Ecuador moviliza más militares y policías ante el descontrol carcelario

Las Fuerzas Armadas de Ecuador entraron este lunes a las nueve de la mañana en la Penitenciaría de Guayaquil donde el viernes hubo un nuevo enfrentamiento entre presos que se saldó con 68 muertos. El jefe de Estado, Guillermo Lasso, compareció a última hora de la tarde para informar de que su estrategia para frenar la inseguridad dentro de las cárceles incluía utilizar tanto a militares como a policías “dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida”. Más de 1.000 efectivos, entre ambos cuerpos, se movilizaron y accedieron al penal con tanques blindados, pese a que la violencia del fin de semana ya se había disipado. Lasso anunció que se trataba de una medida conforme al marco constitucional, aunque esa decisión no se había tomado antes precisamente por los reparos de la Corte Constitucional a que el Ejército asumiera funciones de seguridad que corresponden a la Policía.

La respuesta oficial al último episodio de violencia en la prisión más grande y convulsa del país llegó este lunes tras un fin de semana de tenso silencio. El presidente la incluyó en lo que llamó un “acuerdo nacional” con todas las funciones del Estado que propone también un proyecto de ley de defensa ciudadana -del que no se trasladaron más detalles-, indultos a los presos con enfermedades catastróficas y la aceleración a la hora de tramitar beneficios penitenciarios a los presos que ya podrían acceder a los mismos para reducir los niveles de hacinamiento y aliviar la tensión interna.

Más de 320 internos han muerto en amotinamientos solo este año y, de esos, 209 se han producido durante la gestión de Guillermo Lasso que el sábado hacía un llamado de atención a la Corte Constitución para que le permitiera recurrir a los militares “para recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos”, según publicó en Twitter. Se esperaba ese día una comparecencia del presidente que no llegó hasta el lunes tras reunirse con los titulares de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional, del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía General, de la Procuraduría General, de la Asamblea Nacional y de la Contraloría, junto con toda la cúpula militar y policial y sus ministros de Defensa y Gobierno.

Mientras tanto, los familiares de los presos asesinados se apostaron con indignación ante la morgue, en espera de la identificación de los cuerpos. Según el último reporte oficial, solo 34 de los 68 fallecidos han sido identificados, debido a que algunos cadáveres están desmembrados o totalmente calcinados. Reclaman al Estado por no garantizar la seguridad dentro de la cárcel y por no haber actuado a tiempo, pese a que los reclusos transmitieron en vivo, en redes sociales durante horas el viernes por la noche, desde dentro del penal, suplicando ser salvados.

Los últimos amotinamientos -van cuatro graves solo en 2021, con 78, 22, 119 y 68 muertos- han desnudado la vulnerabilidad del sistema penitenciario y de las mismas instalaciones carcelarias. Sobre todo, en la Penitenciaría de Guayaquil. Los internos tienen armas, de corto y largo alcance, también explosivos que obtienen con facilidad desde el exterior, teléfonos móviles, internet y, en resumen, el control sobre lo que ocurre dentro del cerco. “Los internos de tres pabellones -hay en torno a 700 en cada edificio- deambulaban libremente y con armas”, contaba la comandante general de la policía, Tanya Varela, el sábado para dar cuenta de lo imposible del operativo para apaciguar la masacre. Varela y el gobernador de Guayas, la provincia donde está la cárcel, atribuyeron el nuevo brote de violencia a un enfrentamiento entre bandas después de que uno de los cabecillas había sido liberado.

La movilización del Ejército estuvo precedida por dos cambios de autoridades significativos: el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Comandante General de la Fuerza Terrestre y el responsable del sistema penitenciario. El primero, Jorge Cabrera, renunció la noche del domingo y la cartera de Rehabilitación Social que se encarga de las cárceles volvió a manos de Fausto Cobo, que dejó el cargo el mismo día del amotinamiento de septiembre que dejó 119 víctimas.

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