Citación judicial ante las cámaras al equipo de Navalni

Liubov Sobol, número dos del equipo de Alexéi Navalni, estaba a mitad de la conferencia de prensa en las oficinas del Fondo Anticorrupción que dirige el opositor cuando un hombre que se presentó como un funcionario de la Fiscalía entró en la sala, llena de reporteros y cámaras. Vestido con traje, corbata y un abrigo negro, el funcionario, citación en mano, buscaba a Iván Zhdanov, uno de los responsables de la organización, a quien las autoridades rastrean desde hace días, imputado por convocar a las protestas multitudinarias del pasado sábado en apoyo a Navalni. “No soy una mensajera”, ha respondido Sobol con soltura, tras un atril decorado con el lema “liberad a Navalni”. La abogada y política estaba haciendo este martes un repaso de la oleada represiva de las autoridades sobre la oposición rusa.

No fue una visita inédita. Las oficinas en un centro de negocios de Moscú del Fondo Anticorrupción (FBK), que oficialmente se ha disuelto tras las múltiples demandas de las autoridades y de empresarios de la órbita del Kremlin y tras ser etiquetado como ‘agente extranjero’, han visto múltiples redadas y registros. A finales de 2019, Navalni fue detenido allí.

Mientras el cerco de las autoridades sobre los colaboradores de Navalni que todavía no están detenidos se estrecha, los aliados del opositor han recalcado este martes que no cesarán las movilizaciones hasta que liberen al activista anticorrupción, detenido nada más regresar a Moscú, acusado de vulnerar los términos de una sentencia de 2014 que le imponía una condena de cárcel suspendida y libertad condicional, al no presentarse a las revisiones correspondientes mientras estaba recuperándose en Alemania del envenenamiento que casi le cuesta la vida.

Tras las manifestaciones multitudinarias el pasado sábado en más de un centenar de ciudades de Rusia, el equipo del opositor busca ahora aprovechar la chispa del descontento para lograr mantener un pulso a largo plazo y elevó la presión sobre el Kremlin. También, visibilizar que los críticos contra el presidente ruso, Vladímir Putin, no son un grupo marginal, como ha alegado el Gobierno. “Putin está tratando de asustar a la gente para parar las protestas y eso se traduce en más represión”, ha reclamado Sobol.

La Unión Europea decidió el lunes congelar el debate sobre nuevas sanciones a Rusia y dejarlo como una advertencia, a la espera del próximo viaje de su Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell, a Moscú la semana que viene. Sobol y el resto de miembros del equipo de Navalni que aún no están entre rejas, han pedido a Bruselas este martes que reconsidere la decisión y que imponga sanciones personales contra varios oligarcas con vínculos estrechos con el Kremlin, como el multimillonario Roman Abramovich, Denís Bortnikov, presidente del banco ruso VTB, o Vladímir Soloviev, considerado el propagandista en jefe del Kremlin.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha cargado de nuevo este martes contra las protestas. Las ha definido como un acto de “violencia sin precedentes”. “No es posible el diálogo con los alborotadores”, ha insistido, “deben ser procesados de acuerdo a la ley”. Las autoridades detuvieron a más de 3.600 personas en las marchas del sábado en 110 ciudades. Se ha iniciado casi una veintena de investigaciones penales en Moscú, San Petersburgo y otras localidades por cargos de incitación a los disturbios, participación de menores en actividades ilegales, violencia contra la policía, vandalismo, daños a la propiedad y bloqueo de carreteras. Las nuevas leyes sobre manifestaciones aprobadas el pasado diciembre hacen más variados los delitos imputables y más severas las multas.

El equipo de Navalni afirma que además de esos cargos también se están abriendo casos relacionados con las restricciones de la pandemia. Mientras, las multas contra los líderes opositores —de varios partidos— y contra los detenidos en las protestas del sábado en apoyo a Navalni se acumulan.