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El exgobernador de Chihuahua deja una deuda de 2.700 millones de dólares a su sucesor

El Gobierno entrante de Javier Corral ha asegurado que el adeudo coloca a la entidad en una situación crítica y de emergencia financiera

César Duarte saluda al presidente Enrique Peña Nieto.
César Duarte saluda al presidente Enrique Peña Nieto.

El nuevo Gobierno de Chihuahua encabezado por Javier Corral ha afirmado que será implacable con las irregularidades cometidas por la administración saliente de César Duarte. El jefe del gabinete del ejecutivo entrante, Gustavo Madero, ha dicho que durante esta semana las dependencias estatales estarán presentando una radiografía de las anomalías encontradas en cada área. El lunes se reveló que el endeudamiento contraído por Duarte asciende a 55.000 millones de pesos (unos 2.700 millones de dólares, al cambio de hoy) entre la deuda pública registrada ante Hacienda y los pagos pendientes a proveedores. El titular de la secretaría de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez, detalló en rueda de prensa que la deuda en la gestión de Duarte incrementó en un 284%, lo que coloca a la entidad en una situación crítica y de emergencia financiera. Las consecuencias, alertó, podrían reflejarse en desabasto de medicinas en hospitales públicos, suspensión de obras y escasez de gasolina en autos de seguridad pública.

Uno de los gastos excesivos durante la gestión anterior (2010-2016) fue el uso discrecional del helicóptero oficial, ha denunciado el nuevo gobierno. El exmandatario del gubernamental PRI realizó unos 50 vuelos, sin justificación, a su rancho durante 2015 y 2016. Además adquirió un helicóptero nuevo –por adjudicación directa- a fin de sustituir una unidad siniestrada sin esperar que culminara el proceso de reclamación a la seguradora, afectando al erario. Se detectó que destinó 512 millones de pesos (unos 26 millones de dólares) para contratar servicios de asesoría que no tienen justificación y de las cuales no se encontró evidencia del trabajo realizado. Durante cuatro años Duarte erogó 2.736 millones de pesos (137 millones de dólares) en publicaciones, diez veces más que el presupuesto asignado a la atención de la población indígena.

César Duarte es uno de los tres mandatarios del PRI –el partido al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto- que este año dejaron su cargo en medio de severas críticas y denuncias por diversos actos de corrupción. El exgobernador de Chihuahua enfrenta un proceso sancionatorio en su partido que podría culminar en su expulsión. El mandatario con licencia de Veracruz, Javier Duarte, fue el primer expulsado. El PRI también analiza el caso del ejecutivo saliente de Quintana Roo, Roberto Borge, que ha sido señalado de contar con una aerolínea propia financiada por el erario público. El taxi aéreo se usó para viajes personales y familiares de los políticos locales, han documentado medios de comunicación.

Cada día se revelan nuevos detalles de las irregularidades encontradas en el Gobierno saliente de Chihuahua (2010-2016). La semana pasada, la secretaria de la Función Pública en esa entidad, Stefany Olmos, reveló que en la administración anterior se retuvo ilegalmente el 5% del salario de cientos de funcionarios a fin de entregárselo al PRI, el partido al que pertenece el gobernador. En total se habrían transferido unos 100 millones de pesos en todo el sexenio. La funcionaria también destacó que detectaron en la nómina a unas 500 personas que fungían como aviadores. Los supuestos servidores públicos tenían un sueldo que cobraban puntualmente sin realizar ninguna labor. Ante el cambio de Gobierno, renunciaron a su función, expuso.

El gabinete de Javier Corral, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), ha desvelado que durante la gestión de su antecesor se crearon empresas fantasmas a las que se les otorgaron millones de pesos por adjudicación directa. Las compañías se crearon sólo para recibir los pagos provenientes de contratos con el Gobierno estatal, pero no tenían mayor actividad previa o posterior a la realización del pago. En una sola secretaría, apuntó, se pudo documentar que se emitieron pagos por 500 millones de pesos (25 millones de dólares) por bienes o servicios no entregados.

Además, más del 60% de toda la obra se licitó burlando la ley de adquisiciones. “De los 5.000 millones (251 millones de dólares) de inversión del año pasado más de 2.900 millones de pesos se ejercieron sin garantizar las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento”, ha dicho Olmos, la titular de la función pública. Además se vendieron bienes públicos, incluyendo las reservas territoriales, a precios irrisorios a la gente cercana a Duarte. Los precios eran veinte veces inferiores a lo cotizado en el mercado, lo que causó un daño al patrimonio del Estado.

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