El Ejército mexicano archivó las indagatorias por la compra de Pegasus

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) archivó en 2014 las investigaciones iniciadas por la compra de equipos de espionaje, entre ellos el programa Pegasus, donde estaba involucrado el general Moisés García Ochoa. Parte de los contratos firmados por el Ejército mexicano con la empresa Security Tracking Devices —una de las intermediarias de NSO Group en México— estuvieron bajo la lupa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2012. Ahora se sabe que aunque sí se iniciaron indagatorias tras diversas irregularidades encontradas en las contrataciones autorizadas por García Ochoa cuando fungía como director de Administración, nunca se aplicaron sanciones contra él ni contra ninguno de sus subalternos, según documentos internos del Ejército en poder de EL PAÍS. El órgano militar de control terminó archivando los expedientes en el gobierno de Enrique Peña Nieto por “falta de elementos”.

El tema de Pegasus, uno de los programas de espionaje más sofisticados en el mundo, salpica la reputación del Ejército mexicano, aliado incondicional del presidente López Obrador. Aunque la Sedena fue una de las primeras secretarías que compró Pegasus, según han documentado diversos medios mexicanos desde hace años, ésta no ha informado sobre las adquisiciones. En julio pasado en la conferencia matutina del presidente López Obrador se dieron a conocer los contratos que había firmado la empresa israelí NSO Group Technologies —quien desarrolló el software— con diferentes instancias del gobierno federal durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sin embargo en la información no aparecían los contratos del Ejército. A pesar de que el mandatario instruyó a la Sedena a brindar un informe sobre el tema, esto no ha ocurrido y los contratos tampoco han sido publicados aún en el micrositio de transparencia Pegasus, habilitado por el gobierno federal.

Los vínculos del Ejército con una de las empresas que comercializó Pegasus en México se remontan a finales del sexenio de Felipe Calderón. Entre el 25 de marzo de 2011 y el 29 de marzo de 2012 la Sedena firmó al menos cinco contratos con la empresa Security Tracking Devices SA de CV, según dio a conocer en julio de 2012 el portal Aristegui Noticias. Los equipos adquiridos permitían la intervención de conversaciones de teléfonos móviles, y el acceso y extracción de mensajería instantánea (SMS), correos electrónicos, así como listas de contactos y fotografías. Entre los insumos también había herramientas para activar de manera remota la cámara fotográfica y el micrófono del teléfono móvil. Todos los contratos habían sido otorgados por asignación directa al tratarse de insumos de seguridad nacional.

La divulgación que se hizo entonces de los detalles de los contratos causó escozor en el Ejército y el mismo día que se difundieron la Sedena emitió un comunicado para negar que estos equipos se utilizaran con fines de espionaje político. “El equipo y material adquirido es destinado a los diferentes organismos que integran esta dependencia, para el desempeño de las funciones que por ley les corresponden”, se leía en la tarjeta informativa enviada a los medios de comunicación. Después, la revista Contralínea revelaría que estos contratos eran para equipar un Sistema de Inteligencia Regional y construir la Plataforma Pegasus que sería ejecutada por la sección segunda (inteligencia militar) y sección séptima (operaciones contra el narcotráfico) .

Investigaciones truncas

Las polémicas contrataciones para adquirir equipos de espionaje estuvieron bajo la lupa del máximo órgano fiscalizador en el país. En las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los recursos ejercidos en 2011 y 2012 en un programa y en un fideicomiso de equipo militar, donde se contrataron estas tecnologías, se encontraron una serie de irregularidades que quedaron plasmadas en tres informes.

La Auditoría Superior revisó cinco contratos de la Sedena con Security Tracking Devices por un monto total de 4.428 millones de pesos que —se sabría tiempo después— eran para instalar y complementar la plataforma Pegasus. El responsable de autorizar estas compras fue el general de división diplomado de Estado Mayor, Augusto Moisés García Ochoa, quien fungió como director general de Administración de la Defensa Nacional durante el sexenio de Felipe Calderón. Su firma no solo estaba plasmada en los contratos, sino que su nombre también aparecía en los oficios de liberación de inversiones elaborados por la Defensa Nacional, donde se detallaban los equipos y sistemas que se adquirirían. Al final de los documentos aparece la firma del general como la persona que “autoriza” las compras, según consta en oficios obtenidos vía ley de transparencia.

Tras las anomalías encontradas en la revisión de estos contratos, la ASF emitió una serie de recomendaciones y solicitó al OIC de la Sedena que iniciara procedimientos administrativos de investigación en contra de los servidores públicos involucrados en las compras. La primera indagatoria inició el 26 de junio 2013, según un oficio interno del Ejército, donde no se mencionan los nombres ni los cargos de las personas contra las que se iniciaron las investigaciones. Casi siete meses después, el órgano interno terminó archivando el expediente por falta de elementos para procesar sin que se aplicaran sanciones al personal militar involucrado en las irregularidades señaladas por la ASF, entre ellos el general Moisés García Ochoa, que fue el principal responsable de las adquisiciones. “No se acreditó que servidores públicos pertenecientes al Instituto Armado, hayan cometido actos u omisiones de carácter administrativo de los señalados en la Ley”, se lee en un oficio del OIC castrense obtenido vía mecanismos de transparencia.

