Diciembre, un mes maldito para Perú

Los científicos sociales todavía no han descifrado qué sucede cada diciembre en Perú, mes de destapes, traiciones, rupturas, pactos debajo de la mesa y el retorno a la palestra de sus viejos fantasmas. Como si los guionistas de una plataforma de streaming se hubiesen puesto a trabajar horas extra, esta semana el expresidente Alberto Fujimori —condenado en 2009 a 25 años de prisión por ser el autor mediato de dos masacres y dos secuestros— salió en libertad gracias a un controversial fallo del Tribunal Constitucional que desafía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la fiscal de la Nación Patricia Benavides fue suspendida por seis meses por ser la presunta cabecilla de una organización criminal; el exmandatario Pedro Castillo cumplió un año en prisión por su frustrado autogolpe de Estado; Dina Boluarte alcanzó su primer año de gestión con una aprobación de 11% —la más baja de los últimos seis presidentes—; y se reiniciaron las protestas a nivel nacional, aunque todavía sin el fragor ni la masividad del pasado reciente.

El miércoles los fujimoristas lograron su más caro anhelo: que su líder abandonara su celda y cruzara el portón del penal de Barbadillo, en Lima. A diferencia del 24 de diciembre de 2017, cuando salió entre gallos y medianoche al ser indultado en la víspera de la Nochebuena, esta vez el fallo se supo con un día de antelación y provocó la concentración de sus incondicionales a las afueras de la cárcel. La incertidumbre reinó hasta el último instante. Principalmente, porque el Ejecutivo no hizo público que acataría la resolución del Tribunal Constitucional a sabiendas de la orden de la Corte IDH de abstenerse a liberarlo. Fue recién cuando estuvo todo consumado que el ministro de Justicia, Eduardo Arana, y el ministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea se pronunciaron al respecto por televisión. “El cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de ningún modo desconoce las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales y del sistema interamericano de derechos humanos”, señaló el canciller.

Lo cierto es que este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado donde remarcan su rechazo a la decisión que ha tomado el Estado peruano. “La Comisión reitera que conceder indultos u otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad puede generar una forma grave de impunidad”, indican. En el mismo oficio le recuerdan al país que “está obligado a acatar las medidas que la Corte adopte en el ejercicio de sus facultades”.

A ello se suma la denuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo y César Ochoa, quienes han señalado que no se les consultó un asunto tan delicado como la excarcelación de Fujimori. Pese a estas irregularidades, la escena se llevó a cabo: el peruano-japonés que gobernó al Perú en los años noventa y dio un autogolpe de Estado en 1992 dejó el penal, con un balón de oxígeno, en compañía de sus hijos Keiko y Kenji. “Finalmente, la justicia y la humanidad se impuso”, dijo la lideresa de Fuerza Popular, en alusión a los 85 años de su padre.

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta ofrecieron una conferencia de prensa donde calificaron de “ilegal” la excarcelación de Fujimori y mencionaron que llevarán el caso a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Según la Procuraduría General del Estado, Fujimori no ha pagado hasta ahora los 57 millones de soles (15 millones 405 mil dólares) de reparación civil en favor del Estado por tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial. Su abogado Elio Riera ha evitado el tema, pero además ha dejado en claro que buscará la nulidad de los fallos por los casos Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. “Esas sentencias pueden ser cuestionadas por vía acción constitucional. Se encuentran en trámite. Espero discutir esos casos y demostrar la inocencia del señor expresidente”.

Mientras la población estaba prendida de lo que sucediera con los Fujimori, en el Ministerio Público se destapaba una olla de grillos. La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue suspendida por seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Benavides está acusada de mover los hilos de una organización criminal enquistada en su sector que habría tramado la elección del Defensor del Pueblo, la inhabilitación de una fiscal suprema y la remoción de la JNJ a cambio de archivar investigaciones de congresistas. Su asesor más cercano, Jaime Villanueva, se acogió a la colaboración eficaz y asegura haber actuado por orden de su jefa.

El 7 de diciembre hubo doble aniversario, ambos tristemente célebres: la intentona de Pedro Castillo de instaurar un gobierno de excepción y disolver el Congreso y, con ello, su pasaje directo hacia prisión; y el primer año de Dina Boluarte detentando el poder. Un año donde si bien se las arregló para mantenerse a flote, su legitimidad solo decayó. Según Datum Internacional, solo el 11% de peruanos aprueba su gestión. La semana pasada, la presidenta fue denunciada constitucionalmente por homicidio calificado, junto a su primer ministro Alberto Otárola, por las muertes de los manifestantes que protestaron en busca de su renuncia en los primeros meses de su gestión. La denuncia —cuestionada por tardía— la formalizó la cuestionada Benavides el mismo día en que fue acusada de encabezar una red criminal, produciendo una ruptura entre ambas.

Mediante un decreto supremo, Boluarte nombró al 7 de diciembre como el “Día de la Institucionalidad, del Estado de Derecho y de la Defensa de la Democracia”, en referencia a la captura de Pedro Castillo. Sin embargo, ese mismo jueves, en una veintena de provincias, miles de ciudadanos exigieron su salida. La consigna se mantiene inalterable, así como el pedido de adelanto de elecciones y de una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva carta magna. Las movilizaciones esta vez han tenido un carácter pacífico y no se han producido enfrentamientos ni toma de carreteras como hace un año. Se creía que el antifujimorismo, considerado por varios analistas como la agrupación política informal más grande del Perú, se echaría a las calles en masa, pero todavía no ha sido así. Eso sí, los ánimos siguen revueltos. Continúan en pie de lucha las organizaciones sindicales, los gremios universitarios, y colectivos independientes. Solo es otro diciembre más en Perú. Y recién comienza.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.