El gobernador de Chihuahua critica que el Gobierno y la PGR protegen a su antecesor, el prófugo César Duarte

El actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral (El Paso, 1966) hizo de la persecución penal a su antecesor en el cargo, César Duarte (2010-2016), una de las principales propuestas de campaña. "Los meteré en la cárcel", prometió antes de ganar las elecciones del año pasado al frente del Partido Acción Nacional (PAN).

Fiel a esa promesa este martes llevó personalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) 70 tomos y 50 discos con pruebas que demostrarían el robo cometido por el exgobernador y varios de sus colaboradores y presentó una petición formal de detención con fines de extradición de Duarte.

Según Corral, Duarte –que residiría en El Paso, Texas, mientras gestiona un visado de residencia– robó más de 1.000 millones de pesos del erario público gracias a un rosario de métodos, principalmente a través empresas creadas para comprar cualquier cosa que necesitara el Estado, "desde una escoba a chalecos para la policía", explica Corral en entrevista con EL PAÍS. "El robo cometido por Duarte fue mucho más burdo y hará palidecer al Duarte de Veracruz cuando se conozca en profundidad", anuncia.

"Hizo mucho dinero creando una red de empresas falsas o recién registradas por amigos y conocidos a las que compraba todo, desde una escoba a chalecos antibala. Pero también con las medicinas, pagando el doble del precio de mercado. Paralelamente se facturaban informes técnicos en materia educativa que nunca se realizaron y con los que lograron robar hasta 250 millones de pesos (más de 14 millones de dólares). En otras ocasiones directamente se sacaba un cheque mensual de la tesorería que sus colaboradores cobraban y repartían", detalla.

Según Corral, parte de este dinero se destinó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para pagar campañas políticas locales o incluso la campaña a la gubernatura de Baja California, lo que le habría facilitado la inmunidad de la que disfruta hasta ahora.

Precisamente sobre su captura, Corral apunta a dos responsables: a la PGR, a la que señala de mirar hacia otro lado, y a Donald Trump, "que expulsa a trabajadores honrados pero protege a gobernadores corruptos que se amparan en trámites migratorios para evadir la justicia".

"Duarte tiene dos denuncias en la PGR además de en la Fepade (delitos electorales). Una acusación por lavado de dinero y otra por enriquecimiento ilícito. Una fue presentada hace tres años y la otra hace dos, y esas denuncias no se han cursado como debe ser, ni en la investigación ni en la acción penal persecutoria", reprocha.

"Se dice que la posición del Gobierno con este Duarte es distinta de la que tuvo con el otro Duarte. Asoma la idea de que este sujeto cuenta con protección del Gobierno federal y de su partido (PRI) ya que presuntamente ha repartido bastante dinero para comprar impunidad (…) A partir de hoy vamos a ver de qué tamaño es el compromiso del procurador y del presidente de la República en contra de la corrupción", advierte.

Hasta el momento hay diez órdenes de detención contra Duarte emitidas por jueces de Chihuahua y una docena de personas detenidas del círculo cercano. Las pruebas presentadas el martes se obtuvieron, entre otros, gracias a 23 testigos protegidos que habrían confesado la forma de actuar del exgobernador y sus colaboradores. Entre los detenidos están los funcionarios encargados de Administración, tesorería, educación o finanzas durante su gobierno.

Sobre una posible llegada al país de Duarte, Corral admite que durante muchos meses han esperado su deportación pero que el exgobernador ha contratado el mejor grupo de abogados de Nueva York y frena su salida del país al solicitar residencia y hasta el asilo humanitario, de ahí que hayan presentado una denuncia para su captura y extradición. "Es una contradicción que Trump esté deportando trabajadores mexicanos y al mismo tiempo esté refugiando a gobernadores corruptos. Hemos abandonado esa esperanza de deportación y ahora estamos esperando la extradición, añade.

La deuda heredada de la Administración de Cesar Duarte habría incrementado un 284% según las cifras del nuevo gobierno de Corral. La catarata de denuncias durante su mandato abarca desde el uso privado de recursos públicos como los helicópteros, operaciones inmobiliarias tan controvertidas como la construcción de una presa de 3 millones de metros cúbicos dentro de su propio rancho o la sistemática negativa a publicar su patrimonio. Paralelamente hay una investigación abierta en la Fiscalía federal (PGR) por las maniobras de un banco en la que él y su esposa entraron como accionistas mientras su secretario de Hacienda era el fundador y director de la entidad.