El calvario judicial de la cooperante española presa en Israel amenaza con alargarse

El juicio ante un tribunal militar de Israel a la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, de 62 años, se reanuda este martes tras más de dos meses de suspensión. Desde su detención, en la que una veintena de soldados irrumpieron en la madrugada del 13 de abril en su casa de las afueras de Belén, la trabajadora humanitaria en una ONG sanitaria palestina permanece entre rejas por un calvario judicial que amenaza con alargarse. La justicia castrense la acusa de pertenencia a una “organización ilegal” que desvió fondos de la cooperación internacional a un grupo palestino calificado como terrorista. Su defensa prevé impugnar ahora los cargos y pedir su inmediata excarcelación, o al menos su pase a la situación de arresto domiciliario. Pero, tras el relevo en su equipo de abogados, el proceso puede prolongarse a causa de la detención de otros miembros de su ONG.

Juana Ruiz se encuentra internada en el vetusto penal de Damon, en las montañas boscosas que rodean Haifa (en la costa norte de Israel) junto a decenas de presas palestinas “de seguridad” (nacionalistas). Atrás quedaron las semanas de aislamiento en la celda en una cárcel próxima a Tel Aviv y los largos interrogatorios por los agentes del Shin Bet (servicio de seguridad interior). “Juana se encuentra mejor, al menos no está sola”, aseguran fuentes diplomáticas conocedoras de la asistencia consular a la cooperante española. “Pero las recientes detenciones en el seno de su organización pueden originar nuevas acusaciones”, advierten las fuentes citadas, que temen que no se le permita salir de prisión mientras los servicios de seguridad no completen las investigaciones.

Hace un mes fue detenida también la palestina Shatha Odeh, directora ejecutiva de Comités de Trabajo para la Salud (HWC, por sus siglas en inglés), ONG en la que trabajaba Ruiz desde hace más de tres décadas en el área de cooperación internacional. En la misma redada fueron arrestadas por fuerzas militares otras 10 personas de la organización. A todas ellas se les acusa de participar en una red para “introducir ilegalmente fondos en los territorios palestinos”, que fueron desviados hacia el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), grupo considerado terrorista por Israel y la Unión Europea, “mediante fraude, falsificación y engaño” a los donantes de países europeos.

“El martes voy a impugnar todos los cargos. No hay ninguna evidencia consistente, ninguna prueba”, ha adelantado Avigdor Feldman, actual letrado de la cooperante española. “Todo forma parte de una operación de Israel para acusar sin base a asociaciones de la sociedad civil que realizan tareas humanitarias en los territorios palestinos”, subraya Feldman, fundador de la Asociación de Derechos Civiles de Israel y que fue letrado de Mordejai Vanunu, el técnico nuclear que desveló la existencia del programa secreto de armas atómicas de Israel.

Feldman ha relevado al frente de la defensa de Juana Ruiz a la abogada Gabriela Laski, quien representó hace tres años ante la justicia militar a la adolescente palestina Ahed Tamimi, convertida en icono de su pueblo tras haber abofeteado a un soldado que había irrumpido en su casa en Cisjordania. Laski dejó la defensa tras resultar elegida diputada por el partido Meretz (izquierda pacifista).

“La familia ha tenido que abrir una cuenta de recogida de fondos para sufragar los elevados gastos de la defensa jurídica”, precisa un comunicado difundido el domingo por la plataforma de apoyo a Juana Ruiz, integrada por 140 organizaciones en España. “Gracias a la enorme solidaridad de cientos de personas y organizaciones se ha logrado obtener ya el 60% del total necesario”. “Esperamos que el juicio sirva para demostrar que las acusaciones son falsas y para lograr su libertad tras cuatro meses de encarcelamiento injusto y arbitrario”, resalta el comunicado.

En una situación que fuentes diplomáticas calificaron de “presión psicológica y psíquica”, Ruiz tardó más de dos semanas en recibir sus efectos personales tras su detención, como las gafas de lectura, y no se pudo cambiar de ropa con vestimentas propias. La cooperante española debe tomar medicación a causa de una enfermedad crónica y estuvo sumida en un estado depresivo durante varias semanas por el permanente aislamiento al principio de su detención. También tuvo que firmar documentos en hebreo, lengua que no conoce, sin la presencia de un intérprete. Se trata de la primera vez en tiempos recientes que una persona con ciudadanía exclusiva española recibe el inflexible trato que la justicia militar israelí aplica sistemáticamente desde hace 54 años a los residentes en los territorios ocupados palestinos.

Implicación del Gobierno español

El relevo en el equipo de defensa de la cooperante presa ha coincidido también con el cambio de titular de Exteriores en España. En su primer contacto con el jefe de la diplomacia israelí, Yair Lapid, el nuevo ministro, José Manuel Albares, se interesó el mes pasado por la situación de la trabajadora humanitaria encarcelada. Albares precisó también en una comparecencia parlamentaria que se iba a implicar personalmente en el asunto.

El interés oficial topa, sin embargo, con la lenta marcha del proceso en Israel, entre otras razones, por el paréntesis en el cambio de letrados. Previsiblemente, el juez militar no dictará este martes en el tribunal militar de Ofer (Cisjordania) una resolución tras haber escuchado la impugnación de la defensa y los eventuales nuevos cargos presentados por la Fiscalía. Si la vista queda aplazada para septiembre, alertan fuentes diplomáticas, corre el riesgo de coincidir con las vacaciones judiciales del Año Nuevo judío. El Gobierno israelí está barajando también la hipótesis de un nuevo confinamiento general durante ese periodo festivo de tres semanas de duración a causa del auge de los contagios por la covid-19. En los anteriores confinamientos la actividad de los tribunales quedó reducida a los casos más urgentes.