La policía pide retrasar la publicación del informe sobre las fiestas en Downing Street para que no interfiera en su investigación

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha encontrado dos aliados inesperados en su lucha por sobrevivir un día más en el puesto: la burocracia administrativa y policial y el hartazgo de algunos diputados conservadores que, como en el chiste de los familiares del moribundo, se quejan: “Ni se muere ni cenamos”. En la semana en que debía conocerse finalmente el informe de Sue Gray sobre las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento, la decisión de la Policía Metropolitana de Londres de abrir su propia investigación sobre al menos ocho de esas reuniones —después de detectar “serios indicios de infracciones penales”— ha alterado la agenda política de un país en combustión, y ha desinflado en parte la tensión acumulada. New Scotland Yard ha pedido a la alta funcionaria que se limite a publicar “referencias mínimas” sobre aquellas partes del informe que podrían afectar a las investigaciones en curso.

La Policía se descarga a sí misma de toda responsabilidad, al asegurar a la vez que ni ha pedido que se retrase la publicación, como habían sugerido algunas informaciones, ni tiene inconveniente en que se den a conocer los detalles de otros encuentros y reuniones en Downing Street que no supusieron un presunto quebranto de la ley. Gray está desesperada por quitarse de las manos un informe que tenía finalizado el pasado miércoles, pero su prestigio profesional depende en gran medida de que no cunda la sospecha de que el resultado final esté aguado y edulcorado y no cuente toda la verdad a la ciudadanía.

Han sido varios los parlamentarios conservadores que han mostrado su irritación ante una maniobra que amenaza con paralizar injustificadamente una grave crisis política. Mucho más cuando la propia policía ha admitido que los hechos investigados pueden derivar como mucho en la imposición de una multa, nunca en una condena penal. “El riesgo que presenta una intervención de la policía como la que hemos conocido es que deja las cosas en el aire durante semanas, incluso meses, y no parece que eso responda al interés general de la ciudadanía”, ha reprochado a New Scotland Yard en la BBC quien fuera fiscal general del Reino Unido, Ken McDonald, hoy representante independiente en la Cámara de los Lores. “Pensé que era el Parlamento quien controlaba al Gobierno, y no la Policía Metropolitana”, se ha sumado a las quejas Christopher Chope, diputado conservador. “Creo que está interfiriendo en asuntos de Estado sin que haya materia penal que justifique esa injerencia”, ha denunciado Chope.

En la actual situación de impasse, con abogados de una y otra parte peinando los detalles del texto, el consenso general es que su publicación se retrasará al menos hasta el próximo lunes, o incluso más tarde. “El informe debe ser publicado en su totalidad. Cualquier intento de esconder o suprimir detalles clave será un error”, advertía este jueves en Twitter el diputado conservador Mark Harper, uno de los más críticos con Johnson. Lo respaldaba, con un retuiteo, Steve Baker, el parlamentario euroscéptico que orquestó la moción de censura interna contra la ex primera ministra Theresa May, aupó a Johnson hasta Downing Street, y en los últimos días ha dado por amortizada la carrera del jefe de Gobierno.

Gray depende directamente de Johnson, como vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete. Es imparcial, pero no independiente. Debe entregar su informe directamente al primer ministro, y por eso ha filtrado sus temores a que el Gobierno decida editar el texto y suprimir las partes más embarazosas. Sería la versión más aséptica posible antes de que el propio Johnson acudiera a la Cámara de los Comunes, volviera a pedir perdón a los ciudadanos, anunciara una drástica remodelación de su equipo en Downing Street, e intentara pasar página. El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ya ha anticipado que su partido está dispuesto a usar todos los procedimientos parlamentarios a su alcance para asegurarse de que el texto sea publicado y dado a conocer a los diputados de manera íntegra. Starmer ha pedido ya en reiteradas ocasiones a Johnson que dimita “por decencia”, y lleva tres semanas explotando el escándalo de las fiestas en las sesiones de control de la Cámara de los Comunes. En cada una de ellas, Johnson se ha mostrado más desafiante y combativo. Este miércoles ya dejó claro que no pensaba dimitir, fuera cual fuera el resultado del informe sobre las fiestas, y reprochó a la oposición estar perdiendo el tiempo mientras había cosas más urgentes que atender, como la crisis entre Ucrania y Rusia.

Pero la presión ha sido tan intensa, por parte de los medios, la oposición y sus compañeros de filas más críticos, que el primer ministro se ha comprometido ya al menos tres veces ante las cámaras a publicar el texto en su integridad. Conclusión: Gray quiere evitar tanto una interferencia en la investigación policial como airear detalles privados de muchos funcionarios de bajo rango, que pudieron participar en las fiestas, pero apenas se verían obligados a pagar una multa; la policía no quiere que se contaminen sus pesquisas y se vea arrastrada al debate político, porque el público y los medios sacarían rápidamente sus propias conclusiones; la oposición y los conservadores más irritados con Johnson no quieren que el debate se cierre en falso con un informe precipitado y descafeinado; y el equipo de Johnson aprovecha la incertidumbre para seguir ganando adeptos a su causa y convencer a los parlamentarios de sus filas más dudosos para que concedan una nueva oportunidad a su primer ministro. Muchos han reclamado ya que se ponga fin a un asunto que mantiene paralizadas decisiones económicas y políticas importantes. Si Downing Street consigue desinflar el suflé, quizá Johnson, de nuevo, vuelva a demostrar por qué muchos le llaman el Houdini de la política inglesa.

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