Los tiroteos indiscriminados vuelven a Estados Unidos

El derecho a la posesión de armas, garantizado por la Segunda Enmienda de la Constitución de EE UU escrita en 1791, choca en pleno siglo XXI con la violencia armada y los asesinatos con armas de fuego que se sufre en las calles del país. En esa confrontación se basa la última de las luchas que polarizan un país con más de 400 millones de armas en manos de civiles. La población supera en poco los 330 millones de habitantes.

En menos de una semana, EE UU ha tenido que digerir otros 18 muertos fruto de dos tiroteos de masas (en Georgia y en Colorado) que han dejado a la sociedad devastada. En el caso de Boulder, Colorado, el recuerdo de la tragedia de Columbine —13 muertos en un instituto a manos de dos alumnos que se quitaron la vida en 1999— y la masacre de Aurora —un joven, que ahora cumple cadena perpetua, acribilló en 2012 a 12 personas que veían una película de Batman en un cine de esa ciudad de Colorado— hacen todavía más difícil cicatrizar una herida que no para de abrirse cada cierto tiempo.

Ni tan siquiera la pandemia ha frenado lo que los grupos a favor del control de las armas califican como una “emergencia de salud pública”. Cierto que, hasta los tiroteos de los últimos días, este tipo de tragedias habían quedado fuera del foco mediático eclipsadas por la crisis del coronavirus. Pero la gente siguió muriendo tiroteada en cifras récord: cerca de 20.000 estadounidenses perdieron la vida en 2020 por armas de fuego, según datos de la organización Archivo de la Violencia con Pistolas (GVA, por sus siglas en inglés), más que ningún otro año desde principios de siglo.

Los datos que aporta GVA son estremecedores y pertenecen solo a enero y febrero de este año:

• 3.045 muertes por arma de fuego
• 5.300 heridos por arma de fuego
• 73 tiroteos de masas
• 144 niños muertos por arma de fuego
• 599 adolescentes muertos por arma de fuego
• cerca de 4.000 suicidios con arma de fuego (estimación del Centro de Control de Enfermedades (CDC, siglas en inglés)

Ante tal espeluznante panorama y consciente de que el Congreso no actuará con celeridad —o no actuará en absoluto— para imponer por ley el control de las armas, la Casa Blanca está estudiando dotarse de una serie de órdenes ejecutivas que el presidente, el demócrata Joe Biden, podría ir anunciando a lo largo de las próximas semanas como la primera medida para atajar el asunto y enfrentar la presión de los grupos que piden más control del armamento.

Esas órdenes ejecutivas, de promulgarse, se dividirían en tres categorías. En primer lugar, se deberían clasificar como armas reales las conocidas como armas fantasmas. Se trata de paquetes en los que vienen por separado todas las piezas necesarias para montar un arma. En segundo lugar, se financiarían programas de intervención para frenar la violencia en ciertas comunidades. Y, por último, intentarían hacer más exhaustivo el sistema de comprobación de antecedentes.

Durante su campaña electoral, Joe Biden —defensor a ultranza de la ley que durante 10 años (entre 1994 y 2004) prohibía las armas de asalto en manos de civiles— prometió reactivar esa legislación, así como el veto al comercio de armas en internet. Pero el mandatario demócrata, que todavía no ha cumplido 100 días en el poder, no sabe con cuántos apoyos cuenta en el Congreso para sacar adelante tan titánica labor. De ahí los planes de la Casa Blanca de comenzar la andadura legal en el terreno de las armas —tan propio del ADN estadounidense— legislando a golpe de orden ejecutiva.

Porque a pesar de que dos tercios de los estadounidenses apoyen leyes más restrictivas para obtener un arma de fuego, según el último sondeo de USA TODAY/Ipsos, los congresistas republicanos se oponen tajantemente a limitar “el derecho a portar armas” y atajar el problema desde la vigilancia y el control policial. Sin duda, la influencia de organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) tienen un peso determinante a la hora de que cada miembro del Congreso emita su voto.

Y si la historia sirve en este controvertido asunto de algo, se podría predecir la crónica de lo que va a suceder. Tras cada asesinato de masas, la sociedad en su conjunto se conmueve, como decía esta semana el senador demócrata por Connecticut Richard Blumenthal. “Pensamientos y oraciones no van a devolver la vida (...) El Congreso debe de rendir honores a esas víctimas con acción, como aprobar legislación que haga más dura la comprobación de antecedentes”, declaró Blumenthal.

Si el presidente Barack Obama fue incapaz de movilizar al Congreso y aprobar leyes duras sobre el control de armas tras el tiroteo en 2012 en el colegio Sandy Hook de Connecticut, que dejó 20 ataúdes blancos de niños y seis de adultos, no parece que vaya a ser posible que el Capitolio actúe de manera diferente esta vez, cuando los ecos del nuevo horror vivido ya comienzan a desdibujarse.

“Una vez más se han perdido vidas”, editorializaba esta semana el diario The Washington Post tras lo sucedido en Colorado. “Gracias a políticos cobardes de Washington, se permitió que la prohibición sobre las armas de asalto se dejara expirar en 2004 y nunca ha podido volver a ser renovada a pesar de la repetida pérdida de vidas inocentes”. El pasado 16 de marzo, un día después de la tragedia de Atlanta con 10 muertos, el joven de 21 años Ahmad Al Aliwi Alissa adquirió sin ninguna dificultad una pistola Ruger AR-556, arma que actúa más como un rifle semi automático que como una pistola y cuya cámara contiene 30 balas. Con semejante artilugio, propio de una zona de guerra y no de las calles de Boulder, Alissa acribilló a 10 personas y se dejó detener por la policía.