Las claves de la colaboración entre Emilio Lozoya y la Fiscalía mexicana

De principal señalado por la trama de Odebrecht en México a colaborador estrella de la Fiscalía General de la República (FGR). Esa es la metamorfosis que se ha ofrecido en las últimas semanas a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. La extradición de Lozoya ha levantado grandes expectativas por lo que, se promete, será la apertura de la caja de pandora sobre los actos de corrupción cometidos durante el Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El exfuncionario ha llegado desde Madrid en la madrugada de este viernes, tras un vuelo de más de 12 horas y un fuerte dispositivo de seguridad. La hipótesis más compartida es que el político ha acordado beneficios en su proceso a cambio de delatar a otros colegas del círculo cercano a Peña Nieto. La clave del pacto son una serie de figuras legales conocidas en México como criterio de oportunidad, procedimiento abreviado y penas reducidas.

El criterio de oportunidad está contemplado en el artículo 21 de la Constitución mexicana y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se aplica bajo dos supuestos principales. El primero son delitos menores, también llamados delitos de bagatela, en los que la infracción se cometió sin violencia o el daño es mínimo y en los que sería más costoso castigarlos que no hacerlo. Por ejemplo, robar una manzana. Este supuesto no aplicaría para Lozoya, imputado de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. El segundo es que quien esté siendo investigado y la Fiscalía lleguen a un acuerdo de colaboración, cuando se supone que el acusado puede dar información suficiente sobre otras personas para la persecución de un delito más grave y se comprometa a testificar en un juicio contra ellos. A partir de esta figura hay varios escenarios, si el acuerdo con la Fiscalía es por todos los delitos que se le imputan, Lozoya puede quedar incluso en libertad, aunque también se puede hacer por solo algunos delitos y solo acordando penas reducidas o parciales u otros beneficios.

Hay, sin embargo, consideraciones importantes. Lozoya no podría acusar a alguno de sus subalternos y tendría que apuntar hacia arriba, a personas con un mayor cargo jerárquico, según las leyes mexicanas. En el Consejo de Administración de Pemex están el titular de Energía y el titular de Hacienda, en este caso Pedro Joaquín Coldwell y Luis Videgaray, que eran los secretarios cuando Lozoya dirigió a la petrolera entre 2012 y 2016. Más arriba estaría el expresidente Peña Nieto. Lozoya, además, está obligado a reparar el daño de los delitos que se le imputan, es decir, a devolver el dinero y aún no está claro sobre cuál cargo se basaría ese pacto, apunta Estefanía Medina, cofundadora de la organización Tojil. “En este caso, Lozoya quedaría impune por ese o esos delitos, a pesar de que no era un funcionario de bajo perfil”, apunta la especialista.

Se baraja que Lozoya no solo esté dispuesto a hablar, sino que además tiene una serie de videos que comprobarían una trama de sobornos a legisladores para la aprobación de la Reforma Energética de 2013, uno de los planes estrella del Gobierno de Peña Nieto, así como otras pruebas de la compra irregular ese mismo año de la planta industrial de Agronitrogenados, que causó pérdidas millonarias a Pemex, la petrolera más endeudada del mundo. El esquema, que se supone que Lozoya puede comprobar, fue orquestado desde la silla presidencial para premiar con contratos públicos a quienes apoyaron la campaña del PRI en 2012 y en otras elecciones. Medina indica que Lozoya solo podría presentar estas pruebas a la Fiscalía si él participó directamente en los sobornos. Además, el acuerdo tiene que tener el visto bueno de las partes afectadas, en este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y sería la propia Fiscalía quien decida si la información aportada fue útil o no en un plazo de 15 días a partir de su declaración en el juicio.

“El criterio de oportunidad es una figura ampliamente utilizada en los casos de delincuencia organizada, aunque en la mayoría de las veces los acuerdos entre la Fiscalía y los colaboradores no se hacen públicos”, refiere Álvaro Vizcaíno, académico de la Universidad Panamericana. También se utiliza en otros países, aunque con nombres y criterios diferentes. En Perú y en Brasil, donde se les llama colaboración eficaz y delación premiada, se utilizaron para desentrañar la trama de Odebrecht, señala Medina, aunque la mayoría de los delatores ocupaban cargos menores en la burocracia o en la constructora brasileña.

Los procedimientos abreviados, como al que accedió en 2018 Javier Duarte, exgobernador priista de Veracruz, se dan cuando el acusado se declara culpable y llega a un acuerdo con la Fiscalía para recibir un castigo menor. Duarte aceptó los cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa y fue condenado a nueve años de cárcel y a pagar una multa de 3.270 dólares (unos 2.800 euros), que causó polémica por el bajo monto. En acuerdos de culpabilidad y colaboración también se puede llegar a castigos parciales. En México, las penas de prisión se suelen reducir alrededor de una tercera parte de la condena, comenta Vizcaíno.

En el juicio mediático, la colaboración parece simple, pero en realidad entraña varias posibilidades legales, al combinar una o varias figuras. “No se dará de un día para el otro”, advierte Medina. Con la extradición de Lozoya desde España, las miradas están puestas en quién saldrá salpicado y si la Justicia mexicana logrará sentencias que justifiquen un acuerdo de cuyos detalles se conoce aún poco, lo que también tomará tiempo.