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El ala dura de los conservadores entra en pánico y sofoca su rebelión contra Sunak

La mayoría de los rebeldes vota a favor de la ley que endurece las deportaciones a Ruanda de inmigrantes, para evitar una derrota que habría provocado una crisis de Gobierno

Rishi Sunak
Rishi Sunak abandona este miércoles Downing Street para acudir al ParlamentoPETER CZIBORRA (REUTERS)
Rafa de Miguel

Rishi Sunak ha utilizado a su favor el factor miedo para salvar este miércoles su ley de deportación de inmigrantes a Ruanda, que el ala dura del partido amenazaba con tumbar por no considerarla suficientemente dura. El texto ha salido adelante en segunda lectura, con 320 votos a favor y 276 en contra. Al final, las papeletas en contra o las abstenciones han sido poco más de veinte.

Muchos diputados conservadores británicos son conscientes de que es altamente posible que antes de que termine el año hayan perdido su escaño. Las encuestas pronostican una debacle electoral de la derecha, y las ganas de enredar internamente, como llevan haciendo muchos en los últimos años, o de organizar un nuevo motín contra el inquilino de Downing Street, ya no son tan urgentes.

Poco más de 60 diputados del grupo parlamentario, los más escorados a la derecha —y también los más conscientes de las obsesiones y miedos de sus votantes con los inmigrantes — habían defendido durante el debate de la ley una serie de enmiendas que colocaban al Gobierno en una posición incómoda, tanto ante la parte mayoritaria y moderada del partido, que consideraba que el texto ya iba todo lo lejos que se podía ir para forzar las deportaciones y evitar su freno judicial, como por su propio prestigio internacional. Las enmiendas prohibían prácticamente que los inmigrantes pudieran recurrir su expulsión, salvo en el caso de que su condición física les impidiera volar, y obligaban al Gobierno de Sunak a ignorar de modo automático cualquier intento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo de frenar los vuelos al país africano.

“Nos comprometimos con los ciudadanos británicos a frenar la llegada de los botes [con inmigrantes irregulares que cruzan el canal de la Mancha]. Una promesa solemne que yo me tomo muy en serio, y que supone, prácticamente, aquello por lo que una mayoría votó en 2016 en el referéndum del Brexit”, argumentaba Suella Braverman, la exministra del Interior que ha decidido encabezar la rebelión contra Sunak a cuenta de la inmigración irregular y la sempiterna manía de los euroescépticos hacia todo lo que llegue del continente. Aunque en este caso el Tribunal de Estrasburgo no tenga nada que ver con la UE, ni muchos menos con el Brexit, sino con la supervisión judicial de una Convención Europea de Derechos Humanos de la que el Reino Unido fue uno de los primeros signatarios. “Me niego a que este asunto esté en manos de un tribunal extranjero, o de un juez lejano y sin identificar, que nunca tendrá la misma ambición o aspiración que tiene el Gobierno británico de poner freno a la llegada de estas embarcaciones”, proclamaba desafiante Braverman.

El intento de compromiso y apaciguamiento del Gobierno de Sunak ha ayudado a frenar la rebelión. Su secretario de Estado de Inmigración, Michael Tomlinson, aseguraba a los rebeldes que, con la ley en la mano, quedaría a voluntad del ministro del Interior la decisión de ignorar o no cualquier orden del TEDH, al margen de lo que dijeran los altos funcionarios del Gobierno.

Pero ha sido sobre todo la sensación, extendida entre los diputados más partidarios de endurecer la ley, de que su rebeldía sería interpretada como una moción de confianza contra Sunak que pondría en peligro su permanencia en Downing Street, la que ha frenado la revuelta.

La paradoja de todo este conflicto, en el que el primer ministro y los rebeldes han salvado respectivamente sus cuellos, es que ha dejado a los altos funcionarios la sensación de que son ellos los que han sido colocados en el disparadero, con una ley que les forzará a mirar para otro lado cuando el Gobierno haga caso omiso de la legalidad internacional, en su empeño de comenzar a enviar a toda costa a Ruanda a los primeros inmigrantes irregulares. Y en que el propio presidente de Ruanda, Paul Kagame, presente este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, mostraba su hartazgo con el asunto: “Existe un límite respecto a cuánto tiempo puede arrastrarse este asunto”, decía.

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Sobre la firma

Rafa de Miguel
Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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