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Gustavo Ampugnani, director de Greenpeace México: “El Gobierno asocia las renovables a las empresas más gandallas”

El activista considera que la propuesta de reforma eléctrica del Ejecutivo mexicano tiene “aspectos positivos” aunque alerta de su impacto en la transición a energías limpias

Jon Martín Cullell
Gustavo Ampugnani de Greenpeace México sobre energía eléctrica
El director de Greenpeace en México, Gustavo Ampugnani, en una foto de archivo.

Gustavo Ampugnani (Ramos Mejía, 48 años) es el rostro de Greenpeace en un país que ha tomado un desvío en la lucha ambientalista. Una semana antes de la Cumbre del Clima en Glasgow, la organización que dirige desplegó una manta cerca de la refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el mensaje: “Ya está aquí la crisis climática”. La ONG también ha llevado a los tribunales algunas de las políticas energéticas del Gobierno mexicano. La contundencia de estas acciones contrasta con la postura cautelosa de Ampugnani sobre la iniciativa de reforma constitucional que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y margina a las centrales renovables privadas. En entrevista con EL PAÍS, este antropólogo argentino formado en México critica tanto los intereses empresariales detrás de los grandes proyectos renovables como la visión energética imperante en el Gobierno, que califica de “premoderna”.

Pregunta. ¿Greenpeace llamaría a votar en contra de la reforma energética tal como está planteada?

Respuesta. Nosotros no tenemos una posición en blanco y negro. En la reforma vemos aspectos positivos y aspectos que nos preocupan. En lo positivo, este espíritu de que el Estado fortalezca su rectoría sobre los recursos naturales está bien. Creemos también que debe haber un orden distinto en el mercado eléctrico mexicano. Compartimos parte de la lectura del Gobierno federal sobre las renovables.

P. ¿En qué sentido la comparten?

R. El sector de las renovables ha sido despreciado por cada Administración desde fines de los años 90. Después de la reforma de 2013, ha seguido siendo despreciado por la CFE pero hay un grupo de empresas que lo ve atractivo. No creemos que tengan una preocupación genuina por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un negocio más que les ayuda a abatir ciertos costos y presentarse como responsables con el medioambiente, pero su core business sigue apostándole a la agricultura intensiva de grandes dimensiones con pesticidas, y a los grandes proyectos gaseros. Esto hace que en la lectura del Gobierno actual las renovables estén asociadas a las grandes empresas más gandallas. Ha sido muy negativo porque las ha estigmatizado y allí tenemos una gran discusión para diferenciar entre tirios y troyanos.

P. Pero sin el sector privado México no hubiera tenido un crecimiento tan fuerte de las renovables.

R. Siendo precisos, la CFE sí ha invertido en energías renovables, ya sea geotérmica o eólica. Los primeros proyectos eólicos son de la CFE. Actualmente, está construyendo un parque solar que según promocionan va a ser el más grande de América Latina. Inversión hay; solo que no es suficiente y que probablemente es menor que la que ha hecho el sector privado. Y tampoco llega a compensar toda la inversión en combustibles fósiles. Escuchas declaraciones de la secretaria de Energía [Rocío Nahle] que son poco estimulantes. Siguen viendo las renovables como algo intermitente, que no es confiable, y creo que esto técnicamente está ya más que superado.

P. ¿Qué les gustaría ver en la reforma?

R. Nosotros queremos ver un Estado que estimule las renovables en la matriz y que le dé prioridad a la generación distribuida. Hasta donde nosotros sabemos la generación distribuida para arreglos solares de hasta 0,5 MW no va a estar cancelada por la iniciativa de reforma. El tema es que esto no es explícito en el texto. Por eso hago aquí este llamado a los legisladores para que cuando revisen la iniciativa o la legislación secundaria esto se haga explícito. Tenemos ciertas críticas a los proyectos de energía solar a gran escala. Son en beneficio de las mismas empresas, no tanto de la sociedad en general. Queremos ver las renovables no solo en los grandes consumidores de energía, sino también en los pequeños. El tema es que está tan polarizada la discusión que es prácticamente imposible llamar a la sensatez.

P. ¿La iniciativa va a detener el crecimiento de las renovables?

R. Los cambios van a generar una falta de incentivo y, lejos de estimular la inversión del sector privado en las renovables, la van a asustar. De todos modos, creo que debemos esperar. Es una batalla discursiva. Yo sería más cauteloso y esperaría a ver cómo queda la reforma y las leyes secundarias. México, a través de la CFE, va a tener que hacer una alianza con el sector privado que tiene sus activos en el sector. Probablemente, va a haber una negociación del precio de compra de energía que esta Administración califica de “leonino”, un incremento en el pago del uso de la red…

P. Greenpeace se ha amparado contra algunas políticas de este Gobierno. ¿Se plantean acciones judiciales contra la reforma si se aprueba o contra alguna de sus leyes secundarias?

R. Una cosa es ampararse contra ciertas modificaciones de políticas, otra es hacerlo con una modificación constitucional. No estamos pensando en explorar esa vía. Estamos hablando de otro contexto. El presidente tiene todo el derecho de querer modificar una ley, esté yo de acuerdo más o menos. El llamado es para los legisladores. Allí es donde creemos que tienen que dar lugar a las preocupaciones de Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas.

P. ¿Tiene este Gobierno una política medioambiental?

R. Vemos cosas que son muy aplaudibles y cosas que nos dejan preocupados. Está muy bien la declaración de zonas de emergencia ambiental a lo largo del eje neovolcánico, que haya iniciativas para atajar los problemas de la contaminación tóxica. Vemos bien los esfuerzos de delimitar el uso de pesticidas como el glifosato en la agricultura… El peso de la política ambiental de este Gobierno no se diferencia en mucho de lo que ha sido en los gobiernos anteriores, no es una prioridad. El presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente se ha venido reduciendo. Creo que este año incrementa un poco pero no es suficiente para recuperar lo que tenía hace cuatro, cinco años.

P. ¿Es el programa Sembrando Vida del Gobierno una buena iniciativa de combate al cambio climático?

R. No es un programa de combate al cambio climático. Es un programa de bienestar, para dar oportunidades de trabajo a una parte importante de la población rural. No hay un objetivo de cambio climático. Para serlo tendría que tener metas de absorción de dióxido de carbono y decir cómo se va a monitorear, verificar y reportar. Eso no existe.

P. ¿Cómo va México en sus compromisos dentro de los Acuerdos de París? Un juez ha suspendido sus compromisos de reducción de emisiones tras un amparo presentado por Greenpeace.

R. México presentó en diciembre del año pasado las mismas metas que presentó en 2015 y a esto se le suma que la metodología para establecer la línea base fue modificada. Cuando investigamos los compromisos, vimos que eso abría una brecha para poder emitir al menos 14 millones de toneladas más de gases de efecto invernadero. Eso equivale a lo que emite todo el sector cementero. Quizás no es mucho, pero en vez de aumentar la ambición del país lo que se hace es lo contrario, voluntaria o involuntariamente.

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Sobre la firma

Jon Martín Cullell
Es redactor de la delegación de EL PAÍS en México desde 2018. Escribe principalmente sobre economía, energía y medio ambiente. Es licenciado en Ciencias Políticas por Sciences-Po París y máster de Periodismo en la Escuela UAM- El PAÍS.

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