La justicia británica frena la extradición de Julian Assange y le permite volver a recurrirla

Los magistrados Victoria Sharp y Adam Johnson han dado este lunes un respiro, aunque parcial, a Julian Assange, de 52 años. Ambos han rechazado por insuficientes las garantías aportadas por el Gobierno de Estados Unidos de que el cofundador de Wikileaks recibiría un juicio justo si finalmente era extraditado. De este modo, el tribunal concede al equipo jurídico del editor la posibilidad de recurrir una vez más su entrega ante la justicia británica.

El alivio es mínimo, porque Assange deberá permanecer bajo prisión provisional en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, a las afueras de Londres, donde lleva encerrado desde abril de 2019.

“Quiero ser muy clara: hoy se ha producido un giro definitivo”, ha celebrado la esposa del preso, Stella Assange, la decisión judicial. Se dirigía a las centenares de personas concentradas desde primera hora de este lunes ante el edificio gótico que alberga los tribunales de Inglaterra y Gales. “El Gobierno de Estados Unidos ha intentado aplicar pintalabios a un cerdo [una expresión británica similar a la española de vestir la mona de seda...], pero no ha convencido a los jueces. Su caso resulta ofensivo a los principios democráticos. Como familia, respiramos aliviados, pero todavía nos preguntamos cuánto va a durar todo esto”, decía.

Los jueces han fijado una vista el 24 de mayo para atender cualquier duda de las partes e incluso contemplar la situación actual de prisión provisional a la que está sometido Assange. Su esposa ha advertido ya en varias ocasiones del deteriorado estado de salud del preso.

El equipo jurídico de Assange ha luchado durante los últimos meses para que este tuviera una última oportunidad de recurrir ante la justicia británica su entrega a Estados Unidos. La decisión de dar luz verde a la extradición fue adoptada en 2022 por la entonces ministra británica del Interior, Priti Patel, una vez que el Tribunal Supremo dio por buenas las garantías ofrecidas por Washington sobre la seguridad del preso, y sobre las medidas que se adoptarían para impedir que pudiera acabar con su propia vida.

Sin embargo, los magistrados Sharp y Johnson decidieron dar validez a tres de los argumentos esgrimidos por los abogados del editor para evitar su entrega a las autoridades estadounidenses. El pasado 26 de marzo, el tribunal reclamó a Washington garantías adicionales de que, cuando llegara el momento de ser juzgado en ese país, Assange podría utilizar en su defensa la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de prensa; no vería reducidos sus derechos por no ser ciudadano de EE UU, ni se impondría finalmente la pena de muerte al acusado.

El tribunal ha considerado suficiente la garantía ofrecida por Estados Unidos de que la pena capital está descartada. La Fiscalía de ese país, dependiente del Ejecutivo, no la reclama, por lo que los jueces no podrían imponerla de modo unilateral.

La clave del recurso permitido ahora, al que todavía no se ha fijado fecha para su vista, girará en torno a dos argumentos entrelazados: si Assange corre el riesgo de ser discriminado por su nacionalidad, y si esa nacionalidad (australiano) puede acabar siendo el obstáculo que le impida basar su defensa en la Primera Enmienda.

El Gobierno de EE UU acusa a Assange de 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno por intromisión en un ordenador. El editor australiano se enfrentaría a 175 años de prisión por la filtración de más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010. EL PAÍS fue uno de los medios que participó en ese esfuerzo concertado de publicación de estos papeles.

La campaña internacional que ha surgido en defensa de Assange y de la libertad de prensa reclama a la Administración estadounidense presidida por Joe Biden que retire las acusaciones y abandone un caso que, a ojos de multitud de expertos, organizaciones humanitarias y personalidades jurídicas se ha convertido en una persecución política.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ya conmutó la sentencia de la soldada Chelsea Manning, la principal fuente de los documentos secretos de la seguridad estadounidense que filtró Wikileaks, donde se exponían graves episodios de guerra sucia en Irak o Afganistán. Fue la Administración de Donald Trump la que decidió mantener los cargos y dar el paso der pedir la extradición del australiano.

“[La acusación] es completamente inconsistente con los valores que defiende la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Confío en que la Administración de [Joe] Biden estudie atentamente la decisión judicial de hoy [por este lunes] y quizá se avenga a reconsiderar si deberían seguir impulsando una causa absolutamente fallida”, ha exigido Barry Pollack, el abogado que defiende la causa de Assange en Estados Unidos.

El actual Gobierno australiano y su Parlamento han solicitado la liberación de Assange, ciudadano de ese país. La Cámara legislativa aprobó en febrero una resolución con la misma solicitud, con el voto en contra de la oposición conservadora. El primer ministro, el laborista Anthony Albanese, respaldó con su voto la petición, y ha trasladado a Washington el deseo de su Gobierno de que se abandone la petición de extradición y se permita regresar al cofundador de Wikileaks.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.