Todos le fallamos a Victoria Salazar

El atroz asesinato de Victoria Salazar, a manos de la autoridad policial de Tulum en Quintana Roo, pone de manifiesto diversas tragedias a la vez. Por un lado, nos recuerda la violencia sistémica que sufren las personas en movilidad, particularmente las mujeres, y por el otro, la precariedad en la formación, capacidad y protocolos de operación de las policías a nivel local. Pero seguimos sin atender realmente el tema.

Las mujeres son vulneradas en todas las caras del fenómeno migratorio. Primero, en el lugar de origen, por la marginación, la violencia de género estructural, institucional y familiar que las obliga a abandonar su país y a sus seres queridos para salvar la vida. Segundo, en el tránsito. Una de cada tres personas es víctima de algún tipo de violencia física durante su trayecto por México. Las violaciones y el acoso sexual afecta nueve veces más a las mujeres que a los hombres migrantes. Se exponen a mayores abusos, maltrato, humillaciones basadas en estereotipos, extorsión y trata. Nueve de cada 10 mujeres centroamericanas viajan por rutas complejas, exponiéndose a ser víctimas de redes del crimen organizado, explotación sexual o laboral e incluso a la muerte. Tercero, ya en el país de destino, siguen experimentando una doble vulneración por el hecho de ser mujeres y ser migrantes. Discriminación, maltrato institucional, episodios de violencia doméstica, salarios más bajos, miedo a ser reportadas y perder la custodia de sus hijos es parte de la realidad con la que deben lidiar.

Todos le fallamos a Victoria. Era residente permanente en México por razones humanitarias desde marzo de 2018. Esto significa que su país le falló. La razón más común para obtener este estatus migratorio es el riesgo a perder la vida en el país de origen, en este caso El Salvador. Su país de acogida también le falló. La autoridad que tenía la obligación de cuidarla no solo no lo hizo, sino que la mató y la maltrató, incluso después de asesinarla. La necropsia reveló una fractura en la columna vertebral y desaceleración en la rotación del cuello debido al uso desproporcionado de la fuerza a la que fue sometida. La sociedad mexicana también le falló. Los que estaban cerca y se mostraron apáticos, los que intentan justificar la atrocidad con su supuesto estado de ebriedad, su condición de migrante o su supuesta participación en actividades de narcomenudeo, los que se burlan y los que anunciaron su partida como una muerte y no como un asesinato.

En México, la arbitrariedad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía sucede una y otra vez, visibilizando problemas estructurales de estas corporaciones. Según datos del INEGI, el 98% de estas autoridades reportó requerir mayor capacitación en el sistema de justicia penal, en la resolución pacífica de conflictos, atención a poblaciones vulneradas y proximidad. Según la ENSU del INEGI, la confianza ciudadana en la policía de Quintana Roo que por cierto, cuenta con Mando Único Policial, es del 38.9%, por debajo de la media nacional que es del 53.7%. Además, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado acumuló 196 quejas durante 2020 y 15 en lo que va de 2021 ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Justicia para Victoria es ir más allá del escándalo público, de las declaraciones políticas, de la detención de los responsables directos y de hacerse cargo de sus hijas con atención integral para la reparación del daño. Es ir al fondo de la situación y aplicar una verdadera política humanista en materia migratoria. Es que los cuerpos de seguridad, desde las policías municipales hasta la Guardia Nacional pasando por las policías estatales e instancias de procuración de justicia se profesionalicen y tomen en serio la perspectiva de género. No se trata de que una sección de la corporación sea denominada “de género” o de pintar patrullas de rosa como lo han malentendido algunos. TODOS los elementos deben contar con esta capacidad. Fortalecer y reformar el programa rector de profesionalización para mejorar la formación, docentes y materias relacionados con la perspectiva de género, la justicia cívica y el trabajo con poblaciones vulneradas debe ser parte del plan. Es dotar con presupuestos y esquemas de acompañamiento efectivo el desarrollo policial al tiempo de contar con controles y evaluación externa. Nos conviene a todos cambiar las cosas de raíz.

Eunice Rendón es doctora en Políticas Públicas por Sciences-Po, París y experta en seguridad y migración.

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