La pandemia desnuda las carencias del sector cultural mexicano: frágil, dependiente del Estado y centralista

La pandemia ha tirado de la manta y la cultura mexicana se ha quedado con los pies fríos. Cierres de museos, cines y librerías, cancelaciones de conciertos y montajes teatrales han abierto un grave agujero. Al parón económico por la covid-19 hay que sumar además los recortes presupuestarios acumulados desde antes del Gobierno de López Obrador y el contexto de atonía general de la economía mexicana iniciado ya el año pasado. En 2018, últimos datos oficiales, las empresas culturales generaron algo más de 702.000 millones de pesos y casi 1,5 millones de puestos de trabajo. El sector representa más del 3% del PIB, muy cerca de la aportación de, por ejemplo, el sector agropecuario. Pese a su notable peso económico, la pandemia ha desnudado las fragilidades de un mercado muy dependiente del Estado y los recursos públicos, además de atravesado por el proverbial centralismo de México.

Recortes

El primer presupuesto de la era López Obrador provocó también el primer choque con el colectivo de actores, artistas y promotores culturales mexicanos. Las partidas de 2019 marcaban una rebaja de alrededor de 1.000 millones de pesos (50 millones de dólares), un 7,6% menos que el año anterior. Ante las críticas del sector, la ministra Alejandra Frausto defendió que la financiación destinada estrictamente a la Secretaría de Cultura no solo no disminuía sino que aumentaba: un 1,9% en términos reales. Las discrepancias sobre la letra pequeña de la financiación han sido una constante desde entonces. Este año, el presupuesto asignado aumentó en términos reales un 2%. Pero entrando más en detalle en las partidas culturales para 2020, el presupuesto para gastos de operación y promoción de la cultura descendió 9%. Y el subsidio a actividades culturales, como ferias y festivales, se redujo otro 44%. Otra de las demandas del sector es aumentar el peso proporcional de la financiación publica de la cultura. En 2020, representó apenas el 0,3% del monto total de los presupuestos, cuando los estándares internacionales recomienda que el peso sea al menos del 1%.

El último golpe ha sido el enésimo decreto de austeridad del Gobierno publicado hace unos meses. Un hachazo del 75% al presupuesto operativo de todas las instituciones federales, salvo las esenciales, excepción que no cumplen las dependencias culturales. “Ahora mismo hay museos que están en riego de desaparecer si no se toman medidas para su rescate”, apunta Graciela de la Torre, directora de la Cátedra Internacional Inés Amor de Gestión Cultural. Fuentes de distintos museos públicos han declinado participar en este reportaje. La académica, en todo caso, añade más contexto: “Esta crisis viene a evidenciar o magnificar una situación que ya lleva tiempo. Arrastramos desde 2017 una problemática de bajada de inversiones en mantenimiento e infraestructura. No hay instalaciones de equipamiento para resguardar obra”.

Las reclamaciones de diferentes gremios del sector se han repetido durante estos dos años. La semana pasada, una nueva campaña de un puñado de asociaciones y colectivos agitó las redes instando a “suspender de manera inmediata y para toda las instancias del sector” el recorte presupuestal del 75%. A la vez, reclamaban más información y transparencia en relación a las polémicas modificaciones de varias instituciones dedicadas a la cultura.

El Gobierno anunció hace unos meses la desaparición de toda una bolsa de mecanismos de financiación, conocidos como fideicomisos, al entender que por sus ranuras se colaba la corrupción y el dispendio sin control. Entre los más de 300 afectados estaba el instrumento dedicado a las artes en general (Fonca) y dos específicos para al cine (Foprocine y Fidecine), que en total sumaron al cierre del año pasado 592 millones de pesos, unos 25 millones de dólares. La respuesta de la comunidad del cine, que contó esta vez con el apoyo de grandes nombres como Guillermo del Toro o González Iñarritu, logró en gran medida atenuar el golpe. Finalmente, los dos fondos se fundirán en uno solo y el Gobierno abrirá unas jornadas de consultas y diálogo abierto con la comunidad para tratar una reforma a fondo. La sensación en el sector es, en todo caso, que pese a su brillo internacional y prospera producción —216 películas el años pasado, casi la mitad de ellas con alguna ayuda estatal y más de la mitad con algún premio internacional— tiene que seguir defendiendo su valor y pertinencia.

