El funeral de Shinzo Abe divide a Japón

El funeral de Estado por la muerte de Shinzo Abe, el ex primer ministro japonés asesinado a tiros el 8 de julio mientras daba un mitin en la calle, se ha convertido en un problema político para el Gobierno del actual primer ministro, Fumio Kishida. La ceremonia se celebra este martes en medio de fuertes medidas de seguridad en el estadio Nippon Budokan de Tokio. Se prevé la asistencia de más de 4.000 personas, incluidos unos 700 representantes de todo el globo, entre ellos la vicepresidenta de EE UU, Kamala Harris, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, mientras en las calles niponas prosiguen las protestas en su contra.

El evento fue anunciado tan solo seis días después del magnicidio del primer ministro más duradero de Japón en décadas, con el país aún sacudido por el trauma, y levantó una polvareda desde el principio. Criticado por su oportunismo político y por su elevado coste —unos 12 millones de euros— en tiempos de una muy tocada economía, las dudas han crecido a lo largo del verano, a medida que se han ido conociendo detalles sobre los lazos entre el Partido Liberal Democrático (PLD), en el que militaba Abe y al que pertenece Kishida, y la Iglesia de la Unificación. Estos vínculos fueron los que presuntamente motivaron al asesino, Tetsuya Yamagami: quiso matar a Abe por su apoyo a esta secta que arruinó a su madre, según la confesión difundida por las autoridades tras el asesinato.

Miles de personas han participado estos últimos meses en manifestaciones contra el funeral de uno de los líderes más carismáticos del país. Este lunes, ha tenido lugar una nueva convocatoria en Tokio. Y en ese magma de rechazo se entremezclan otros factores como la séptima ola de contagios de coronavirus y el argumento de algunos expertos legales, que cuestionan la legitimidad del evento. En repetidas protestas celebradas en parques de Tokio y frente a las oficinas del Gobierno, los participantes han denunciado el homenaje a un político que dividió al país con su política de rearme y su empeño en enmendar la cláusula pacifista de la Constitución, además de los escándalos que empañaron su último período de gobierno en 2020 y quedaron sin resolver.

El pasado 21 de septiembre un septuagenario intentó inmolarse en el barrio de los ministerios en Tokio como protesta y el exalcalde de Hiroshima Tadatoshi Akiba publicó un mensaje en el que advertía a los dignatarios extranjeros de que participar en el funeral era “encubrir las fechorías” de un político que para aclarar los gastos ilícitos de un evento hizo declaraciones falsas en el parlamento 118 veces.

Mientras tanto, el autor del atentado, un exmiembro de la Armada japonesa de 41 años, reducido instantes después de disparar una pistola de fabricación casera contra Abe, sigue bajo evaluación psiquiátrica. No se prevén novedades en el caso hasta noviembre, según indica por teléfono la policía de la prefectura de Nara. De acuerdo con las primeras declaraciones de Yamagami dadas a conocer por las autoridades tras detenerlo, los medios japoneses contemplan como motivo del crimen su agravio contra Abe por apoyar a la Iglesia de la Unificación.

Este grupo cristiano y anticomunista de origen coreano, también conocido como la secta del reverendo Moon, ha recaudado gran parte de sus millonarios ingresos mundiales entre feligreses japoneses como la madre de Yamagami quien, al donar dinero del seguro cobrado tras el suicidio de su esposo y el ganado por la venta de las propiedades familiares, arruinó el futuro a sus hijos.

Un ‘matrimonio’ de conveniencia

Es poco probable que Yamagami calculara que su crimen revelaría las profundas contradicciones de la relación entre el ex primer ministro y la secta. Conocido por su retórica nacionalista y su revisionismo histórico, Abe consideraba que Japón había recibido un veredicto injusto de la historia y negaba los episodios más nefastos ocurridos durante sus acciones militares en la primera parte del siglo XX.