La segunda indagatoria inició unos días después de haber tramitado la primera, según un oficio del Área de Quejas del órgano interno militar enviado a la Auditoría el primero de julio de 2013. En éste le comunicaba que había abierto un “procedimiento administrativo de investigación por supuestas infracciones administrativas atribuidas a servidores públicos adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional” y le solicitaba remitir pruebas. En éste tampoco se revelaban las identidades de los involucrados. A principios de marzo de 2014, ocho meses después de haber iniciado la indagatoria, el órgano de control archivó el expediente por falta de elementos, según los documentos obtenidos por este diario.

Uno de los fondos, relacionado a las contrataciones y que fue auditado es el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar que tiene como propósito cubrir los costos de la adquisición de equipo terrestre y aéreo, así como la contratación de obras públicas que tengan el carácter de urgente. En la revisión hecha por la ASF a los recursos ejercidos en esta bolsa durante 2012 se encontró que en dos contratos destinados a implementar la segunda y la tercera fase del sistema de inteligencia regional del Estado Mayor de la Defensa, el proveedor no entregó todos los bienes o servicios en las fechas pactadas.

Otra de las fallas de la Sedena detectadas por el órgano fiscalizador es que el acta de Incumplimiento por no haber entregado los insumos en las fechas estipuladas no se realizó al día siguiente, sino 30 días después. Aunque sí se sancionó al proveedor, el castigo se le notificó cuando habían transcurrido 177 días posteriores a su falta. Al cierre de los trabajos de auditoría la sanción al proveedor no había sido cobrada y tampoco se había rescindido el contrato. Según informes del propio Ejército los bienes hasta ese entonces no habían podido operar al 100% porque quedó pendiente la instalación, configuración y puesta en operación del sistema, ya que se trataba de dos fases de un mismo proyecto.

Otro de los contratos que estuvo bajo fiscalización de la Auditoría fue uno denominado “Sistema de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía” —-que también formaba parte de la puesta en marcha de la plataforma Pegasus—. Éste era para adquirir 999 bienes, entre equipos de cómputo, estaciones, servidores, pantallas y monitores. Sin embargo, en los contratos ni en las facturas se especificó el precio unitario por cada tipo de bien que integraba cada sistema. Los auditores tampoco pudieron emitir opinión sobre el costo de la inversión debido a que no fue posible obtener información en el mercado mundial sobre los bienes adquiridos, ya que los detalles de estos estaban inmersos en cláusulas de confidencialidad.

También se encontraron anomalías en otros dos contratos para adquirir un sistema procesador electromagnético y ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia. Estos fueron costeados con los recursos ejercidos durante 2011 en un programa de equipamiento militar. Los bienes adquiridos, según documentó la ASF, no habían sido registrados y no aparecían en el sistema de inventarios en línea, donde se deben anotar todos los bienes propiedad de la Defensa Nacional.

En otro contrato destinado a comprar insumos que se usan en operaciones de orden interior y seguridad nacional, los auditores encontraron que las compras —que deben obedecer a criterios de urgencia— no se realizaron bajo estos parámetros. Tras revisar las refacciones especializadas que se emplean en las aeronaves de la Fuerzas Armadas y que fueron adquiridas con otra empresa extranjera, la ASF encontró que los insumos llevaban casi un año empaquetadas y almacenados sin haberse utilizado y estaba por vencerse su garantía. La sedena justificó que las refacciones se encontraban “resguardadas” hasta que fuese necesario su uso. Otra de las observaciones de la ASF es que la Sedena no realizó una licitación pública y tampoco llevó a cabo una investigación que permitiera hacer una comparación con otros bienes para determinar si el monto adjudicado se encontraba dentro de los precios del mercado.

Un polémico general

García Ochoa fue un general que en el último año de su gestión estuvo inmerso en la polémica. Fue uno de los nombres que se mencionó como posible candidato a ocupar el cargo de secretario de la defensa nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, este puesto finalmente recayó en Salvador Cienfuegos. En febrero de 2013 el New York Times dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos había vetado a García Ochoa como posible titular de la Sedena por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Según la publicación, unas semanas antes de que Peña Nieto anunciara a su gabinete hubo una reunión entre funcionarios de alto nivel de ambos países para advertirles que la DEA sospechaba que el general tenía vínculos con el narcotráfico. También les inquietaban las acusaciones de que García Ochoa había malversado dinero de contratos y había hecho mal uso de suministros militares. Ante los señalamientos, el gobierno de Peña Nieto y la Embajada de EE UU en México negaron esa información.

Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, García Ochoa fue nombrado jefe de la Segunda Región Militar, con base en Mexicali, y con responsabilidades en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. En diciembre de 2016 pasó a situación de retiro. En una ceremonia realizada ese día en el Heroico Colegio Militar, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, le entregó una condecoración como un reconocimiento a su trayectoria en las Fuerzas Armadas. Actualmente tiene un haber de retiro de 75.000 pesos. Aunque la Secretaría de la Función Pública anunció en 2012 que iniciaría investigaciones por la compra del equipo espía, estas tampoco culminaron en castigos, según las respuestas brindadas a diversas solicitudes de información.

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