Trump, presidente con todo el poder y criminal convicto: ¿qué futuro legal le espera?

El contundente triunfo de Donald Trump, que volverá a ser presidente en el regreso político más insólito de la historia estadounidense, pulverizó en la madrugada de este miércoles una nutrida lista de precedentes: hacía más de un siglo que un mandatario no reconquistaba la Casa Blanca cuatro años después de dejarla y nunca se ha dado el caso de un criminal convicto (culpable, según un jurado de Nueva York, de 34 delitos graves) elegido para dirigir los designios de la primera potencia mundial.

Tampoco que fuera a hacerlo con tanto poder concentrado en sus solas manos: el Partido Republicano ha conquistado el Senado y va camino de hacerse, cuando terminen de contarse los votos, tarea que podría aún tomar varios días, con la Cámara de Representantes. Lo cual, unido al hecho de que el Tribunal Supremo tiene una mayoría superconservadora de seis jueces no vista desde los años treinta y que tres de esos magistrados fueron nombrados por el propio Trump, termina de pintar un panorama extraordinario, con un líder con el control de los tres niveles del poder de Washington: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

La primera incógnita sobre el nuevo presidente previsiblemente plenipotenciario afecta a su futuro penal, y a cómo puede influirle esa concentración de poder. Además del caso en el que lo hallaron culpable por delitos relacionados con el pago en negro a la actriz Stormy Daniels para comprar su silencio acerca de una relación extramatrimonial, Trump se enfrenta a otros tres procesos criminales: uno en Florida, por el manejo de los llamados papeles de Mar-a-Lago, decenas de cajas de documentos clasificados que se llevó sin permiso de la Casa Blanca cuando la dejó a regañadientes tras incitar el asalto el Capitolio; Atlanta, donde lo juzgan por el intento de pucherazo en el Estado de Georgia en 2020; y Washington, ciudad en la que está encausado por los hechos que condujeron a la insurrección del 6 de enero de 2021.

¿Qué futuro le espera en Nueva York?

El primer plazo en su horizonte procesal está fijado para el 26 de noviembre, cuando está prevista la lectura de una condena que se ha aplazado en dos ocasiones, gracias, entre otras cosas, a la brillante estrategia de dilación de los letrados del futuro presidente. Juan Merchan, juez del caso, se ha dado, con todo, hasta el próximo martes para decidir si anula la condena, en vista de que a principios de julio el Tribunal Supremo decidió en una sentencia que a Trump ―y por extensión, a cualquiera en su cargo― le asiste una inmunidad parcial en su desempeño. Si Merchan considera que ese fallo se aplica en el caso que tiene entre manos, el reo no sería sentenciado.

Si el juez decide lo contrario, se espera que los abogados de Trump soliciten un aplazamiento para poder apelar, y que Merchan lo conceda. Previsiblemente, el caso podría acabar, agotadas todas las instancias, de nuevo en ese Supremo amigo. Ese retraso podría entrar en conflicto con el hecho de que para entonces no se trate de condenar a un candidato sino a un presidente, y para eso tampoco existen precedentes. En vista de todas esas complicaciones, el juez tiene otra opción: imponerle una pena menor a la máxima de cuatro años que prevé la ley para un caso como el de Trump: bien sea libertad condicional, arresto domiciliario, servicio comunitario o una multa.

¿Y en los otros tres casos?

A diferencia del proceso penal de Manhattan, los otros tres juicios son por delitos federales. Dos de ellos, el de Florida y el de Washington, tienen otra cosa en común: ambos los ha instruido el fiscal especial Jack Smith, auténtica bestia negra de Trump y uno de los nombres que más alto están en su “lista de enemigos” (las comillas son de la candidata demócrata, Kamala Harris). El acusado ha prometido que se deshará de Smith. “Lo despediría en dos segundos”, dijo durante la campaña a un locutor de radio conservador. “Oh, será tan fácil. Tan fácil”. Ese despido permitiría a Trump, una vez recobre el control del Departamento de Justicia, que fue quien contrató a Smith, retirar esos cargos.

De las declaraciones del republicano sobre lo fácil del hipotético despido se desprende otra pregunta: ¿qué piensa hacer el fiscal especial, figura de larga tradición en la historia presidencial estadounidense, desde Richard Nixon a Bill Clinton, al respecto? Depende de si se equipara la condición del presidente electo a la del presidente en funciones. Si se consideran la misma cosa, entonces Smith tiene los días contados. Si no, tendría hasta el 20 de enero, día en el que Trump jurará el cargo de presidente por segunda vez frente al Capitolio, para seguir plantándole cara.

El caso de Washington, donde un juez federal juzga sus intentos de revertir el resultado electoral de las elecciones de 2020, en las que Joe Biden le ganó limpiamente, fue el que motivó la sentencia del Supremo que concedía inmunidad parcial a un inquilino de la Casa Blanca, así que ahora toca saber cuánto le afecta ese fallo. En el de los papeles de Mar-a-Lago, Trump ha contado con una firme aliada en la jueza que lo lleva, Aileen Cannon, que fue nombrada en la primera vuelta del magnate en la Casa Blanca. Cannon lo desestimó en julio, dos días después del primer intento de asesinato contra Trump, por considerar inconstitucional la figura de un fiscal especial, que cuenta con sobrados antecedentes. Esa decisión ha sido apelada.

¿Qué pasa entonces con el de Atlanta?

Es otro caso que la estrategia de la defensa de Trump ha logrado dejar en barbecho. Aún está por ver si la fiscal del condado de Fulton (Georgia), Fani Willis, queda descalificada por una relación romántica con otro fiscal. Y eso no se sabrá hasta 2025. Parece bastante claro que si la sacan del caso, nadie se atreverá a terminar lo que ella empezó si Trump ya está instalado en el Despacho Oval, entre otras cosas, porque tampoco es evidente que un fiscal estatal pueda perseguir a un presidente en el ejercicio de su cargo.

¿Podría Trump indultarse a sí mismo?

Podría. En todos los casos, menos en uno, el de Nueva York. Los 34 delitos por los que lo declararon culpable tienen rango estatal y ahí el poder federal de un presidente no llega.

Hablando de indultos, Trump también ha prometido que sacará de la cárcel a los centenares de atacantes del Capitolio que cumplen prisión por aquella jornada violenta, en la que al menos 140 policías resultaron heridos, uno murió y tres insurrectos perdieron la vida. El nuevo presidente, que ha denunciado sus líos judiciales como un acto de “persecución política”, considera a esos presos “rehenes” del “feroz sistema demócrata”.

¿Y sería presidente en el muy improbable caso de que acabara en la cárcel?

La respuesta corta es: sí. Cabía la posibilidad de que sus líos legales persuadieran a los votantes de mandarlo de vuelta a la Casa Blanca. Descartada espectacularmente esa opción, solo queda acudir a la ley, y la Constitución estadounidense no solo no impedía a Trump aspirar al cargo (ni siquiera tenía prohibido votar en Florida, pese a ser un criminal convicto); tampoco contempla la prohibición de ser presidente a un condenado por la justicia federal, ni siquiera si acaba en la cárcel, salvo si ha acabado en prisión por un delito muy concreto: el de insurrección. Y eso, pese a que podría debatirse en abstracto si su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 encaja en esa definición, también está descartado: en los cuatro casos abiertos contra él, se enfrenta a 91 cargos, pero ninguno de ellos es por insurrección.