Las protestas no salvaron al Fonca. La desaparición del imponente sistema de becas mexicano nacido hace 31 años y que ha propulsado las carreras de grandes nombres como Elena Poniatowska, Fernando del Paso o Gabriel Orozco, ha sido quizá el lance cultural más traumático en lo que va de sexenio. La secretaría ha prometido que los programas en curso seguirán intactos, que se trata prácticamente de un cambio de cascarón y que incluso se mejorarán cuestiones de inclusión y representatividad. El sistema se convertirá en una dependencia del propio ministerio. Parte de la comunidad cultural critica, por su parte, que ha sido una decisión unilateral y teme que suponga un retroceso en la autonomía del sistema: más intervención política que convierta las becas en un canal clientelar.

Dependencia del Estado

El sector del libro es un ejemplo bastante ajustado de los males que achacan al mercado cultural en general: una industria frágil excesivamente dependiente del dinero público, volcada en los libros subvencionados, sin músculo exportador ni incentivos para la inversión privada, pese al lanzamiento este año por parte del Gobierno de Efilibro, un fondo de ayuda fiscal similar al de otro sectores como el cine o el arte. Para el mundo del libro, el recorte del gasto público había empezado durante el Gobierno anterior. Las ventas gubernamentales cayeron progresivamente desde inicio del sexenio priista. De la frontera de 2012 y hasta 2016, la reducción ha sido del 42% y ha recuperado terreno durante los dos últimos años, según los datos disponibles de la patronal editorial mexicana (Caniem).

La ventas al Estado suponen más de la tercera parte del total y se canalizaban por varios canales: concursos de libros didácticos no necesariamente de texto (conocidos como bibliotecas de aula) o las coediciones con la Secretaría de Cultura . “Todo eso se ha cortado”, señala Roberto Banchik, director del grupo editorial Penguin Random House en México, cuarto grupo editorial del mundo y líder del mercado hispano. “Nosotros no hemos entrado mucho en estos programas precisamente para evitar la dependencia. Pero a muchas editoriales medianas y pequeñas las ha puesto en jaque”. Para las editoriales independientes, conseguir colocar tan solo un libro en los programas de bibliotecas de aula suponía salvar como mínimo un año.

“Es un programa muy efectivo, aunque los críticos dicen que puede condicionar la iniciativa de los editores”, apunta Socorro Venegas, directora de Publicaciones de la UNAM. Es decir, si las compras del Estado son tan determinantes, el riesgo es que los editores se centren solo en los libros que creen que les va a comprar el Estado. Otra correa de transmisión entre lo estatal y lo privado es la red de librerías públicas —115 entre Educal y Fondo de Cultura Económica (FCE)—, que solían representar el 30% de las ventas de las editoriales independientes. Este canal también se ha atascado. El año pasado, el Gobierno mexicano decidió imponer una quita del 20% sobre el pago de las deudas acumuladas —5,7 millones de pesos, unos 250.000 dólares— durante los últimos años por la red de librerías públicas de Educal, inmersa en un proceso de fusión con el FCE. A cambio de firmar la quita, las autoridades se comprometían a saldar los impagos de este 2019, el primero del actual Ejecutivo. Las editoriales denunciaron que se trató de una imposición unilateral. Y alertaron que dados los ajustados márgenes de la cadena del libro, ese 20% significa prácticamente seguro entrar en territorio de pérdidas.

Todas pagaron. Menos Penguin Random House. “Nos pidieron que les hiciéramos borrón y cuenta nueva pero Educal nos hizo compras importantes en 2019 y no las ha pagado. Ya no le vendemos y el FCE nos ha dejado de pedir libros. Tengo las sensación de que estamos vetados. Para mi el Estado desapareció como cliente potencial y nos está afectado”, dice Banchik. Desde Educal, su director Fritz Glockner reconoce que sí existe “una cuenta pendiente que no se ha logrado pagar porque tuvimos que cerrar los todas las tiendas por la pandemia”; pero que “no hay veto alguno” y que, de hecho, ya han comenzado las negociaciones “para que vuelvan a entrar sus novedades”. En todo caso, si al líder editorial en México con una cuota del 25% del mercado le han afectado las estrecheces del sector público, la bola de nieve ha puesto al pie de los caballos a las editoriales independientes. Según un informe de Nielsen Bookscan, por cada semana de cierre por la pandemia se ha dejado de vender 200.000 libros.

