estado mexicano. Los lentes del Estado comenzarían a poder ver y leer otras naciones y aceptarían su existencia. Cada una de las naciones dentro del Estado mexicano podrían tomar decisiones en libre determinación sobre su vida en común, sobre sus territorios, sobre su futuro, sobre sus bienes naturales y sobre su modo de vida, su sistema educativo, su sistema de impartición de justicia, su sistema de salud y todos los asuntos que atañen a la res publica de las naciones. Visto de esta manera, no es de extrañarse que la lucha de los movimientos indígenas vea al Estado plurinacional como un horizonte hacia el cual caminar. Sin embargo, desde ciertas voces, sobre todo de mujeres indígenas, se escuchan alertas sobre este modelo porque sabemos que, después de todo, lo que el Estado registra, lo controla, pero, de esto y otros granos de sal con los cuales tomarse el modelo de Estado plurinacional platicamos la siguiente columna.

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