La Asamblea Nacional de Francia aprueba la controvertida ley de seguridad global de Macron

La Asamblea Nacional francesa dio este jueves su visto bueno final a la controvertida ley de seguridad nacional que provocó a finales del año pasado fuertes protestas de periodistas y organizaciones de derechos humanos. Las críticas se centran especialmente en el artículo 24, que penaliza la difusión de imágenes de agentes del orden, lo que según sus detractores atenta contra la libertad de expresión. Aunque el polémico texto fue reformulado, sus oponentes ya han anunciado su intención de acudir al Consejo Constitucional, el máximo órgano de consulta sobre la constitucionalidad de las leyes, para que se pronuncie sobre la normativa y, llegado el caso, la limite.

La propuesta de ley fue aprobada por 75 votos a favor y 33 en contra en una segunda y última lectura. Pese a todo el malestar que ha provocado la normativa desde su presentación por el Gobierno de Emmanuel Macron, este último trámite fue menos tumultuoso que los primeros debates legislativos, a finales del año pasado, que se vieron acompañados de numerosas manifestaciones en todo el país a pesar de las restricciones por el coronavirus.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, se felicitó por la aprobación de una normativa que, dijo, supone “un avance inédito en el refuerzo de la seguridad de nuestro país”.

En plena polémica sobre la normativa, se produjo el caso de Michel Zecler, un productor musical negro que sufrió una brutal paliza a manos de unos agentes en su propio estudio, situado en una zona acomodada de París. El incidente fue recogido por una cámara de seguridad y por vecinos, imágenes que permitieron desmontar la versión policial inicial y dieron más argumentos a los que denunciaban el texto de la propuesta de ley.

Tras las protestas, motivadas también por lo que consideraban una violación de la libertad de expresión al hacer referencia a la ley de 1881 de la libertad de prensa, Macron instó a su gabinete a revisar en profundidad el texto, aunque no fue finalmente retirado, como pedían sus detractores.

La formulación finalmente aprobada supone la creación de un nuevo delito en el código penal que prevé hasta cinco años de cárcel y una multa de 75.000 euros por toda “provocación a la identificación” de un miembro de las fuerzas de seguridad —policía nacional y municipal, gendarme o agente de aduanas— y sus parejas, hijos o allegados “con el objetivo manifiesto de menoscabar su integridad física o psíquica” en el ejercicio de sus funciones. Esta nueva redacción elimina la mención explícita a la difusión de imágenes que había provocado las iras de los defensores de la libertad de expresión, aunque sus críticos consideran que lo impreciso del concepto “provocación a la identificación” podría causar más problemas aún.

Además del grupo parlamentario socialista, los miembros de la coordinadora Stop a la Ley de Seguridad Global, que aglutina a sindicatos de periodistas, pero también a organizaciones de derechos humanos o a sindicatos de jueces y abogados, han anunciado su intención de llevar la ley ante el Consejo Constitucional, que esperan realice una “amplia censura” del texto legal, según la agencia France Presse.

Las reticencias a la nueva ley van más allá del artículo 24. Sus críticos también alertan del “camino destructor de las libertades fundamentales” que dicen implica el texto, que permite un uso más amplio de las cámaras personales de los agentes, así como el de drones, que podrán ser utilizados, por decisión de un prefecto, para la prevención de delitos en “lugares particularmente expuestos a riesgos de agresión, robo o tráfico de armas, de seres humanos o estupefacientes” y en operaciones de mantenimiento del orden. La ley también permite que agentes del orden fuera de servicio puedan portar un arma y la creación de una policía municipal en París.