Desde la conformación del Estado moderno mexicano, el modelo del aparato cultural ha estado marcado por la intervención directa del sector público, inspirado, por ejemplo, en el modelo francés. Un reciente informe de la UNAM destacaba “que esta tradición ha contribuido a la existencia de un movimiento cultural en cierta medida vigoroso, a la creación de infraestructura, a la fundación de instituciones estratégicas y a la aparición y consolidación de artistas e intelectuales destacados”. Pero a la vez, “ha producido comunidades artísticas con escasa iniciativa, dispuestas a amoldarse a las circunstancias y en lucha permanente por los escasos apoyos públicos, mientras se carece de estímulos diversos y suficientes para la constitución y operación de agrupaciones independientes, comunitarias o privadas”.

El mismo informe contiene también una encuesta sobre la salud del empleo cultural en el país. Los resultados que arroja el estudio, sobre un total del 4.168 trabajadores, la mayoría con más de 10 años de experiencia, son un mapa de la precariedad: más de la mitad tiene ingresos de menos de 20.000 pesos al mes. También más de la mitad son freelance o trabajadores autónomos. El 75% no está sindicalizado ni cuenta con el respaldo de ninguna asociación o colectivo. La pandemia les ha quitado más de la mitad de sus ingresos y casi la mitad no tiene ningún tipo de seguro médico.

Centralismo

Ciudad de México es la segunda ciudad con más museos del mundo solo detrás de París. El 75% de las editoriales tienen sede en la capital. Y las escuelas de cine, públicas o privadas, los estudios y los equipo también están concentrados en la Ciudad de México. El proverbial centralismo mexicano también ha afectado a la cultura. Viviana Kuri, directora del Museo de Arte de Zapopan, una pequeña pinacoteca municipal de la periferia de Guadalajara, capital de Jalisco, recuerda que hace unos 10 años sonó la posibilidad de abrir una sucursal del Museo Guggenheim en la ciudad: “Por suerte no se hizo. A cambio, se lanzó un concurso para construir un nuevo museo de arte contemporáneo en las afueras de la ciudad”. El museo Barranca lleva varios años con las obras empantanadas por falta de inversión federal.

“Tenemos la sensación de que se privilegian los proyectos culturales en el centro, como está pasando con la reforma del Bosque Chapultepec”, añade Kuri. La intervención de uno de los espacios verdes urbanos más grandes del planeta, las 800 hectáreas del Bosque de Chapultepec de Ciudad de México, para convertirlo en un macro espacio cultural es la gran apuesta del Gobierno de López Obrador. Más de un año después de presentarse la iniciativa apenas se conoce el presupuesto para este año -1.800 millones de pesos, unos 80 millones de dólares- y las líneas generales del plan. Instituciones como la UNAM han recomendado su suspensión para redirigir esos fondos a los sectores culturales más afectados por la pandemia.

Desde el inicio del sexenio, la Secretaría de Cultura ha mostrado su voluntad de atajar el centralismo, empezando, por ejemplo, con gestos simbólicos como el traslado de la sede ministerial a Tlaxcala, un pequeño Estado a dos horas en coche de la capital. El viernes pasado, se presentó Programa Sectorial de Cultura 2020-2024, la hoja de ruta programática para el resto del sexenio, donde se reconoce que “para hacer frente a la centralización de las actividades son necesarios una mayor distribución de la acción del Estado”. Y añaden: “Entre las estrategias más importantes que se impulsarán, están la promoción del desarrollo de las culturas locales; el intercambio entre regiones; el acercamiento de bienes y servicios culturales a los municipios del país, con énfasis en las comunidades más vulneradas; y la circulación de creadores mediante rutas de intercambio”.

Uno de los proyectos ya iniciados con los que se busca potenciar la descentralización son los jolgorios, festivales de cultura popular —artesanía, música, teatro, gastronomía— con sedes, sobre todo, en distintas comunidades indígenas. Ariel Machuka, de 29 años, es uno de los integrantes de Matchuk Bemela, una banda de rap en lengua mayo, una de las comunidades del Estado de Sonora. El año pasado estuvo dos meses de gira junto a los otros seis integrantes de la banda por un puñado de rincones del país. “Compartir nuestra música —cuenta Machuka— por tantos lugares es una halago para nosotros. Es una manera de que nos conozcan y sepan que hay una lengua indígena, que sepan que existimos”.