La crisis económica complicará la gestión del próximo presidente de Ecuador

Toda la atención de los candidatos a presidente de Ecuador está concentrada en arañar apoyos en la última semana de campaña antes de las elecciones del próximo domingo. Pero Andrés Arauz, aspirante de UNES auspiciado por Rafael Correa, o Guillermo Lasso, político de CREO-PSC de tendencia conservadora, cualquiera de los que gane el desempate en las urnas el 11 de abril, recibirá un país con complejos asuntos por resolver. La economía, el desempleo y la pobreza creciendo tienen sus indicadores deprimidos. El plan de vacunación nacional contra el coronavirus sigue sin avanzar a un ritmo lo suficientemente ágil para garantizar una recuperación inmediata de la actividad productiva. Y, con una Asamblea Nacional muy fragmentada, la gobernabilidad obligará al próximo mandatario a ponerse de acuerdo con bloques parlamentarios con los que existen tiranteces previas, sea quien sea el que llegue al Palacio de Carondelet.

Mientras Arauz y Lasso han pasado los últimos días de campaña dedicados a desgastar con ataques la figura de su rival, el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, anunciaba la cifra de crecimiento de Ecuador de 2020. Viendo el vaso medio lleno, el titular de la política económica reflexionaba que el 7,8% en negativo del Producto Interno Bruto en el año de pandemia podría haber sido peor si no hubiera sido por los casi 3.500 millones de dólares recibidos en remesas de los ecuatorianos que viven en el extranjero y por el nuevo endeudamiento adquirido por un Estado que arrastra años de déficit fiscal debido al alto coste de la deuda externa. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Central de Ecuador habían pronosticado en los meses de pandemia que el país andino decrecería más de lo que finalmente recogen las estadísticas oficiales: un -11% auguraba el FMI y un -9,6%, el BCE.

El futuro gobernante de Ecuador estrenará la banda presidencial en un año con presupuestos generales prorrogados —al tratarse de año electoral— y mermados por las estrecheces que se acentuaron por la crisis del coronavirus. En 2020, los organismos multilaterales, con el FMI a la cabeza, inyectaron a las arcas públicas ecuatorianas 7.400 millones de dólares a través de préstamos. El año pasado, el Gobierno ecuatoriano ya tuvo que renegociar su deuda externa con tenedores de bonos soberanos dadas las dificultades para hacer frente con puntualidad a los pagos. El nuevo presidente tendrá, por tanto, tres años de gracia en el pago de intereses a sus acreedores y cinco de gracia en el del capital, pero el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos requerirá buscar nuevas fuentes de financiación. En contraste, el riesgo país está en 1.180 puntos lo que encarece la salida a los mercados en busca de recursos y el acuerdo con el FMI ha quedado suspendido por las dificultades del Gobierno de Lenín Moreno a la hora de cumplir con sus compromisos.

El Ejecutivo actual debía aprobar una ley que fortaleciera al Banco Central y su autonomía, teniendo en cuenta que Ecuador es un país dolarizado, no puede emitir moneda propia como medida de alivio y que esa entidad cumple funciones principalmente regulatorias. Pero la falta de apoyo en la Asamblea ha complicado el trámite legislativo. Un escenario con el que también tendrá que lidiar Andrés Arauz o Guillermo Lasso.

En la primera vuelta electoral del pasado 7 de febrero, los ecuatorianos repartieron sus votos entre cinco bloques parlamentarios mayoritarios que dificultan la conformación de mayorías. Unión por la Esperanza, encabezada por Andrés Arauz, obtuvo 49 escaños de 137. Es el movimiento con más asambleístas pero está lejos de los 70 que necesitaría para la aprobación de leyes. Le sigue Pachakutik, el ala política del movimiento indígena, con 27 asientos. Su candidato a presidente, Yaku Pérez, y las bases han pedido a sus seguidores que en la segunda vuelta electoral voten nulo. Con 18 asambleístas cada uno, están Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano. El candidato presidencial de los primeros, Xavier Hervas, prefiere a Guillermo Lasso de cara a la segunda vuelta pero no ha pedido adscripción a sus votantes para ninguna de las dos figuras que se medirán en el desempate electoral. El PSC, por su parte, formó una alianza presidencial con Lasso para presentar un solo candidato, pero ese acuerdo no contemplaba el aspecto legislativo para formar un solo grupo. Y el bloque de CREO, liderado por Lasso, solo cuenta con 12 plazas en la Asamblea. Aunque sumara los apoyos de PSC e Izquierda Democrática, tampoco tendría mayoría suficiente para gobernar en solitario.

Aparte de la recuperación económica y los problemas de gobernabilidad, el próximo mandatario ecuatoriano se encontrará un país con un nivel de desempleo del 5,7% y solo un 34% de puestos de trabajo adecuados, que son, según la nomenclatura ecuatoriana, los que cumplen al menos el mínimo legal en horas o salarios. La informalidad afecta a casi la mitad de plazas de empleos y un tercio de la población está en el umbral de la pobreza -ganan menos de 84,05 dólares al mes- tras el deterioro social provocado por la crisis del coronavirus. En el último año, se han incorporado a ese registro 1,3 millones de personas, mientras el plan de vacunación avanza lentamente. A 1 de abril, 204.902 ecuatorianos habían recibido la primera dosis y 78.204, la segunda, de una población de 17,5 millones.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.