Los errores en la fiscalización de las cuentas públicas ponen en la mira al auditor superior de México

Esperada desde hace meses, la revisión de la cuenta pública de 2019, el primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha resultado ser un fiasco. Publicada el sábado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ente fiscalizador del Estado, tardó apenas un par de días en rechazar algunos de sus hallazgos, entre ellos quizá el más importante: el extraordinario sobrecoste de cancelación del aeropuerto de Texcoco, en el Estado de México, que impulsó el Gobierno del PRI de Enrique Peña Nieto. En su informe, la ASF estimaba que abandonar el proyecto costaría 331.000 millones de pesos, unos 16.500 millones de dólares. Sin embargo, el lunes se desdijo en un comunicado, señalando una “deficiencia metodológica”. Este miércoles, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha ahondado en la polémica durante un evento de la dependencia. “El error era muy evidente, puede haber discrepancias metodológicas, pero aquí el error era muy básico. Nos desconcertó”.

En el centro de esta controversia aparece David Colmenares, titular de la ASF, diana de las críticas del Ejecutivo de López Obrador y de las organizaciones de la sociedad civil. El presidente fue el primero en cuestionar los números de los auditores. “Están mal sus datos. Yo tengo otros datos”, dijo el lunes en su habitual conferencia de prensa matutina. “Se va a informar, aquí. Y ojalá y lo hagan ellos también, los de la ASF... Me gustaría que aclararan sobre ese dato, que está mal. Es exagerado”, aseguró el presidente.

Las críticas contra Colmenares trascienden el caso del polémico aeropuerto de Peña Nieto. En varias entrevistas esta semana, el auditor superior rechazó las conclusiones de sus colegas en el informe sobre la Secretaría de la Función Pública, dependencia de Gobierno cuya tarea complementa la de la ASF. En el informe presentado el sábado, los auditores señalaron discrecionalidad en las investigaciones de la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, y la obstaculización del proceso de fiscalización. Colmenares dijo después que la Función Pública no obstaculizó el trabajo de los auditores. EL PAÍS ha contactado al auditor superior vía mensaje de texto durante la elaboración de esta nota, pero no ha recibido respuesta.

El futuro cercano aparece como una carrera de obstáculos para Colmenares. En octubre próximo, la ASF entregará la primera tanda de resultados sobre la revisión de la cuenta pública de 2020, segundo año de López Obrador. Antes, los auditores deberán informar sobre la respuesta de las dependencias auditadas durante 2019. En el informe que entregaron el sábado, adelantado por EL PAÍS, la ASF señaló que las dependencias del Gobierno federal cometieron irregularidades en el gasto de más de 12.000 millones de pesos. Para el total de 2019, son más de 14.000 millones. Según el informe La ASF y la fiscalización superior en tiempos de mayorías, publicado a finales del año pasado por la organización México Evalúa, las dependencias suelen tumbar los señalamientos de irregularidades de la ASF. “Entre 2000 y 2018, solo en el 10% de los casos se confirmó la irregularidad, determinándose como procedente el resarcimiento y reintegro de los montos gastados”.

El Programa Anual de Auditorías

Elegido hace casi tres años para un periodo de ocho, Colmenares es foco de las críticas desde hace tiempo, principalmente por los criterios que usa la ASF para elaborar el Plan Anual de Auditorías (PAA), la hoja de ruta de la dependencia. Cada año, la auditoría informa entre otras cosas qué secretarias y organismos del Gobierno federal analizará, qué contratos, programas o convenios pondrá bajo la lupa de los auditores. Y el problema, dicen los expertos, empiezan desde ahí.

Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico de Monterrey, señala precisamente el ejemplo del aeropuerto del PRI. “Ese caso es un desastre por todos lados. Me pareció preocupante la rectificación que hicieron. En el mejor de los casos, revela incompetencia. Y en el peor, que esa reacción proviene de influencias no del orden jurídico, sino del orden político. Pero antes que nada es un desastre porque en el Programa Anual se determinó que iba a ser una auditoría de desempeño sin decir por qué. Eso es un absurdo”.

Además del ente a fiscalizar, la ASF decide qué tipo de análisis aplicará en cada caso. Por un motivo poco claro, el organismo eligió para el conjunto del aeródromo una auditoría de desempeño, un tipo de análisis que se centra en los vicios —o virtudes— de los programas de gobierno, pero que no sigue el camino del gasto. La ASF programó igualmente 11 auditorías de tipo cumplimiento financiero para aspectos concretos del gasto público relacionado con las obras. Los auditores señalaron irregularidades por valor de 3.215 millones de pesos.

Fernández explica que en contextos como el del aeropuerto del PRI, donde además ha habido señalamientos de corrupción, la ASF debe programar auditorías forenses, caracterizadas por una fiscalización rigurosa del empleo de los recursos públicos, un escalón por encima de las auditorías de cumplimiento financiero. Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de la organización Transparencia Mexicana, va un paso más allá: “Colmenares debería explicar por qué eligió un tipo de auditoría y no otra. Nos vamos todos a discutir el monto de lo del aeropuerto y nadie le ha preguntado eso”.

El caso Buchahin

Desde la llegada de Colmenares a la ASF, la dependencia realiza cada vez menos auditorías forenses. En el estudio de México Evalúa, los autores señalan que el mismo auditor superior “ha expresado que la fiscalización debe reorientarse preferentemente hacia las auditorías de desempeño”. Y añaden: “Dejar de practicar auditorías de cumplimiento financiero y forenses, que tienen por objeto revisar el ejercicio del presupuesto asignado y sus desviaciones es riesgoso porque se estaría comprometiendo el alcance y el objeto de la ASF”.

El abandono de este tipo de auditorías engancha directamente con otra de las polémicas de la era Colmenares. Apenas dos meses después de asumir el cargo, en junio de 2018, el auditor superior despidió a la encargada de las auditorías forenses, la doctora Muna Dora Buchahin, que poco antes había denunciado el desvío masivo de recursos desde secretarías del Gobierno de Peña Nieto, escándalo que luego fue conocido como La Estafa Maestra. Colmenares no dio demasiadas explicaciones sobre el despido, pero parte de la oposición y las organizaciones de la sociedad civil criticaron la decisión y señalaron su fondo político.

Bohórquez dice que “después de la Estafa Maestra había venido un periodo de silencio, luego salió Muna Dora Buchahin... Había una sensación de que la ASF no estaba haciendo nada. Tenían de parapeto el tema de la pandemia, pero ya se había desgastado. Y el sábado salieron como salieron”, critica el encargado de Transparencia Mexicana.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país