Durante su primer mandato (2006-2007), el influyente político desmintió el reclutamiento forzoso de mujeres coreanas y chinas para los burdeles del ejército imperial japonés ocurrido durante la colonización nipona de la península coreana (1910-1945). Las fuertes protestas en Corea del Sur le obligaron a retractarse y en 2015, en medio de su tercer gobierno y con motivo del 70º aniversario del fin de la Segunda Guerra mundial, se disculpó por canales diplomáticos y acordó una compensación para las supervivientes de aquel país.

Para la Iglesia de la Unificación, las indemnizaciones oficiales niponas por los daños infligidos durante su colonización no fueron suficientes, y por eso sus seguidores japoneses pagan cuotas mucho más altas que los feligreses de otras nacionalidades, explica Koichi Nakano, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Sofía, en Tokio. “Es irónico que solo por su origen anticomunista, la secta haya forjado lazos tan estrechos con el ala más a la derecha del PLD. Tal nivel de hipocresía nos deja atónitos a muchos”, afirma el académico. Agrega que este matrimonio de conveniencia se rige por la sentencia “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”.

Nakano recuerda, además, que el abuelo materno de Abe, Nobusuke Kishi, primer ministro entre 1957 y 1960, vio en el fundador de la secta, el autoproclamado mesías coreano Sun Myung Moon, un aliado ideal para extirpar de raíz cualquier brote de simpatía comunista en Japón.

Pese a las repetidas denuncias públicas por sus métodos agresivos de proselitismo y de recolección de fondos, la Iglesia de la Unificación siempre ha tenido la protección del PLD. Gracias a las investigaciones periodísticas a raíz del asesinato de Abe, el gran público se ha enterado de que muchas de las propuestas políticas de este partido, en lo que respecta a valores familiares, el rechazo a las parejas del mismo sexo y la supuesta necesidad de otorgar poderes absolutos al Estado en casos de emergencia, coinciden con las de un grupo político afiliado a la secta llamado Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo.

Yoshiyuki Inoue, uno de los candidatos apoyados por Abe en las últimas elecciones a la Cámara alta, logró su escaño gracias al apoyo de la Iglesia de la Unificación. “Inoue lucha contra las fuerzas de Satanás” decía un mensaje que circuló entre los miembros de la secta para pedir el voto por el político. El diario Asahi publicó una investigación sobre la estrategia diseñada para permitir que Inoue duplicara el número de sus electores con respecto a los anteriores comicios de 2019.

Revelaciones de este tipo han afectado a la popularidad del primer ministro Kishida y le han obligado a hacer una purga de su Gabinete. El 10 de agosto reemplazó a ocho de sus 18 ministros que reconocieron haber tenido alguna relación con la secta, entre ellos, el titular de Defensa, Nobuo Kishi, hermano de Abe, que usa su apellido materno. Aunque el PLD prometió una investigación interna y a comienzos de este mes reveló que 179 de sus 379 diputados han tenido relación con la Iglesia de la Unificación, una encuesta de la semana pasada mostraba que la popularidad de Kishida había caído al 29%, el índice más bajo desde que asumió su cargo hace 11 meses.

Mientras avanza la onda expansiva política, los expertos legales evalúan el posible castigo para su presunto autor dentro de un sistema jurídico que aplica la pena capital. “Yamagami podría ser declarado inocente si los médicos encuentran que sufre trastornos mentales”, afirma Hitomi Takemura, profesora de leyes de la Universidad de Hitotsubashi, en Tokio. Si Yamagami está mentalmente sano y los médicos autorizan el procedimiento penal, tendrá lugar el juicio con seis ciudadanos legos elegidos por sorteo. La profesora Takemura considera “muy poco probable” la pena capital, dado que el número de víctimas mortales suele ser superior a una cuando se ha dictado.

Desde el atentado, se han dado a conocer relatos de personas que sufrieron carencias porque sus padres entregaron a la Iglesia de la Unificación el dinero de su sustento y su educación, y Yamagami ha empezado a ser visto como una persona vulnerable y victimizada por la secta. Unas 8.000 personas han firmado una petición en línea para reducir su condena y, según la agencia de noticias local Jiji Press, hasta la primera semana de septiembre Yamagami había recibido más de un millón de yenes (unos 7.000 euros).

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