La Justicia mexicana asesta un nuevo golpe al PRI de Peña Nieto

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha regresado esta semana a los primeros planos de la política mexicana y no fue por las antiguas promesas de renovación ni por su peso como oposición al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La detención del exgobernador César Duarte este miércoles en Miami se ha convertido en el último eslabón de una larga cadena de casos de corrupción, que lo llevaron a perder la contienda presidencial hace dos años y que amenazan con sepultar sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones legislativas de 2021.

La detención de Duarte, que estaba prófugo de la justicia desde 2017, se ha producido tras decenas de denuncias por malversación de fondos durante su periodo como gobernador del Estado norteño de Chihuahua entre 2010 y 2016. La lista de acusaciones contra Duarte es extensa e incluye el desvío de más de 1.200 millones de pesos (unos 60 millones de dólares), el endeudamiento desproporcionado de su Estado hasta los 48.000 millones de pesos (2.500 millones de dólares) y el desfalco de otros 6.000 millones (320 millones de dólares). Duarte, además, es señalado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por desviar alrededor de 250 millones de pesos (12 millones de dólares) del erario público para financiar las campañas electorales del PRI en 2016.

Javier Corral, su sucesor en el Gobierno de Chihuahua y principal rival político, calificó la gestión de Duarte como “un robo burdo” y promovió más de una decena de denuncias ante la Fiscalía estatal, también llevó en su momento a la Fiscalía federal 70 tomos y 50 discos con pruebas de los delitos. El abanico de métodos del exgobernador para hacerse de dinero público incluye contratos amañados, depósitos de fondos para emergencias a sus empresas y pagos directos a testaferros y colaboradores sin la documentación requerida desde programas sociales, según se lee en la solicitud de extradición que México envió a Estados Unidos. Corral acusó en 2017 al Gobierno de Enrique Peña Nieto de no querer perseguir y encubrir los crímenes de Duarte, hasta que el expresidente cedió y presentó la solicitud de extradición en 2018, con una orden de busca y captura a la Interpol.

En el historial de Duarte están también operaciones, de menos, polémicas como la construcción de una presa de tres millones de metros cúbicos en uno de sus ranchos, la negativa recurrente a declarar su patrimonio y una denuncia en España por querer saldar deudas privadas con dinero público. El exgobernador siempre ha asegurado que se trata de una venganza poselectoral de Corral y logró que en 2018 la Procuraduría General de la República, predecesora de la Fiscalía actual y que en ese momento todavía dependía del Ejecutivo, desechara una denuncia en su contra por el desvío de 65 millones de pesos.

El anuncio del arresto se ha producido durante la visita del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a su homólogo estadounidense, Donald Trump. Mientras todas las miradas estaban en la Casa Blanca, Duarte era arrestado en Florida. La detención se ha dado también en una semana cargada de anuncios de gran peso por parte del Gobierno mexicano. El lunes se acordó la extradición desde España de Emilio Lozoya, exdirector de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y principal señalado por la trama de Odebrecht en México, acusado de aceptar alrededor de 10 millones de dólares en sobornos que supuestamente terminaron en la campaña del PRI en las votaciones federales de 2018. El martes se hizo público un vuelco en la investigación del caso Ayotzinapa, con el hallazgo de los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos hace seis años y el desmantelamiento de la llamada “verdad histórica”, la versión de los hechos que defendió el Gobierno de Peña Nieto para acallar las críticas durante su mandato. Este miércoles, el turno ha sido de Duarte, sin que se revelaran mayores detalles de su captura.

Duarte pasó de ser reconocido públicamente por el expresidente Peña Nieto como uno de los rostros del “nuevo PRI”, en una promesa por dejar atrás la imagen negativa de la agrupación política, en 2012 a ser expulsado del partido a mediados del año pasado. “Siempre lo he dicho, el PRI estará del lado de la ley, y en contra de la corrupción, tope hasta donde tope”, ha escrito en Twitter el dirigente priista, Alejandro Moreno, quien ha evitado mencionar el nombre de Duarte. “Si algún priista cayó en actos de corrupción habrá traicionado al Gobierno, a las instituciones y al partido”, ha agregado Moreno, líder de un partido que pagó cara la merma en su credibilidad en las votaciones de 2018 y que arrastra desde entonces los peores resultados electorales de su historia.

La narrativa de un “nuevo PRI” no hizo más que empeorar a la postre la imagen del partido. Duarte es el último eslabón de una cadena de exgobernadores priistas que han sido acusados y procesados por corrupción. La lista incluye a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz y sin ningún vínculo sanguíneo pese al apellido, condenado a nueve años de prisión después de declararse culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa, tras ser capturado en Guatemala en 2017, así como a Roberto Borge, exmandatario de Quintana Roo, que fue detenido en junio de 2017 en Panamá por varios fraudes que superan los 45 millones de dólares.

Los rivales políticos de Duarte y la prensa ya lo habían identificado en Estados Unidos en los últimos dos años, tanto en Nuevo México como en Texas. Duarte supuestamente intentó tramitar una visa humanitaria en EE UU, al argumentar que sus hijos tenían la ciudadanía estadounidense. En la ficha de Interpol, Duarte es descrito como un hombre calvo de 57 años, que usualmente lleva un bigote recortado. Más allá de su aspecto físico, el político era reconocido también por su estilo de vida oneroso, con relatos públicos de decenas de propiedades y ranchos que superan en conjunto cientos de miles de hectáreas en extensión, animales exóticos y cientos de cabezas de ganado fino. Duarte, que también fue presidente de la Cámara baja entre 2008 y 2009, viajaba en helicópteros del Gobierno a sus ranchos e, incluso, sufrió un accidente aéreo en 2015.

La captura y la revelación de los sumarios judiciales retrata también un estilo de gobierno, en el que los gobernadores de los Estados actuaban como señores feudales, sobre todo en los periodos de hegemonía priista. El PRI gobernó ininterrumpidamente más de 70 años durante el siglo XX y regresó a la presidencia en 2012, hasta la salida de Peña Nieto en 2018. En las últimas dos décadas, alrededor de una veintena de gobernadores han sido investigados, detenidos o encarcelados, con una lista extendida que incluye a Humberto Moreira (Coahuila), Tomás Yarrington (Tamaulipas), Andrés Granier (Tabasco) y otros 10 políticos de ese partido, aunque también ha habido acusaciones contra miembros de otras fuerzas políticas.

La Justicia estadounidense ha revelado que llevaba siguiendo la pista de Duarte al menos desde hace dos meses y ha señalado que aún falta definir una cita para iniciar el proceso legal en ese país y acordar los términos de la extradición a México. En juego, no solo está el fallo sobre Duarte ni la promesa de López Obrador de erradicar la corrupción en el Gobierno, sino una deuda histórica por la impunidad y las deficiencias judiciales que han impedido castigar los abusos de otros políticos en México.